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El intendente de Córdoba ha presentado al Concejo Deliberante un proyecto de declaración de emergencia en el transporte, para “adoptar las medidas extraordinarias y urgentes necesarias (…) para la readecuación del servicio” (texto del proyecto). La emergencia se inscribe ante el paro de los trabajadores que lleva más de dos semanas. Los choferes de ERSA -el pulpo que concentra gran parte de las empresas de transporte del país y la mayoría de los corredores urbanos e interurbanos de la provincia- no cobran sus salarios completos desde abril y han declarado una huelga de autoconvocados. Los trabajadores han salido públicamente a denunciar al intendente Llaryiora por este proyecto.
Los trabajadores saben que la intención de ERSA es irse, sin pagar salarios ni deudas previsionales. El intendente y los concejales pretenden armar un sistema de emergencia para liberar de las deudas a la patronal de Romero. Este un pulpo se ha beneficiado con el negocio oscuro que une a gobiernos, patronales y burocracias sindicales en torno al reparto de subsidios estatales. El intendente y el concejo pretenden ahora que los trabajadores y la población paguemos ese despilfarro de los recursos.
Junto con la “emergencia”, el Concejo Deliberante también analiza la ampliación de funciones de COYS (ex Esop) y Tamse, las dos empresas semiestatales que “le sirvieron al ejecutivo en la pelea con el Suoem y ahora podrían encarar un transporte sin UTA” (La Voz del Interior, 17/7). A través de Tamse, el intendente “podría contratar servicios de terceros… con ómnibus particulares o minibuses en caso de paros” y a través de la COYS, contratar choferes precarizados. “Ya tenemos 280 choferes en condiciones de prestar servicios” (LVI, 16/7). Este sistema precario e inseguro arrojará un profundo empeoramiento del sistema. “Se alejarán las paradas y se reforzaran los troncales y horarios pico” (ídem).
Los trabajadores de UTA han salido a explicar que esta “emergencia” perjudicará a la población. La intención del intendente es derrotar la lucha de los autoconvocados, que han puesto sobre el tapete los reclamos obreros y quebrado el “frente único” del intendente, la patronal y la secretaria general de la UTA Córdoba, Carla Esteban, para crear un lockout patronal por mayores subsidios.
Si el sistema de transporte publico deja de ser “negocio” para las empresas durante esta pandemia, nos muestra que el régimen capitalista no sirve cuando se trata de prevalecer la vida. El transporte debe municipalizarse bajo control de los trabajadores y los usuarios; porque son los únicos que podrán mejorar el servicio, y arrancar el financiamiento con el no pago a los usureros. Por otro lado, es necesario abrir los libros de la empresa e investigar adónde fueron los subsidios, por parte de una comisión independiente.
Es la hora de unir por abajo y constituir una poderosa fuerza de los trabajadores junto a los municipales, disconformes con el acuerdo que hizo aprobar el Suoem.
Los trabajadores de Córdoba debemos apoyar la lucha de los autoconvocados. Una asamblea popular en defensa de los puestos de trabajo, del salario y que los recursos se utilicen para rebajar el precio de los pasajes y mejorar el sistema y no a favor de los vividores de subsidios, convocada por los choferes en lucha, marcaría un punto de reagrupamiento para los trabajadores de la ciudad y de toda la provincia.
Existe un debate acerca de la “ilegalidad” de esta emergencia, que pasa por arriba a contratos y convenios laborales. Pero solo la fuerza de los trabajadores podrá hacer cumplir estos. Ya tenemos la experiencia de que no se respeta la prohibición “legal” de no despedir en cuarentena. Es una relación de fuerzas: el camino efectivo es la lucha de los trabajadores.
