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El puerto de Buenos Aires y los depósitos fiscales del AMBA que se dedican al comercio exterior no dejaron de trabajar ni un solo día desde el comienzo de la cuarentena el 20 de marzo. Los primeros cinco días hábiles hubo una suerte de confusión porque Aduana no daba claridad de qué mercaderías se podían ingresar y/o egresar, pero a partir de la segunda semana cuando directamente se pasó a trabajar con normalidad. Era lo mismo si se tratara de una carga de calzado o de barbijos, las terminales portuarias le darían la misma celeridad y tratamiento.
Las cuatro terminales del puerto de Buenos Aires son administradas por privados a quienes se les extendió la concesión hasta mayo de 2022, cuando se abriría una nueva licitación.
Se trata de una verdadera mina de oro ya que facturan en dólares y obtienen ganancias fabulosas. Las terminales se sacan los ojos para llegar a mejores acuerdos con las compañías marítimas para que los buques arriben a tal o cual terminal para carga y descarga sin importar si el servicio empeora o colapsa, es decir sin importar las condiciones en las que se trabaja. Lo mismo ocurre con los depósitos fiscales de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La situación de los trabajadores (estibadores, portuarios, agentes aduaneros, empleados de despachantes de aduana, camioneros) es penosa, más aún en este contexto de pandemia. Los sindicatos no han movido un dedo. En 2007, un empleado de despachante de aduana murió aplastado por una containera en el depósito fiscal TEFASA. Solo hubo cambios cosméticos, debido a la absoluta inacción de la Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana (AEDA).
Siendo un sector estratégico el del comercio exterior, hay que dejar constancia de que los trabajadores del sector estamos en riesgo grave y constante.
Allí donde se registraron casos positivos de trabajadores se lo mantuvo en secreto. En muchos casos se disfrazaron los motivos de por qué el depósito en cuestión tuvo sus puertas cerradas por cuestión de días y, una vez habilitados, se volvió a trabajar como si nada hubiera sucedido, sin hacer un rastreo efectivo de todos quienes pudieron haber tenido contacto con las personas contagiadas dejando ese cuidado o prevención en manos de los propios trabajadores. En las terminales otra es la tesitura: ni siquiera cierran una vez detectado un caso positivo. Es el caso de Exolgan -que opera la terminal de Dock Sud-, donde se detectó un positivo gracias a que los trabajadores lo hicieron saber para que se corriera la voz y comiencen los cuidados. La terminal, sin embargo, siguió trabajando con normalidad.
El trabajo se efectúa en oficinas de aduana donde no se puede respetar el debido distanciamiento social o entre filas interminables de camiones. La “prevención” se reduce a tomar la temperatura a todo aquel que ingresa a un lugar.
A mediados de junio, una protesta de los trabajadores portuarios de Terminales Río de la Plata (TRP) fue reprimida. Actualmente se encuentran en negociación la paritaria y están trabajando a reglamento. Además del salario y las condiciones laborales, los trabajadores reclaman el pase a planta permanente bajo convenio portuario de los tercerizados.
Fempinra (la federación que nuclea a casi todos los sindicatos portuarios excepto SUPA, que es de estibadores) esgrime la excusa de que las terminales se encuentran en licitación y que la concesión puede cambiar en cualquier momento entonces, más aún con este contexto de cuarentena y pandemia, lo primordial es “cuidar las fuentes de trabajo”.
La responsabilidad de la burocracia de todos los sindicatos es clara y su complicidad con las diversas patronales intervinientes y el Estado también.
En este sector en particular se demuestra lo atinado y la urgencia de que se desarrolle un congreso de delegados electos por la base de estos sindicatos junto a AEDA, SUPARA (sindicato de trabajadores de aduana) y camioneros para discutir las condiciones en que se trabaja en un sector tan estratégicamente importante como es el comercio exterior.
