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El DNU 941/25, que introduce reformas a la Ley de Inteligencia y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), extendiendo su injerencia y facultades al punto de permitirle realizar detenciones sin orden judicial previa, todavía no ha sido enviado por el gobierno al Congreso.
Las reformas introducidas en la Ley de Inteligencia surgen de la caracterización de los liberticidas de que “en los últimos años, el sistema de inteligencia acumuló funciones superpuestas, estructuras sobredimensionadas, dificultades para integrar información relevante dispersa en distintos organismos y zonas de incertidumbre normativa sobre el alcance real de las tareas de inteligencia nacional” (Infobae, 2/1). Estamos en presencia de una centralización de tareas para espiar, perseguir y coaccionar, en síntesis, un Estado policial, que la pandilla libertaria lo presentan como “un sistema más cohesionado, en el que la producción de inteligencia estratégica se base en información integrada, oportuna y verificable” (ídem).
El decreto 941, que ha despertado un amplio rechazo en organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, al día de la fecha cuenta con cuatro amparos judiciales presentados en el fueron Contencioso Administrativo, que denuncian el carácter inconstitucional y promueven su nulidad. Morales Solá, desde su columna de La Nación, señala que “seguramente, el planteo constitucional llegará hasta la Corte Suprema de Justicia”, y que esta “considere inconstitucional ese decreto que contiene decisiones penales, una de las tres cuestiones en las que el Presidente no puede meterse por sí solo según la Constitución” (La Nación, 14/1).
Pero la primera instancia de tratamiento que tendrá la reforma de la Ley de Inteligencia (25.520), será en el Congreso de la Nación. Los liberticidas tienen tiempo hasta este viernes para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envié el decreto al Congreso, y luego de esta instancia, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá diez días hábiles para dictaminar sobre el mismo, dando paso a que en la cámara de Senadores o de Diputados, la oposición pueda llevar el decreto al recinto y ponerlo a votación sin dictamen, para consumar el rechazo “necesita reunir a 37 senadores y 129 diputados, un número posible con el apoyo de la UCR y Provincias Unidas” (La Nación, 13/1).
En un poroteo previo, Unión por la Patria en el Senado, que cuenta con 28 bancas, juntaría 37 votos, si logra arrastrar al bloque de Convicción Federal, los senadores santiagueños que armaron un bloque propio y radicales enfrentados al gobierno, al menos, en lo que respecta al DNU 941. Un senador peronista le señaló a La Nación que “es posible llegar a 37 por una cuestión de principios, pero no está garantizado” (ídem). Tres bloques claves para que se efectúe el rechazo parlamentario son los de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal, que al día siguiente de haberse publicado el DNU, sacaron un comunicado de rechazo, señalando que “No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado” (ídem). El peronismo se juega a la rosca hacia dentro del Congreso, apelando, sin sonrojarse, a una “cuestión de principios”, para hacer caer la reforma en inteligencia, mientras mantiene freezado a todo su aparato extraparlamentario, en una clara colaboración con el gobierno liberticida, evitando una confrontación de fondo.
El peronismo hace flamear la bandera del rechazo del DNU 656/2024 que destinaba, en carácter de fondos reservados, $ 100.000 millones a la SIDE, y que en su momento contó en Senadores con 49 votos negativos, 11 positivos y 2 abstenciones, como consecuencia de una “alianza” circunstancial entre el PJ, el PRO y la UCR. Con antelación el DNU 656 había sido rechazado en Diputados, llevando a su derogación automática.
Pero la correlación de fuerza hacia dentro del Congreso ha cambiado. El gobierno nacional cuenta con 95 diputados puros y con un Ritondo, jefe de bloque del PRO en Diputados, pintado de violeta libertario, y que ha manifestado su acuerdo con los cambios en la Ley de Inteligencia, prometiendo un “análisis responsable”; la oposición encabezada por el peronismo, deberá recurrir a diferentes maniobras para hacerse con los votos necesarios para derogar el decreto y asestarle un golpe al gobierno, haciéndole pagar un alto costo político en el inicio de las sesiones extraordinarias, carta con la que los “principistas” quieren contar para negociar la “modernización laboral” impulsada por los liberticidas. En el Senado los liberticidas la tienen más difícil, ya que, el bloque comandado por Bullrich, cuenta con 20 bancas. El gobierno necesita que una de las cámaras vote afirmativamente para que el DNU 941/2025 tenga carácter de ley.
Cuando asistimos a la implementación de un Estado de excepción en los Estados Unidos a través de las bandas armadas del ICE, creando una situación de pre guerra civil, la iniciativa fascistizante del gobierno nacional se enrola en la puesta en pie de un Estado policíaco que tiene como estrategia asestarle una derrota de características históricas a la clase obrera y reforzar el alineamiento geopolítico de la Argentina con la internacional fascista. La ampliación del aparato represivo y de inteligencia, la restricción de libertades democráticas y la persecución de los activistas y luchadores son el complemento de fuerza para hacer pasar un brutal plan de ajuste contra la clase trabajadora. La lucha contra el Estado policial no va a salir de la rosca de los partidos burgueses en el Parlamento o fuera de él. Es necesario plantear la apertura y desclasificación de los archivos en manos de los aparatos represivos y de inteligencia del Estado y su consecuente desmantelamiento, acompañado de una movilización de carácter independiente de los partidos patronales, que ponga coto a la puesta en pie de un Estado policíaco que coacciona contra los trabajadores y activistas.
