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Por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, amigo íntimo y abogado de Milei, se convirtió en el primer procesado del gobierno libertario. Fue acusado por el juez Sebastián Casanello de ser la cabeza de una asociación ilícita de cobro de sobornos y los embargó por 200 millones de pesos. También se encuentran procesados en la causa Daniel Garbellini, número dos en el ANDIS, y los operadores Miguel Calvete y Pablo Atchabahian.
En el fallo de Casanello se puede leer que la ANDIS “se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito” para “una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales (…) como por actores particulares”. Su objetivo era “generar recíprocamente millonarias ganancias”, a expensas de los fondos públicos que debían garantizar el derecho a la salud y el bienestar a personas con discapacidades. Las maniobras consistían en “la adjudicación indebida de contrataciones públicas” para la compra de medicamentos e insumos, el pago de sobreprecios y, como contraparte, de sobornos. Los procesados ascienden a 19 personas. La imputación a seis exfuncionarios (más 13 directivos y empresarios farmacéuticos) se asienta en los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles, entre otros.
En agosto del año pasado salieron a la luz los audios en los que Spagnuolo, en conversaciones con diferentes personas, reconocía el cobro de coimas, que, según el ex irector de ANDIS, tenía en la punta de la pirámide de corruptela a Karina Milei, seguida por Martín Menen y Lule Menem, que aún no fueron citados a declarar.
Por el momento Jonathan y Emanuel Kovalivker, empresarios de la droguería Suizo Argentina, no se encuentran procesados. La defensa de ambos pidió la nulidad de toda la causa, aduciendo que los audios filtrados son apócrifos. Casanello rechazó dicho pedido y la Cámara Federal de Casación declaró inaceptable un recurso de queja presentado con el mismo propósito. Aún así, ni Casanello, ni el fiscal de la causa Franco Picardi tomaron los audios para elaborar las acusaciones.
El resto de los procesados como integrantes de esa asociación ilícita son el exdirector de Prestaciones Médicas, Diego Martín D’Giano, el excoordinador de Gestión de Urgencias, Roger Edgar Grant, y Eduardo Nelio González, exdirector de Apoyos y Asignaciones Económicas. Los procesados vinculados a Calvete son su hija Ornella, Lorena Vanesa Di Giorno y la exfuncionaria Luciana Ferrari. Los implicados relacionados a las droguerías son Silvana Escudero, vinculada a New Farma, Andrés Arnaudo, a Génesis, y Alejandro Fuentes Acosta, vinculado a Droguería Floresta (Página 12, 9/2).
En el expediente firmado por Casanello se puede leer que se realizaron órdenes de compra por $30.337.220.919,77, concentradas principalmente en cuatro empresas: Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA. En relación a los sobreprecios, el fallo “recoge comparaciones concretas entre procesos ‘grandes’ y compras ‘acotadas’ para medicamentos específicos, con diferencias porcentuales muy significativas. Por ejemplo, se describen contrastes sobre Pembrolizumab (Pembrox) con incrementos que, en ciertos casos, superan el 100% entre una compra y otra, y se detallan montos de presunto sobreprecio asociados a adjudicaciones a distintas firmas” (Palabras del Derecho, 10/2).
Mientras la causa avanza, el Gobierno, tratando de borrar las pruebas de asociación ilícita de cobro de sobornos que involucran a la propia camarilla gobernante, en diciembre pasado decidió cerrar la ANDIS y pasarla a la órbita del también cuestionado Ministerio de Salud. La medida fue argumentada en la necesidad de eliminar “capas burocráticas” y mejorar la transparencia en la administración de políticas de discapacidad, según informó en su momento el inefable vocero presidencial, Manuel Adorni.
Las coimas de la ANDIS no son la excepción, sino que es parte del entramado de corruptela más generalizada del gobierno liberticida, a las que hay que sumar la criptoestafa $LIBRA, la retención de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, los contratos de seguridad con Tech Security (vinculada con el clan Menem) del Banco Nación, el caso de fentanilo adulterado -que dejó un centenar de muertes- y el ingreso de valijas por parte de Laura Belén Arrieta, “empleada” de Scatturice, quien acumula al menos 260 contratos con el Estado.
Como el pescado, el Gobierno se pudre por la cabeza. Milei y su pandilla son parte de una asociación ilícita más grande que tiene como objetivo final derrotar a la clase trabajadora con métodos fascistas.
