Córdoba: ataque a las escuelas municipales

Escribe Andrés Oroño

Preparemos un congreso de trabajadores.

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El intendente de Córdoba ha enviado al Concejo Deliberante una reforma al reglamento que regula las remuneraciones docentes, limita los adicionales por "ubicación" (con lo cual se arrogará el juicio futuro de a quiénes les corresponderá y a quiénes no cobrar el mismo); restringe los alcances del régimen docente, introduciendo el criterio de que se “considere docente a quien imparte, dirige, asesora, supervisa u orienta la educación general, que tiene en su carga en forma permanente y directa la educación de los alumnos" (La Voz del Interior, 25/6), con lo cual intentará apartar del régimen salarial a los interinos; plantea que solamente los docentes con más de 20 años de antigüedad podrán hacer uso de licencias; los demás podrán ser trasladados a nueva funciones. De este modo, pretende liquidar no solo el salario sino a una gran cantidad de docentes municipales.

El intendente está cebado y sigue con la táctica aplicada desde el principio de su gestión, de atacar por frentes separados al conjunto de los más de 10.000 empleados municipales. Pero esta vez el ataque va también contra la población de los barrios más pobres, donde las escuelas municipales se encuentran localizadas.

Dos días antes del envío del ejecutivo al concejo hubo un sistemático ataque al “alto salario” de los docentes, de los principales medios, con comparaciones con privados, del costo por alumno, y con otras provincias. El diario La Voz del Interior publicó, el 17 de junio, una curiosa explicación de la Bolsa de Comercio de Córdoba acerca de las ventajas, “para el conjunto de la sociedad”, que ofrecería rebajar la carga en salarios estatales al nivel de los privados.

Queda claro que asistimos a un ataque estratégico contra las condiciones de vida de la población trabajadora. Los trabajadores necesitamos nuestra estrategia. Es necesario profundizar la deliberación en las bases de los trabajadores municipales, y en el conjunto de los trabajadores estatales y privados, sobre dos aspectos esenciales: La crisis de financiamiento, provocada por los gobiernos capitalistas, no encontrará salida en el camino de robar recursos a los trabajadores para transferirlos al pago de los usureros de la deuda ($ 180.000 millones, impagables, debe Córdoba -la mayoría nominada en dólares-, que se podría multiplicar con una devaluación del peso). El camino elegido por Schiarett y Llaryora, del pago a los usureros, implicará mayor hundimiento y desocupación; es una encerrona para la población trabajadora en su conjunto; ésta debe ser nuestra agenda: ¿Dónde están los recursos? De esto deberíamos hablar los trabajadores. Al revés de lo que ellos pretenden, el camino de salida es un salario como el de los municipales para todos los trabajadores. Esto arrancaría los recursos que son transferidos al agujero negro del pago a los usureros y el subsidio a los grupos capitalistas, para transformarlos en recursos destinados a las necesidades de la población trabajadora.

Lo segundo tiene que ver con el cómo. Está visto que la política de espera y de luchas aisladas que las burocracias sindicales mantienen solo sirve al gobierno. La situación estallará en mayores crisis políticas y esto nos plantea cambiar.

Es necesario deliberar de conjunto en un congreso de trabajadores, preparar pronunciamientos, asambleas zonales y generales.

Un congreso de trabajadores fijaría un camino de salida para el conjunto de la población trabajadora.

Defendamos irrestrictamente a los docentes y a las escuelas municipales.

La lucha de los municipales debe ser la lucha de todos.

El gigante municipal puede arrastrar a una lucha que cambie el rumbo.

Las bases municipales que el 18 de junio protagonizaron una marcha con más de 6.000 personas en plena cuarentena, mostrando una enorme disposición de lucha.

¡Manos a la obra!

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