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Este jueves el gobierno abrió los sobres económicos de la privatización de AySA, la empresa que presta agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La peculiaridad de esta privatización es que no partía de un precio-base. Se la quedaría el mejor postor. La oferta más alta fue la de un consorcio integrado por Rowing SA, Arcos, Transclor y PHX Aqua, que ofertó USD 340,2 millones por el 90% de las acciones. La segunda, del grupo Roggio, llegó a USD 285 millones. Ambas muy por debajo de los USD 500 millones que Caputo esperaba recaudar. Todavía falta la revisión de la Comisión de Evaluación y la adjudicación formal, pero el cambio de manos sería un hecho y está previsto para los primeros meses de 2027.
El gobierno acaba de privatizar una red de cañerías, plantas potabilizadoras y colectores construida durante décadas con fondos públicos, y con ella un mercado de clientes cautivo que no pueden elegir otro proveedor, asegurando al capital una renta ajustada por tarifas ´reguladas´ que el propio gobierno ha dado rienda suelta por encima de la inflación. La concesión es de treinta años, prorrogable por diez más.
Para justificar el remate, desde el Ministerio de Economía argumentaron que AySA recibió transferencias del Tesoro por más de USD 13.400 millones entre 2006 y 2023, pierde el 42% del agua que produce, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos crecieron un 80%. Los liberticidas tomaron el libreto de presentar a AySA como una carga ´insostenible´. Pero para adjudicársela al mejor postor, primero convirtió a la empresa en superavitaria: aplicó desde 2024 un ´plan de transición´ que incluyó una reducción del 20% de la plantilla, aumentos del 366% de las tarifas, un ´reordenamiento financiero´, cambios regulatorios por decreto y la rehabilitación del corte del suministro residencial a aquellos que adeuden dos meses, prohibidos desde 2006.
Los nuevos dueños: la ´patria contratista´ y el "rey del cloro"
El consorcio ganador es encabezado por dos empresarios con larga trayectoria en negocios vinculados al Estado: Walter Román, dueño de Rowing, dedicada a la ingeniería y la construcción, y Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, una de las principales fabricantes de cloro del país y proveedora, desde 2009, de los insumos químicos que AySA utiliza para potabilizar el agua. El consorcio se completa con Arcos, del grupo brasileño Equipav, que tendrá a su cargo la operación técnica, y con PHX Aqua AR, un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos. El entramado del consorcio se completa con los hermanos Neuss, vinculados a la constructora Rowing y a otras firmas asociadas al holding, como Servimagnus.
Por su parte Filiberti, conocido como el "rey del cloro", de ahora en más se venderá insumos a sí mismo, con el control en manos del mismo grupo que factura. Es además uno de los socios de Edenor, la distribuidora que abastece al norte del conurbano y que tiene a AySA como uno de sus grandes clientes. Mantiene, además, una opaca sociedad con José Luis Lingeri, el burócrata sindical de Obras Sanitarias y uno de los operadores de mayor peso de la CGT.
Por su parte, Rowing integra el holding Equo Capital, que también es presidido por Walter Román y, según los registros de la Cámara Nacional Electoral, dos firmas de ese mismo grupo (Direct Group y Lógico) aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025.
De esta manera, la "lumpenburguesía", con llegada directa al poder político, se reparte los activos públicos en una venta apurada, con precios bajos y con el Estado haciéndose cargo de los riesgos.
Privatizar, estatizar, privatizar
En 1993, Menem entregó la concesión de Obras Sanitarias de la Nación a un consorcio encabezado por Suez y Aguas de Barcelona, que operó como Aguas Argentinas. Entre 1993 y 2002 las tarifas subieron un 88,2%, en plena convertibilidad y sin inflación. Hubo obras que no se hicieron, tratamiento insuficiente de los efluentes y una larga lista de incumplimientos. Cuando la devaluación volvió impagables las tarifas dolarizadas, la empresa se retiró, dejando una deuda de unos USD 700 millones.
La estatización de 2006 fue presentada por el kirchnerismo como una "recuperación nacional", pero en realidad se trató de un rescate a una empresa en quiebra. La conducción de la nueva AySA fue puesta, incluso, en manos de un hombre del propio grupo Suez. Nunca hubo una auditoría de lo ocurrido en los años de la concesión.
Hoy, con un dólar contenido, el negocio vuelve a resultar atractivo. En caso de devaluación, los nuevos dueños ya están protegidos por cláusulas de ajuste y por las revisiones tarifarias que el contrato prevé, y el costo volverá a recaer en el usuario.
La privatización prevé que el 10% de las acciones quede en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada y sea administrado por la conducción sindical. Lo que se presenta como participación de los trabajadores es, en los hechos, simbólica y sin ningún poder de decisión. Mientras tanto, el pliego no garantiza la continuidad de la totalidad de los puestos de trabajo.
La privatización de AySA es un ataque al bolsillo de millones de trabajadores.
