Catamarca: la lucha de los trabajadores estatales contra las reformas de Jalil

Escribe Bruno Corzo

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Luego de innumerables movilizaciones de docentes y estatales, el gobierno provincial decidió maniobrar y avanzar con reforma ajustadora por tandas. En esta nueva modalidad, el pasado 2 de julio tomó estado parlamentario un proyecto de ley de “reforma administrativa y funcional del estado” que atañe fundamentalmente a los trabajadores estatales y municipales.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el gobernador Jalil impuso mediante decretos -avalados por la legislatura- una parte de su plan de reformas. Entre otros, disolvió entes estatales autárquicos, como vialidad, catastro, etc., integrando sus presupuestos en el presupuesto general de la provincia. Por otro, estableció una suerte de pacto con los gobiernos municipales para que, a cambio de tomar el 40% de los fondos de las comunas y parte de las llamadas regalías secundarias provenientes de la explotación minera, el gobierno provincial asumía el compromiso del pago de los salarios de los trabajadores municipales.

De esta manera, el proyecto de reforma enviado a la legislatura es un paquete que afecta a la totalidad de los trabajadores estatales con la sola excepción de la docencia, para los cuales está en agenda un proyecto de ley de reforma del Estatuto Docente. Durante los 105 días de cuarentena, sin casos de COVID-19 positivos en Catamarca, se desenvolvieron manifestaciones en la provincia que afectaron los planes iniciales de Jalil.

El proyecto

En la letra de este proyecto, se establece una licencia prejubilatoria para trabajadores que estén a diez, cinco y dos años de alcanzar la edad para la jubilación ordinaria, fijando un ingreso del 50, 60 y 70% sobre el salario neto, respectivamente. El personal que “voluntariamente” quede incluido en esta disposición es obligado a renunciar una vez notificado del beneficio jubilatorio. Serían afectados más de tres mil trabajadores aproximadamente.

La reforma también plantea la modificación, reducción y supresión de lugares de trabajo, como también la prohibición de adscripciones y comisiones de servicio. Por lo que el régimen de movilidad laboral se presenta como un medio para disponer o discontinuar en sus funciones a los trabajadores precarizados. Por otra parte, con prohibición durante tres años del ingreso, designación o contratación de personal, se pretende bloquear el pase a planta permanente para los precarizados.

Esta política de racionalización va de la mano de una política de destrucción salarial: Jalil se encargó de destacar que este año no va a haber aumento de salario.

Las tendencias de lucha

En el proceso de lucha, previo al ingreso de este proyecto a la legislatura, la provincia asistió a un proceso combinado de convocatorias de los sindicatos estatales y docentes, que tenían la doble función de poner bajo control los procesos de luchas que comenzaban a crecer mediante autoconvocatorias y, por otro, pulsear con el gobierno el alcance de algunas medidas del plan de ajuste.

La docencia fue la principal animadora de la lucha que desbordó el control burocrático, con marchas, pronunciamientos, y pasos incipientes dirigidos a poner en pie una coordinadora provincial de lucha.

El estallido de los contagios que obligó al gobierno a volver a la fase 1 de la cuarentena, lo que “congeló” transitoriamente el conflicto, pues la legislatura suspendió el tratamiento de la ley y otro tanto ocurrió con el proceso de movilizaciones.

Desde el gobierno quieren explotar a su favor estas circunstancias para proceder a organizar sesiones virtuales de la legislatura y aprobar el plan ajustador.

Es claro que, si el gobierno impone esta reforma, luego se lanzará sobre el estatuto docente con la misma matriz de pulverizar sus derechos y conquistas.

Todo esto obliga a los luchadores de todos los sindicatos, en vista a que las burocracias no están dispuesto a mover un dedo, a no perder un minuto, y proceder, como está ocurriendo en otras provincias, a usar los medios virtuales, para impulsar asambleas y coordinaciones que denuncien los propósitos ajustadores de la reforma estatal, la crisis sanitaria y la responsabilidad del gobierno en la misma, y con las consignas de defender la salud y la educación, el trabajo y los salarios, preparar un plan de lucha que enfrente e impida que el plan del gobierno siga avanzando.

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