Bahía Blanca: organicemos el rechazo a la presencialidad en la UNS

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Sur aprobó una resolución por la cual se dispone “la necesidad de establecer las pautas y los lineamientos generales para la reapertura de los espacios de la Universidad Nacional del Sur y el reinicio de las actividades presenciales no académicas” (CSU-291, Expte. 489/2020, 20/08/20), por medio de “la reapertura de los espacios correspondientes”, lo que implicará que los trabajadores no docentes se vean obligados a desarrollar “actividades presenciales (…) un máximo de cuatro (4) horas diarias dentro de la UNS”.

Naturalmente, el movimiento que estas actividades “no académicas” motorizan, que incluyen a las deportivas y culturales, provocarán una mayor circulación general de la comunidad universitaria, en tanto impulsan a los propios estudiantes a implicarse en ellas. Los bibliotecarios, por ejemplo, deberán ofrecer turnos para el retiro y devolución de libros. No obstante, esta “nueva normalidad” parte de un supuesto no comprobado: que los “protocolos” eliminan el riesgo de contagio y propagación del Covid-19, y plantean un objetivo ficticio, a saber, que “los servicios presenciales que se prestarán (…) no impliquen un riesgo para la salud del personal” (y los estudiantes, agregamos nosotros, que deben viajar hasta la universidad).

Los casos cotidianos de contagios en las principales industrias del país, así como en los medios de transporte, los supermercados y comercios e, incluso, en las reuniones familiares, muestran la precariedad de los “protocolos” (https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/2286-contagios-masivos-en-fabricas-hay-que-parar-todo).

En este sentido, los recientes descubrimientos científicos en torno a la transmisión por aerosoles del Covid-19, a una distancia superior a los dos metros, no sólo muestran la precariedad de todos los protocolos implementados, y explican, en parte, porqué ellos no detienen los contagios, sino que también resaltan la peligrosidad de actividades en espacios cerrados (Santarpia, J.L., Rivera, D.N., Herrera, V.L. et al. “Aerosol and surface contamination of SARS-CoV-2 observed in quarantine and isolation care”, Nature Scientific Reports, Nº 10, 2020, disponible en https://www.nature.com/articles/s41598-020-69286-3#citeas).

Es decir que las pequeñas partículas que viajan por el aire son capaces de infectar, como lo han señalado insistentemente científicos de todo el mundo, buscando incidir en una OMS que, dicho en criollo, “no pega una” (“239 Experts With One Big Claim: The Coronavirus Is Airborne”, disponible en https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html).

Evidentemente, aunque la disposición señale que “el personal incluido en los grupos de riesgos (Resolución R-141/20), o que deba atender menores de edad y/o adultos mayores convivientes (…) tendrá derecho a permanecer en situación de teletrabajo”, la presencialidad constituye un riesgo para quienes no pertenezcan a ambos grupos, así como para los estudiantes que se vean implicados en dichas actividades y también para sus familias.

De hecho, la puesta en marcha de la presencialidad se da en momentos en que el país atraviesa el pico más alto de contagios, y Bahía Blanca muestra una sostenida transmisión comunitaria que se expresa en más de 200 casos activos que se mantienen desde hace semanas.

Asimismo, esta resolución de la UNS se realiza de manera unilateral: no docentes, docentes y estudiantes no hemos sido consultados al respecto, por lo que la medida excluye a los principales sujetos del proceso educativo, y es tomada por un órgano burocrático desgajado que, con esta medida, atenta contra los intereses y el cuidado del conjunto. Mientras tanto, docentes y estudiantes continuamos sosteniendo el enorme esfuerzo que implica la educación virtual, sin que ello se vea recompuesto por parte del Estado, que debiera garantizar la “conectividad” y los recursos para el desarrollo del proceso educativo en estas condiciones.

Frente a esta coyuntura, trabajadores y estudiantes debemos rechazar de forma organizada toda acción que tienda a una presencialidad en momentos en que la pandemia arrecia, y exigir al Estado que garantice los elementos que nos permitan desarrollar una educación virtual hasta que la pandemia sea superada.

Organicémonos en defensa de la vida y la educación.