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La firma, que data desde 1949, y que en sus inicios fue considerada como exponente del desarrollo agroindustrial del país y el Litoral, se encuentra en una crisis terminal.
Ubicada en la ciudad de Firmat, al sur de Santa Fe, la misma se encarga de la fabricación de cosechadoras y de insumos para la reparación. Pero desde hace cinco meses sus trabajadores no cobran sus salarios, ni cobraron el aguinaldo, a pesar de los acuerdos que se han firmado desde septiembre hasta la actualidad.
La familia Marsó, hoy dueña de la empresa, argumenta toda una serie de escollos económicos que han impactado en la producción de cosechadoras. A la débil inversión, en un cuadro de recesión económica prolongada, se le suma la apertura importadora donde la competencia que ingresa desde el extranjero la desplaza en las ventas. Frente a estas circunstancias, es que ha paralizado la producción desde octubre.
Los 200 trabajadores de la empresa advirtieron desde un principio que el argumento del “contexto macroeconómico” escondía la verdadera voluntad patronal. Los acuerdos para resguardar sus ingresos y los puestos de trabajo -reapertura parcial, jornada reducida y planes de pagos a su personal hasta culminar con las deudas salariales- no se cumplieron. Las deudas salariales oscilan entre 3 y 8 millones de pesos, dependiendo de categoría y antigüedad. A la fábrica ya no ingresa ningún tipo de materia prima.
Atento a estas circunstancias, los trabajadores se han reunido en asambleas, decidiendo y ejecutando acciones de lucha. Movilizaciones y cortes de la ruta nacional 33 se han llevado a cabo durante todos estos meses de conflicto. Uno de los episodios más recordados fue el ataque antihuelga propinado por la diputada libertaria María Florencia Arietto, que responsabilizaba a las medidas de lucha por la situación de desguace y casi termina linchada.
El sindicato y el Ministerio de Trabajo intervienen activamente en este conflicto. Han depositado una expectativa total en la venta de la firma a capitales que tengan la espalda para reiniciar la producción. Desde las primeras horas de 2026 vienen señalando que hay un comprador en ciernes, sin aportar otros datos. Es puro humo, señalan sus trabajadores, mientras se reportó que los dueños días atrás retiraron toda la documental contenida en las oficinas de la fabrica sin advertir para qué.
La tensión con la patronal, aunque se presente como desentendida, existe. Ante el último corte de ruta, las redes sociales de Vasalli hicieron publicaciones donde se promocionaban máquinas disponibles y en venta. Lejos de la realidad, fue una burda maniobra buscando desprestigiar la movilización, buscando tildar de mentirosos a los luchadores. Lo único en stock son insumos y máquinas usadas que los empleados solicitaron se puedan vender para luego repartirlo, pero aseguran no haber tenido la autorización de Marsó para consumar estas ventas (Pagina 12, 10/1).
Al igual que en el resto de la provincia, los pueblos y las pequeñas ciudades del interior santafesino literalmente se desarrollaron por el lugar que estas fábricas emblemáticas construyeron a su alrededor. El industricidio es la marca que el gobierno nacional de Milei y el provincial de Pullaro busca consumar: preparar el terreno para la reforma laboral, liquidadora del derecho del trabajo. El impacto de un cierre es inconmensurable, desde el punto de vista regional, social y hasta humano.
Pero sus trabajadores y la comunidad que los apoya han repetido hasta el hartazgo que, si es necesaria su ocupación para defender todo lo que está en juego, la llevarán a cabo.
Ese es el rumbo.
