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El transporte público en Bariloche está nuevamente en crisis. La empresa Mi Bus, parte de Grupo Semisa-Transporte Amancay SRL, extorsiona al gobierno municipal: si no recibe más subsidios, amenaza, se retirará de la localidad, como ya lo hizo en Villa La Angostura.
En estos momentos, circula una versión acerca del retiro de la empresa y la entrega del servicio a Vía Bariloche, de la muy mentada familia Trappa, a la que se les renovó escandalosamente la concesión del Cerro Catedral. Esto no está confirmado, pero cuando el río suena, agua lleva.
El transporte de pasajeros es un servicio público tan necesario que es, por ley, responsabilidad del estado, como la salud y la educación. El transporte público permite el crecimiento del pueblo en el que vivimos. Por eso es esencial para la producción y la conectividad.
Después de una perseverante lucha de la población y la Multisectorial por el Transporte Público, a través de numerosas audiencias públicas, movilizaciones y la judicialización con la que se reclamó la presentación de los balances anuales, estos fueron suministrados por la fiscalía en que se dirime el asunto. De ese modo, se tuvo acceso a los balances de los años 2016, 2017 y 2018. En ellos se constatan graves irregularidades, como no tener la flota de unidades exigida en el contrato, ya que son dueños de sólo 19 de los 79 colectivos que efectivamente brindan servicio; además, discordancias en las identificaciones de los vehículos y otras. Pero, sobre todo, no contiene información sobre el destino de los subsidios millonarios que recibió mensualmente del gobierno municipal, provincial y nacional.
Los usuarios padecemos cotidianamente la poca frecuencia de los servicios, los recorridos inadecuados e insuficientes, el abandono o directamente la falta de paradores y el abuso de la tarifa, una de las más alta del país. Y los trabajadores del transporte, el incumplimiento reiterado del pago del salario, las sanciones económicas, la confección de “prontuarios” que rebajarían la indemnización en caso de despido y la sobrecarga laboral de quienes prestan el servicio en esta cuarentena.
Luego de tantas experiencias fallidas y costosas con las concesionarias privadas, de una vez por todas el transporte público debe estatizarse, bajo control de trabajadores y usuarios. La empresa debe ser expropiada sin indemnización y la planta de personal de la empresa debe mantenerse con el convenio de la UTA y de todas las prerrogativas obtenidas por los trabajadores.
Esta es la salida a la crisis que proponemos desde la Tendencia del Partido Obrero.
