El Congreso cierra filas con los liberticidas en medio del tobogán financiero

La sesión de Diputados de ayer puso de manifiesto el paraguas protector que los partidos del régimen le han suministrado al gobierno liberticida. La cámara aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en los términos votados por el Senado. Después de la medida cautelar provista por la Corte en relación a la Ley de Tierras, los libertarios acordaron votar con el macrismo y los bloques de los gobernadores un proyecto que legaliza un régimen de desalojos, e impide cualquier iniciativa de expropiación por razones de “utilidad pública” - la figura con la cual debieron legalizarse numerosas ocupaciones de fábricas que fueron vaciadas por sus propietarios.

La sanción de este estatuto reaccionario quiso ser disimulada con la votación de una Ley de Discapacidad que aprobaron en consenso los libertarios, sus aliados y una amplia mayoría de diputados del pejotakirchnerismo. La norma reemplaza a la actual “emergencia en discapacidad”. En parte, legaliza las disposiciones de miseria asistencial de aquella emergencia, por ejemplo, una pensión por discapacidad equivalente al 70% de la jubilación mínima. Luego, establece una indexación mensual para los nomencladores de las prestaciones. Pero como ya ha ocurrido con los jubilados, deja afuera de ese ajuste a la confiscación perpetrada en 2024, cuando no se reconoció la desvalorización causada por la hiperinflación de comienzos de ese año. En consecuencia, la norma consensuada con el peronismo legaliza el despojo a la discapacidad, con un agravante: en el proyecto de Presupuesto 2027, los fondos previstos en este punto no aseguran de ningún modo las promesas de reajuste votadas ayer. Con solo dejar correr ese proyecto de Presupuesto, la Ley de Discapacidad sufriría un “veto” no declarado. En cuanto a las deudas del gobierno con prestadores, la ley aprobada le reclama al gobierno “establecer un cronograma”, una frase suficientemente difusa como para habilitar a nuevos bicicleteos.

Para las organizaciones de discapacidad, la “emergencia” que se encontraba vigente era sólo un piso asistencial, después de un largo período de virtual liquidación de las prestaciones. Ahora, la ley mileo-peronista convierte a ese piso en un techo: permitirá que los libertarios se atrincheren en sus términos, con el argumento que la norma fue votada por “amplia mayoría”. La “oposición” del régimen replicó, con la discapacidad, la maniobra que consumaron los rectores universitarios en julio pasado: pactar con el gobierno un “vuelto” salarial, a cambio de enterrar a la Ley de Financiamiento Universitario.

Finalmente, en la madrugada del jueves se mandó de vuelta a comisión la cuestión del endeudamiento familiar, y probablemente por un largo tiempo. La bancarrota de seis millones de trabajadores será “un asunto privado”, como dice Milei y lo corroboran los bancos, que siguen tejiendo arreglos particulares con sus clientes, para convertirlos en deudores vitalicios.

La sesión de ayer puso de manifiesto una operación de rescate político en un momento preciso: cuando el capital financiero mira con lupa a Milei-Caputo, en vistas de que no cuentan con los recursos para afrontar los vencimientos de deuda. El jolgorio del Congreso pasó a segundo plano los datos de actividad económica de agosto publicados en el día de ayer: el “repunte” que se preveía después del retroceso de los meses anteriores, fue del… 0,1%. La caída frente al año anterior es del 1,7%. La expectativa de sostener la recaudación impositiva para pagar la deuda pública se viene abajo. Los “pagarés” de Milei y Caputo, incluso y sobre todo para con los discapacitados, son todavía más volátiles que los bonos del Estado.