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Nadie puede afirmar con seriedad que la monumental crisis policial desatada en Santa Fe pueda entenderse como un “problema provincial” . En Santa Fe se produce y se transporta la mayor riqueza exportadora del país, desde el agronegocio, las plantas aceiteras y los puertos privados hasta el negocio inmobiliario. Esa acumulación de capital y riqueza privada tiene como contrapartida al crecimiento inusitado de la miseria social, la precariedad laboral y el hacinamiento. Entre uno y otro polo, ha florecido otro extraordinario filón de negocios: el narcotráfico, que lava su dinero en los entresijos de los puertos y los edificios de lujo, mientras intoxica y corrompe a la juventud de los barrios empobrecidos.
Para “manejar” estas contradicciones, Pullaro, el Milei rosarino, se ha aliado con la liberticida Bullrich en la faena de militarizar la provincia, con la incorporación de miles de agentes policiales y la concurrencia de efectivos nacionales. Subsidiariamente, este aparato represivo ha asegurado el ajuste contra los trabajadores de la provincia. Por ejemplo, cuando reprimió en 2024 a los docentes que reclamaban contra la modificación reaccionaria de su régimen jubilatorio.
El conflicto en el aparato policial, en este cuadro, no es solamente un estallido corporativo. Lo que ha entrado en crisis es todo el andamiaje de explotación social, corrupción capitalista y represión montado por Pullaro, Patricia Bullrich y Milei en Santa Fe. En los piquetes policiales, los agentes mostraban recibos de sueldo con innumerables ítems ajenos al salario básico, todos ellos atados al rendimiento. Por encima de ese sueldo, que en ningún caso llega a los 900.000, los agentes denuncian un régimen de adicionales en negro, naturalmente, bajo el arbitrio de los propios jefes policiales. No sorprende, en ese cuadro, que el conflicto haya fracturado la cadena de mandos: los subalternos repudian a los jefes, a los que acusan de expoliarlos a igual titulo que lo hace el Gobierno. Los agentes rasos denuncian en particular al jefe policial Maldonado, al que señalan, paradójicamente, por “buchonearlos”, al haber entregado al Gobierno y a la Justicia un listado de los amotinados.
En la noche del lunes pasado, un escuadrón de fuerzas especiales reprimió a un piquete de los policías en huelga junto a sus familias, lo que agravó la crisis en el interior de la fuerza. El reclamo, en ese cuadro, es de un salario básico y remunerativo, que cubra el costo de la canasta básica, y el levantamiento de las sanciones contra varias decenas de los policías rebelados. El gobierno provincial ha tomado un compromiso “de palabra” en favor de un aumento, pero ninguno de los amotinados lo cree, y exige un acuerdo por escrito. En estas horas, crecía la incorporación de efectivos al piquete dispuesto frente al departamento de Policía de Rosario.
Pero el régimen laboral y salarial que denuncian los policías no es para nada una excepción en la provincia o en el país. Los docentes santafecinos están sometidos a una cláusula de “presentismo” que, en caso de perderse, reduce sustancialmente sus salarios. Es, claramente, un adicional “antihuelgas”. Pullaro es un Milei “adelantado”, aplicando la reforma laboral en su provincia después de haberle impuesto una reforma previsional a los docentes. Este régimen mileista ha sido desenmascarado por la huelga policial. En la conferencia de prensa brindada en la mañana del miércoles por el jefe de Seguridad y el ministro de Economía santafecinos, los funcionarios dijeron contemplar un aumento al personal policial, pero “diferenciado por su rol” respecto del resto de los trabajadores de la provincia. Abren el paraguas ante lo que ya ha comenzado, es decir, la inquietud salarial del resto de los estatales santafecinos, comenzando por las enfermeras de los hospitales. Por esa misma razón, Pullaro maniobrará hasta último momento para derrotar la rebelión policial, con la complicidad de los hermanos Milei que le reclaman “no aflojar”. Temen una generalización del reclamo, en primer lugar, entre todos los estatales, justamente cuando la inflación se dispara en cualquiera de los “índices” que se considere.
El estallido policial ha alterado el escenario político bajo el cual tendrá lugar la discusión de la contrarreforma laboral en el Senado. El gobierno sólo esperaba “digerir” la movilización administrativa que la burocracia sindical convocó para este miércoles, con el propósito de disimular su compromiso de fondo con la ley antiobrera. Pero ahora se enfrenta con una rebelión impensada: el régimen de ajuste y sobreexplotación es intolerable, incluso para aquellos llamados a asegurar su cumplimiento por la fuerza. En el motín de Rosario, algunos efectivos exponían pancartas reclamando “salud y derechos laborales”. La reforma laboral ha sido desautorizada de antemano y por la vía de una fractura interna del propio Estado. Aprovechemos esa fractura para extender el reclamo salarial y las autoconvocatorias en favor de una lucha de conjunto, es decir, una huelga general. Llamamos también a desarrollar una movilización internacional de masas en defensa de Cuba y de la independencia política de Venezuela y de América Latina.
