Ante el avance del proyecto de ley de destrucción de Glaciares, coordinemos a nivel nacional la lucha para defender el agua y el medio ambiente

El gobierno de Milei pretende aprobar en la cámara de diputado, una nueva ley de destrucción de glaciares, que ya tiene media sanción del senado. El gobierno sostiene que ya tiene los votos necesarios para su aprobación. En el senado aparte de los votos propios, fue respaldado por el PRO, gran parte de la UCR e incluso del peronismo de Salta, Tucumán, Catamarca.

La nueva ley es reclamada por las grandes mineras internacionales, por la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras), las distintas cámaras que agrupan a los proveedores mineros, por varios gobernadores de las denominadas provincias mineras agrupadas en la denominada Mesa del Cobre y las agrupadas en la Mesa del Litio (Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy), por la AmCham (Cámara de Comercio de EEUU en Argentina) y por el gobierno de Trump. El embajador de EEUU visitó varias provincias en el último periodo. A su vez, en el último viaje a EEUU, para que participen del evento Argentina Week, Milei incorporó a varios gobernadores en la delegación.

Los Cambios que impone el proyecto

Básicamente apunta a desconocer las pautas centrales de la actual 26.639 que establece, de acuerdo al artículo 41 de la actual constitución nacional, el presupuesto mínimo, valido para todo el país de protección de los glaciares y los ambientes periglaciares y designa a un organismo, el IANIGLA (El Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) como encargado de elaborar y actualizar, cada cinco años, un inventario nacional donde se registren todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional.

En este sentido, diversas organizaciones ambientalistas y especialistas en derecho ambiental vienen advirtiendo que la reforma habilitaría actividades económicas -especialmente la minería de gran escala- hoy expresamente prohibidas tanto en las áreas glaciares como periglaciales por ser reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedoras de agua para la recarga de cuencas.

En este sentido, insisten que los glaciares como el ambiente periglacial conforman un sistema hidrográfico único y, en un contexto de crisis climática y retroceso sostenido de los glaciares a nivel global y nacional, desaconsejan cualquier disminución de los niveles de protección vigentes.

A su vez, alertan que la afectación de estas áreas con proyectos extractivistas podría alterar el caudal de los ríos que nacen de la cordillera y atraviesan sus territorios. Sostienen que la reforma es regresiva, viola los presupuestos mínimos de conservación y, por lo tanto, es inconstitucional.

Además, sostienen, que los glaciares y los ambientes periglaciares son las únicas reservas de agua pura, destacando, en este sentido, que el 70% de las cuencas hídricas ya están contaminadas. Haciendo referencia a los acuíferos, destacan que son una enorme reserva de agua dulce, pero que también están contaminados, como ocurre con el acuífero Puelche, que es el que está debajo de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, parte de Santa Fe y que, por una imprudencia de hace 40 años, está radiactivamente contaminado”.

En relación a todo esto, la profesora de Sociología Criminal en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador (USAL), María Eugenia González Cuidet señaló que el nuevo proyecto propondría limitar la protección únicamente a aquellos glaciares o ambientes periglaciares que tengan una “función hídrica comprobada o relevante”. Este criterio introduce un supuesto de selectividad que podría implicar una menor protección normativa sobre extensas áreas que, aunque no cumplan una función hídrica directa verificable, contribuyen al equilibrio ambiental, la biodiversidad y la regulación hídrica, afectando principios fundamentales del derecho ambiental argentino, específicamente sobre el principio precautorio, que obliga a actuar ante el riesgo de daño ambiental incluso cuando no exista certeza científica.

En la misma línea, destaca que el principio de progresividad exige que las políticas ambientales avancen gradualmente hacia mayores niveles de protección, no hacia un aumento en su flexibilización.

La audiencia publica

El gobierno se vio obligado, como está establecido en las leyes ambientales, a convocar a una audiencia pública que no tiene carácter vinculante. Como en el Senado no se realizaron, el Gobierno decidió implementarlas en Diputados para evitar problemas judiciales.

La cantidad de inscriptos superó los 120 mil, pero solo se habilitó a poco más de 300 personas a exponer en dos jornadas, una presencial y la otra virtual”.

En este sentido, la audiencia fue una farsa completa vulnerando el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) “.

En la jornada presencial, se hicieron fuertes denuncias. Entre ellas se destacó la que realizó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (CAJE), cuestionó a legisladores “que tienen relación con las mineras”, y en ese marco acusó a la senadora nacional Flavia Royón. “No representa a Salta, representa a las mineras”,
El abogado aseguró que la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno nacional “tiene nombre y apellido y será en beneficio de grandes empresas mineras, como es el caso de la firma Vicuña, una empresa que pertenece a BHP, una de las trasnacionales mineras más grande del mundo, la que hizo el desastre de Brasil”, cuando en 2019 el colapso de la represa de desechos de la mina de hierro de Fundão, cerca de Mariana, en la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, en el sureste brasileño, provocó la muerte de 270 personas y cuantiosos daños materiales. BHP fue declarada responsable.

Entre las beneficiarias de la flexibilización de la protección de los glaciares y periglaciares también señaló a la Barrick Gold que está detrás de un proyecto sanjuanino, el Veladero, que ya tuvo cinco derrames mineros y ya cortó el glaciar Almirante Brown para su emprendimiento.

Por último, señalo que en Catamarca se encuentra el proyecto Mara, de Glencore, que se presenta como “una de las mayores empresas globales de recursos naturales” y que tiene detrás al fondo buitre BlackRock. “Hay dos o tres más, pero estos son los que escribieron esta reforma”, aseguró Viale.

Alternativas

En la audiencia se pudo conocer la intención de Unión por la Patria de impulsar un proyecto de ley para convocar a una consulta popular vinculante. Cuando el día antes de la audiencia se movilizaron, según varios medios 2 millones de personas en el 50 aniversario del golpe de 1976, cuando para una audiencia, más de 120 mil personas se inscribieron para participar, en un 99% repudiando el proyecto del gobierno. Cuando la creciente inflación tira abajo todos los discursos de Milei. Cuando todas las consultoras dan cuenta de la caída en la consideración popular del gobierno, la propuesta del peronismo, es un saludo a la bandera.

Otros sectores plantean como salida la judicialización de la ley

El proyecto de ley, derogando de hecho la actual ley de glaciares, es una cuestión estratégica para los Estados Unidos que pretende avanzar en el control de la producción las tierras raras y los minerales críticos y de hidrocarburos en todo el continente y asegurarse así los recursos para la transición energética y para el desarrollo de la industria militar, y en este plano, la Argentina, en algunos rubros como son el cobre y el litio, se posesiona como uno de los países con mayores recursos a nivel mundial.

En este escenario, defensa del agua y el medio ambiente, solo tiene perspectiva por medio de una lucha de conjunto integrando estos reclamos junto a los demás reclamos obreros y populares, del salario, el trabajo, la salud, la educación, las libertades democráticas: la huelga general y las movilizaciones de masas.