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Durante la madrugada del 10 de febrero se llevaron a cabo acuartelamientos de personal policial en las dependencias de la Unidad Regional I, ubicada en la ciudad de Santa Fe, como en la URI 2, que tiene su lugar en Rosario. La medida, acompañada por familiares y allegados, se da en un marco de creciente crisis y malestar al interior de la fuerza por varias cuestiones. La gota que rebalsó el vaso fue el suicidio de un suboficial en Rosario hace unos días, quien se encontraba de licencia psiquiátrica. No es el primer caso.
Las fuentes plantean que la situación es dramática. Desde la vigencia de la emergencia en seguridad bajo el inicio de la gestión de Pullaro se dejaron sin efectos licencias y vacaciones para adentrarse a las tareas de prevención. Esto se precipitó por las largas jornadas a disposición, los traslados de un punto de la provincia a otro, entre otros aspectos materiales, que suman una cantidad de factores que, según argumentan, tiene directa incidencia en la salud mental de los involucrados.
Hace 72 horas comenzaron las protestas en los centros del poder político. Allí se plegaron también familiares de empleados del servicio penitenciario, con los mismos argumentos. Exigen mejores en las condiciones de trabajo y salariales. El gobierno provincial acusó recibo, por lo que unilateralmente lanzó una batería de compensaciones. Entre ellas, aumentos con plus salariales de hasta $500.000 mil pesos, gratuidad en el transporte interurbano, alojamientos en caso de desarraigo, también gratuitos. Asimismo, un aumento en los “adicionales”, como le llaman a las horas extras dentro de la institución. Sin embargo, lejos de apaciguar las aguas, la crítica a esto se comenzó a viralizar. Señalan que se tratan de bonos no remunerativos, donde el básico tiene un mínimo histórico de entre $250.000 - $300.000. Dichos aumentos se destinan sólo al 40% del total, por lo que más de la mitad se encuentran por fuera de los emolumentos. Por último, denuncian un silencio de los medios de comunicación ante el conflicto.
Así las cosas, explotó la situación. Durante la madrugada del martes, efectivos policiales reprimieron y desalojaron a las familias de otros efectivos apostadas en Rosario. Durante la mañana, el gobierno anunció el pase a disposición de 20 agentes, quienes serían los vinculados con el reclamo, aduciendo de que son uniformados que han perdido posiciones de poder y privilegios y por lo tanto pretenden voltear la exitosa política de seguridad del gobierno. Lejos de bajar la efervescencia, se ha redoblado la apuesta policial con el envío de hasta 100 patrulleros en las adyacencias de la unidad rosarina.
El gobierno ha incorporado a la seguridad pública como derecho inalienable en la constitución provincial recientemente reformada. Y se ha cansado de hacer campaña reivindicando la labor policial -quienes son los mismos que ahora lo enfrentan. La profundidad de la crisis aún no es clara.
