Murió Jorge Antonio Bergés, el "partero" de la dictadura

En la búsqueda de los hijos de desaparecidos apropiados por la última dictadura militar había una pieza clave que contaba con información privilegiada. Comisario y torturador, Jorge Antonio Bergés era médico obstetra que "asistió" los partos de las detenidas-desaparecidas de la dictadura, cuyos hijos tuvieron un destino incierto, aunque se sabe que muchos fueron entregados a los propios militares. Incluso allí donde no se ocupó del parto mismo, Bergés igualmente se involucraba luego en el robo de los recién nacidos, porque tenía montada toda la estructura para el tráfico de niños. Se trató, en definitiva, de un torturador y apropiador de bebés que, a los 83 años, acaba de fallecer, manteniendo hasta el final el silencio sobre el destino de los bebés apropiados. Conocido también por su afición a la picana eléctrica, vivió sus últimos tiempos con el beneficio de la prisión domiciliaria.

En su testimonio en el Juicio a las Juntas, Adriana Calvo señaló a Bergés como el médico encargado de los partos de las secuestradas por la última dictadura (1976-1983). Adriana contó con detalles que el día 15 de abril de 1977 comenzó su trabajo de parto en la comisaría 5.ª de La Plata. Era su tercer hijo, Teresa. El testimonio que brindó fue estremecedor y tuvo el coraje de revelar los detalles más escalofriantes del accionar de Bergés. Luego de dar a luz en el asiento trasero de un auto policial y trasladada al Pozo de Banfield, contó que “el doctor Bergés me acostó en la camilla y de un solo apretón me sacó la placenta y la tiró al piso mientras me insultaba”. Luego, le llevó unos baldes y unos trapos para que, recién parida, limpiara, completamente desnuda y frente a los guardias, la sangre de su propio parto. También Pablo Díaz, secuestrado el 21 de septiembre de 1976, identificó a Bergés en el Pozo de Banfield y calificó a ese centro de detención como una “maternidad clandestina”, donde iban a parar muchas detenidas-desaparecidas embarazadas.

Bergés atendía los partos en los centros clandestinos que funcionaban en lo que se conoció como el Circuito Camps, de la provincia de Buenos Aires, dirigido por el genocida Ramón Camps, entre los que se encontraban el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, y otros en La Plata y otros distritos bonaerenses. Para la época del golpe de Estado, Bergés estaba destinado a la Dirección General de Investigaciones (DGI), que estaba al mando del torturador Miguel Etchecolatz.

Las atrocidades de Bergés no terminaron con la dictadura militar, de la cual salió con total impunidad, luego de una breve detención, beneficiado inmediatamente por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida del gobierno de Alfonsín. Su práctica de apropiación y tráfico de bebés se extendió durante la democracia, para lo cual contó con los mismos contactos y la misma estructura que se mantuvo incólumne en la posdictadura. Para ello montó incluso una clínica propia en Quilmes y formó parte de las fuerzas de la policía bonaerense hasta 1997, donde recibió numerosas distinciones por parte de las autoridades. “Bergés tuvo una estructura que le permitió apropiarse de los hijos y las hijas de las personas que están desaparecidas, pero, además, continuó utilizando esa misma estructura para el tráfico de niños y de niñas. Eso también marca que estamos hablando de continuidades que exceden los años del terrorismo de Estado. En este caso se ve un punto que es fundamental, que tiene que ver con la violencia hacia niños y niñas a través de privarles de su identidad durante la dictadura, pero también durante la democracia”, aseguró a Página/12 la auxiliar fiscal Ana Oberlin. Se sabe que esta práctica inefable de Bergés venía incluso desde antes de la dictadura del 76. “A finales de 1969, en una maternidad conocida como la clínica de Doña Elena, Bergés participó de al menos un parto en el que a la madre le dijeron que el bebé había nacido muerto, pero nunca se lo mostraron ni le dieron un certificado de defunción. Otros casos similares hicieron que se abriera una causa que terminó por archivarse por falta de elementos” (El País, 11/02).

La lucha de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos llevó nuevamente a Bergés al banquillo de los acusados en 2004, luego de décadas de impunidad. Ese año Bergés fue condenado, junto al excomisario Miguel Etchecolatz, por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, una hija de desaparecidos nacida en cautiverio, a la pena irrisoria de siete años de prisión. Ese mismo año salió en libertad, ya que permanecía detenido desde el 2001, no sin que antes la Sala II de la Cámara Federal de La Plata lo premiara con prisión domiciliaria. Volvió a prisión por sus delitos en la Brigada de San Justo, pero en 2010 recibió nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria. Sólo la movilización popular lo devolvió a la cárcel en 2011. En el 2012 fue condenado en el juicio “circuito Camps”, cuya condena fue confirmada por la Cámara de Casación recién ocho años más tarde. Desde su primera condena en 1986, cayeron sobre Bergés numerosas condenas, sin que ninguna haga justicia a las atrocidades por él llevadas a cabo, ni tocara toda la estructura delictiva sobre la que se montó, ni la que lo mantuvo impune. La condena a prisión perpetua finalmente le llegó... en marzo del año pasado. La perpetua duró los 11 meses que le quedaban de vida. Recibió esa condena en el juicio de las brigadas de Lanús, Quilmes y Banfield. Su muerte dejaría pendiente otra condena que todavía debía caer sobre él, ya que estaba siendo juzgado por el secuestro y tortura de Jorge Julio López en la Comisaría 5.ª de La Plata.

Desde el día uno, Bergés se negó a colaborar con la Justicia para dar a conocer el paradero de los bebés apropiados. Abuelas de Plaza de Mayo cuenta con 140 nietos restituidos, pero estima que hay unos 300 más de quienes todavía no se ha dado con el paradero. Bergés se llevó esa información a la tumba.

A casi 50 años del golpe del 76, muere uno de sus especímenes más nefastos luego de una larga trayectoria de impunidad. Actualmente, el gobierno de Milei se encuentra designando militares en funciones, algunos de ellos con antecedentes familiares vinculados a crímenes de lesa humanidad, para ejercer cargos políticos en el Estado. El Ministro de Defensa Luis Petri mantiene un rol activo en obstaculizar los juicios de lesa humanidad.

Teresa Laborde Calvo, hija de Adriana y que nació en cautiverio, escribió al enterarse de la muerte de Bergés: “Murió el ‘obstetra del mal’ sin decirnos dónde están los bebés que se robó. Ojalá se pudra en los anales de la historia como la escoria humana que fue”.