Media sanción a la reforma la Salud mental

El viernes 30, por la madrugada el Senado dio media sanción a la reforma de la ley de Salud Mental. El proyecto es uno de los ejes de la campaña proselitista de la proto-candidata Patricia Bullrich: ofrece un reforzamiento del poder represivo y judicial sobre las personas que sufren padecimientos de salud mental y sobre los propios equipos profesionales, como salida a la crisis y el vaciamiento del sistema de salud que promueve el propio gobierno. Para obtener la media sanción, Bullrich recurrió a acuerdos con los bloques opositores “dialoguistas”. Así, el texto se terminó aprobando con 42 votos contra los 21 rechazos que reunió el kirchnerismo. Ahora, será girado para su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La reforma de Bullrich-Milei recogió los votos del PRO y la UCR junto con los de los bloques vinculados a distintos gobernadores de origen peronista como el cordobés Hacemos y el Frente Renovador de la Concordia de Misiones. El proyecto del oficialismo debió aceptar modificaciones hasta minutos antes del inicio del debate para conseguir los votos que permiteran su aprobación. Las alteraciones sufridas por el proyecto mileísta fueron menores. El proyecto conserva todos los aspectos clave de la versión original en relación a ampliar el alcance de las internaciones involuntarias, reforzar el rol de la Justicia y las fuerzas represivas y desjerarquizar la intervención de equipos interdisciplinarios, ponderando una mirada medicalista de la salud mental, promovida por los grandes laboratorios. A la vez, habilita nuevas disposiciones que profundizan el ajuste en la salud pública.

La reforma ratifica que la internación involuntaria debe ser considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y excepcional. Sin embargo, el texto avanza sobre el criterio vigente de “riesgo cierto e inminente” para sí o para terceros en el caso de estas internaciones, e introduce el concepto de “riesgo grave”, es decir, que puede ser tomado en base a diagnósticos de “peligrosidad potencial”, sin criterio temporal. En lo relativo a la conformación de los equipos de atención que deben tomar esta decisión, el texto modifica la ley vigente que establece la necesidad de una evaluación interdisciplinaria. En su lugar, dispone que debe estar firmada de manera obligatoria por un médico psiquiatra y un profesional de otra disciplina, desvalorizando al resto de las profesiones. Ante la imposibilidad de garantizar la presencia de un psiquiatra en determinadas jurisdicciones, la reforma autoriza que la evaluación se realice por teleconsulta. De esta forma, pondera la mirada médica sobre las otras disciplinas sin alterar la situación de vaciamiento actual que sufren los hospitales, en los que los bajos salarios hacen que los cargos de psiquiatría queden vacantes durante años.

El texto amplía el rol de las fuerzas represivas, convocadas a intervenir en caso de “tomar contacto con una persona potencialmente afectada por un trastorno mental o del comportamiento”. En el caso de los jueces, podrán disponer la internación involuntaria de los pacientes en aquellos casos en los que su criterio no se condiga con la recomendación del equipo tratante. Por último, establece la obligación del representante legal, cónyuge, conviviente, padres o hijos del paciente internado de forma involuntaria de “presentarse al momento del alta para formalizar la salida y firmar la documentación pertinente”, desconociendo la existencia de referentes vinculares por fuera de la familia biológica. El Estado se desliga de la responsabilidad que le cabe en garantizar la continuidad del tratamiento, trasladándosela a las familias.

La reforma se da en el marco de la intención de imponer un nuevo presupuesto de ajuste para el 2027 y luego de la liquidación del programa Remediar, el cierre de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental y Salud Mental Comunitaria (RISAM-C), el desmantelamiento del Hospital Bonaparte, el cierre de programas dependientes del Ministerio de Salud, el recorte en la entrega de medicación, la escasez de turnos para consultas por salud mental, el recorte de las pensiones no contributivas (PNC), el ajuste en discapacidad y el vaciamiento del SEDRONAR. El eje en el reforzamiento de las internaciones involuntarias, en hospitales colapsados, está muy lejos dar salida a la crisis de salud mental y de responder a las necesidades de las familias, usuarios y profesionales, cuyo malestar en relación al fracaso de la Ley 26657, sancionada en 2010, es malversado en aras de esta reforma represiva y reaccionaria.

La iniciativa de Bullrich-Milei, apoyada por los bloques opositores, forma parte de una contrarreforma más amplia que se propone la clase capitalista a nivel mundial para profundizar la medicalización del padecimiento subjetivo y la privatización de los servicios de salud. Por ello se asienta en el vaciamiento del sistema público, ya que solo reduciendo al máximo las prestaciones de hospitales y centros de salud del Estado es posible forzar a la población a abonar copagos y cuotas por la atención. Es lo que ya sucede con las clínicas, centros de atención y fundaciones del ‘sector privado’, que se abren paso a través de las tercerizaciones promovidas por el propio Estado, como es el caso de las comunidades terapéuticas para el abordaje de consumo problemático de sustancias o los hogares.

Distintos sectores y colectivos profesionales se están pronunciando en contra de la reforma. En el caso del FITU, su rechazo se basa en la defensa de la ley actual. El PO oficial propone “defender los derechos conquistados” en la Ley 26.657, mientras que el PTS plantea defenderla “sin desconocer sus deudas pendientes”. La Ley 26.657, promovida por el kirchnerismo y sancionada por unanimidad en 2010 con el apoyo de toda la oposición derechista, fracasó sin embargo por su propio contenido. En nombre de la desmanicomialización, los hospitales especializados en salud mental fueron vaciados, allanando el camino a la trercerización en el sector privado, mientras que usuarios y usuarias deambulan por los hospitales y centros de salud demandando atención por el colapso de los servicios de salud mental. Su articulado habilitó el copamiento privado de la salud mental, sin nunca garantizar el presupuesto para la salud pública, que fue negado por todos los gobiernos.

La crisis de salud mental es inseparable de las condiciones de vida de la clase obrera, que están siendo severamente atacadas, con la reducción de los salarios y jubilaciones, la falta de vivienda, el pluriempleo o el desempleo. La decadencia de la organización social capitalista tiene un impacto directo en la vida de la población, recrudeciendo las situaciones de padecimiento que se expresan en altas tasas de suicidio, que afectan fuertemente a la juventud. La defensa de la salud mental es una causa que la clase obrera tiene que tomar en sus manos, junto a los profesionales y trabajadores 3de la salud. A la ofensiva reaccionaria del gobierno y sus cómplices es necesario responderle con una gran movilización de los trabajadores de la salud, pacientes y familiares.

Frente a la inminencia de su tratamiento en Diputados, llamamos a promover la deliberación y las autoconvocatorias en todos los centros y hospitales para luchar por tirar abajo la reforma de Bullrich-Milei. No lo hacemos en defensa de la ley vigente, sino del conjunto de las reivindicaciones acuciantes que se derivan del fracaso de la 26657, del avance de la privatización, del colapso de los servicios, del hundimiento del salario y de los recortes sistemáticos contra la salud pública perpetrados por este y todos los gobiernos. Sigamos el ejemplo que marcan los residentes y multipliquemos las iniciativas de lucha y coordinación. La necesidad de impulsar una huelga general de la salud está planteada.