Colombia: movilización en defensa del salario mínimo decretado por Petro

Las centrales obreras y confederaciones de pensionados convocaron a manifestaciones en toda Colombia para el próximo miércoles 28 de enero, con el objetivo de “defender el salario mínimo vital” decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026.

El propio presidente de Colombia había llamado a movilizarse para defender la medida decretada por él mismo en diciembre, que contempla un incremento del 22,7 % del salario mínimo para 2026, superando a la inflación y constituyendo el aumento más alto desde que el salario mínimo está contemplado en la Constitución de 1991.

La convocatoria fue realizada por el Comando Nacional Unitario, integrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), que llamaron a movilizaciones simultáneas en varias ciudades (Infobae 20/01).

Con el aumento, el salario llegará a 1.750.905 pesos. A esta cifra se suma el subsidio de transporte -liquidado junto al salario por la patronal- de 249.095 pesos, lo que hace un total de ingresos mínimos de 2.000.000 de pesos colombianos, unos 540 dólares. Lo que tampoco es gran cosa, ya que, en la región, sigue dejando al Salario Mínimo colombiano por debajo de los niveles salariales de Costa Rica, Uruguay y Chile.

Sin embargo, la medida impacta de manera directa a entre dos y tres millones de personas, que verán incrementados sus ingresos a partir del 1 de enero. El decreto incorpora por primera vez el concepto de Salario Mínimo Vital, respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (ídem).

Muchos otros trabajadores seguirán afuera del beneficio, ya que más del 40 % del total se encuentra sin registrar.

El aporte de Petro al concepto -al agregarle el “vital”- sería vincularlo a la subsistencia del trabajador, y no pensarlo solo como un piso legal, como era hasta ahora, cuando en Colombia se lo consideraba Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

Pero el aporte es tan limitado que ni siquiera incorpora el concepto de “movilidad”, a pesar de que en la Constitución de 1991 sí está establecido en el artículo 53. En Colombia, el Salario Mínimo es establecido anualmente por una negociación tripartita entre sindicatos, empresas y gobierno. Si no hay acuerdo, decide el presidente por decreto. Como en la mayoría de los países, no se concibe que el salario deba actualizarse de acuerdo con el costo de vida. De esta manera, la inflación actúa como el ataque por excelencia a los ingresos de los trabajadores, porque evita los recortes nominales que transparentan el despojo.

A pesar de lo limitado de la medida de Gustavo Petro, las patronales, representadas por el uribismo, entraron en furia y anunciaron que los costos van a disparar una oleada de cierres de empresas. El 14 de enero, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) informó que impulsó una demanda ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular el decreto, que estableció el aumento del 22,7 % en el salario mínimo para 2026, y lograr su suspensión provisional. También tienen planteado recurrir a los tribunales ordinarios para iniciar demandas.

Las patronales quieren usar como criterio el porcentaje de inflación que, aplicado a un salario mínimo de miseria, sigue perpetuando la miseria, mientras que Petro dice haberse basado en el costo de la canasta familiar -que, evidentemente, está en niveles de pobreza- y en el promedio de trabajadores por hogar.

Otro de los argumentos de la patronal es el remanido verso de que los salarios disparan la inflación, cuando en realidaad los precios suben por la decisión empresaria y la desvalorización del peso, empujada por el déficit comercial, el déficit fiscal y la deuda externa, que ya supera el 50 % del PBI y que aumentó aceleradamente en los últimos meses.

Gustavo Petro impulsó otras reformas durante su gobierno, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. A principios de 2025 transitó una crisis política al pedirle la renuncia a todo su gabinete debido a la falta de cohesión con sus medidas de gobierno. Petro ha tenido dificultades para aprobar reformas claves (tributaria, laboral, salud) por la falta de una mayoría sólida en el Congreso. Ante la resistencia legislativa, su gobierno ha optado por decretos y declaraciones de emergencia económica en algunos casos. Pese a su política de acordar con la guerrilla, en la práctica la violencia persiste en regiones como Guaviare y Catatumbo, con enfrentamientos armados, desplazamientos y crisis humanitarias.

La presidencia de Petro es el resultado del proceso de movilización popular que vivió Colombia tras la pandemia, pero sus reformas, muchas de las cuales quedaron en la impotencia, son harto limitadas, como para despertar el fervor popular que pueda enfrentar al uribismo y a las patronales.

La verborragia antimperialista y contra el genocidio en Gaza en foros internacionales le ha hecho ganar a Petro un lugar en la lista Clinton de sancionados por Estados Unidos, con la excusa de estar vinculado al narcotráfico o a la corrupción. Sin embargo, la embestida de Trump contra Venezuela dejó al descubierto los límites de Petro, al terminar haciendo acuerdos de seguridad con Estados Unidos para combatir a la guerrilla del ELN y al narcotráfico, una injerencia flagrante en su propio territorio.

Trump incluyó a Colombia en su lista de países proclives a un ataque, pero por el momento está esperando que las elecciones y la crisis política terminen con el mandato del presidente colombiano.

El país sudamericano ha sufrido la injerencia norteamericana durante décadas a través del Plan Colombia y ya quedaron muy lejos las amenazas que Petro realizó, en octubre, de expulsar a los 800 marines que se encuentran en bases militares colombianas. El proceso de movilización popular, aunque limitado por el escaso alcance de las reformas de Petro -que ofrecen una perspectiva trunca-, traza un camino en defensa de los trabajadores, que en el fragor de la lucha deberán organizarse por nuevas metas, al tiempo que se perfila como una punta de lanza contra las intenciones de Donald Trump de adueñarse de toda América.