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El miércoles se llevó adelante una jornada de cortes de ruta en todo el país. En ella participaron casi un centenar de organizaciones piqueteras y de lucha reclamando contra la baja y eliminación del “Volver al Trabajo”, una ayuda social de 78.000 pesos. A las 14, en la Ciudad de Buenos Aires, los cortes confluyeron en la Plaza Congreso donde organizaciones de jubilados y sindicatos se convocaron defensa del derecho jubilatorio, que hoy tiene su haber mínimo en los 411.000 pesos con un bono de 70.000. La CGT y las CTA, convocantes a la movilización en apoyo a la “seguridad social”, participaron en Congreso con algunos de sus aparatos sindicales de la CATT, Camioneros y Judiciales.
Desocupados
Desde las 10, en el corte del Puente Pueyrredón del lado de provincia de Buenos Aires, se desplegó una represión a la cabecera de la columna de organizaciones con gases y palos. El despliegue represivo en Avellaneda para impedir que la columna de miles de personas cruce el puente estuvo a cargo de la Prefectura Naval y de la Policía Federal, que mantuvo un gran cordón sobre la Avenida Pavón que se enfrentó durante horas cara a cara con los manifestantes. En Rosario, otro corte de autopista que conecta con Buenos Aires fue reprimido duramente con varios manifestantes golpeados, otros de los bloqueos importantes fueron sobre la Autopista Bs As-La Plata y en el Acceso al aeropuerto de Mar del Plata en la Autovía 2.
Los cortes totales de rutas y autopistas fueron llevados adelante por reagrupamientos de las organizaciones sociales como el Frente de Lucha Piquetero (Polo -oficial-, MTR 12 de Abril), UTEP (Barrios de Pie, Movimiento Evita, CCC), Territorios en Lucha (Libres del Sur, FPDS, MST-Teresa Vive, FOL), Encuentro Socialista Antiimperialista (MTR-Histórico, MTL Rebelde) y la Tendencia Polo Obrero. El reclamo era contra la eliminación de los planes sociales y en rechazo al esquema de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de implementar un sistema de “vouchers”, que bajo la excusa de brindar cursos de formación transfiere los fondos de la asistencia social a diferentes empresas. También se reclamó por el derecho al trabajo genuino. Hoy la provincia de Buenos Aires contiene el grueso del VAT con 430.000 titulares y la que le sigue es Tucumán con 56.000 titulares. Eva Gutiérrez de la Tendencia Polo Obrero denunció ante los medios el operativo policial.
Entre la decenas de cortes que se llevaron adelante estuvieron además del Puente Pueyrredón y Autopista La Plata: Mar del Plata en la Ruta 2, Pergamino en Plaza Merced, San Nicolás, Bahía Blanca, Catamarca, Chaco en Ruta Nacional 16 en Castelli, Miraflores y Resistencia, Chubut en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Corrientes en la Plaza Mercosur, Córdoba en Puente Centenario, Entre Ríos en Paraná, Formosa en la Capital, Jujuy en San Salvador, Mendoza en el Nudo Vial, Misiones en El Dorado y en Posadas, Neuquén en la Casa de Gobierno, Rio Negro en General Roca, Salta en Plaza 9 de Julio, San Juan en Plaza 25 de Mayo, Santa Cruz en Caleta Olivia, Santa Fe-Rosario en Circunvalación y Godoy, Santiago del Estero en la Capital, Tierra del Fuego en Rio Grande y Tucumán en el Puente Lucas Córdoba de San Miguel. Estos cortes por su cantidad, extensión y combatividad muestran que hay reservas para llevar adelante una lucha a fondo contra el gobierno de Milei y Pettovello.
Plaza Congreso
Como es costumbre, todos los miércoles el Congreso Nacional amaneció con un operativo de seguridad, pero en esta oportunidad muy reforzado. El vallado cortó todas la esquinas y accesos al edificio y desvió el tránsito en un perímetro de varias cuadras a la redonda. Las organizaciones de jubilados, que son las que dan combatividad a este reclamo, a la altura de Avenida Rivadavia y el Cine Gaumont comenzaron una larga columna en donde confluyeron con organizaciones y partidos de izquierda que los acompañaron dando una vuelta completa a la Plaza Congreso y llevando adelante una ronda como todos los miércoles.
En medios de comunicación mostraron la jornada de reclamos como “una vuelta al pasado”, como “el fin de la paz mundialista” y un paréntesis de parte de la CGT que “reinició” las protestas contra el gobierno de Javier Milei. La manifestación sindical no contó con una convocatoria fuera de sus aparatos. Se vio a Pablo Moyano, Jorge Sola (Seguros), Juan Carlos Schmid, Julio Piumato, Hugo Yasky y Mario Manrique (SMATA). También referentes del movimiento electoral MDF de Axel Kicillof conformado por funcionarios de la gobernación. La burocracia de ambas centrales puso como siguiente mojón la participación en la Marcha de San Cayetano del 7 de agosto que terminará en un acto en Plaza de Mayo.
Al finalizar la ronda, un acto dio la palabra a los dirigentes de las organizaciones de jubilados y luego a delegados sindicales de gremios alineados con el FITU que volvieron a reclamar una “huelga general” a la CGT y CTA. Estuvieron presentes legisladores como Myriam Bregman, Cristian Castillo, Vilma Ripoll y Nicolás del Caño. A pesar que el micrófono no fue abierto a partidos políticos impidiendo un debate mayor, los saludos de los presentadores a “Myriam y los diputados presentes” fueron reiterados.
Por Jubilados Clasistas habló Charly Petrillo. “No le alcanzó al gobierno y al FMI robar más de 70.000 millones de dólares en los últimos años que pasaron de los jubilados y trabajadores a los bolsillos de los capitalistas. Compañeros, no nos engañemos, los partidos patronales que están en el parlamento le hacen el juego al gobierno de Milei por un 2027 para ser reelegido, esa no es la salida. Tampoco lo es inflar la expectativa en la burocracia sindical de la CTA y la CGT. La única salida de tener un programa verdaderamente obrero y en defensa de los jubilados, que no tiene la CGT, colocando el aumento de la canasta familiar de 2.500.000 para los jubilados. Por un PAMI que hoy no tiene prestaciones no tiene medicamentos y que ha aumentados la muerte de los jubilados superando los tiempos de pandemia, creemos que el PAMI debe estar en manos de los trabajadores”.
La liquidación del derecho jubilatorio que pasará a ser una ayuda menor, la eliminación total de la asistencia social de $78.000 que viene precedida por el congelamiento de la AUH, es un hito del gobierno liberticida en la guerra abierta contra los trabajadores. En momentos donde el FMI coloca al país las condiciones ruinosas para un nuevo refinanciamiento de la deuda externa.
