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El 31 de agosto venció el plazo de extensión acordado a principios del 2020 por la Asociación de Médicos Municipales y la ex ministra de Salud de la ciudad de Buenos Aires Bou Pérez que pospuso la aplicación del plan de “refuncionalización” de los hospitales de Salud Mental. Al término de ese plazo, no se produjo ninguna novedad o informe alguno por parte de las autoridades de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, y en el contexto de la pandemia, los rumores de reducción de personal y dispositivos que corren al interior de los hospitales monovalentes ponen en alerta a los trabajadores.
Desmantelamiento
La mentada “refuncionalización” supone la adaptación por etapas a los designios de la ley de Salud Mental de la Ciudad (N°26.657), sancionada en el año 2010 y con fecha 2020 para su aplicación. Al cabo de estos diez años, el gobierno no ha invertido un peso para avanzar en los planes que suponían una transformación integral -casas de medio camino, emprendimientos sociales, proyectos de integración laboral y habitacional- en la perspectiva de la llamada “desmanicomialización” que plantea la ley. En cambio, sigue en pie el propósito de cerrar los hospitales para alentar un nuevo negocio inmobiliario. Por otra parte, quienes se beneficiaron con la ley de salud mental, por ahora, fueron las clínicas y “casas de medio camino” privadas, en las que el Estado terceriza la atención de los pacientes.
Desde la enorme lucha contra el intento de desguace en el hospital Borda en el año 2013, ha quedado muy claro el fuerte interés económico por los terrenos públicos donde funcionan los hospitales. La complicidad de AMM es manifiesta, ya que las cúpulas de esta burocracia son, en su mayoría, gerenciadoras de clínicas privadas de atención a la salud mental.
Para defender una política de salud mental con perspectiva de integración social como plantea la desmanicomialización no basta con una ley, sino que debe ser la expresión de una política general del gobierno, con esa misma orientación social, es decir todo lo contrario a la perspectiva del gobierno PRO y la complicidad del kirchnerismo en la legislatura.
Todos al 21S
El “festejado” acuerdo con los bonistas y la renegociación de la deuda con el FMI, establecerán fuertes pautas de achique de “gastos” públicos. Sin dudas la etapa que viene estará marcada por un ataque a los presupuestos públicos y derechos sociales en general. Los trabajadores de la salud en general y de la salud mental en particular, debemos abrir una profunda deliberación al respecto a través de asambleas, plenarios y congresos obreros para poner en pie una coordinadora de salud nacional.
Exigimos información sobre los planes que se discuten para los hospitales y el conjunto del sistema de salud mental. No al cierre de los hospitales de Salud mental. La jornada de lucha del 21S que preparan enfermeros autoconvocados es una oportunidad para que el conjunto de trabajadores de la salud se manifieste en defensa de la salud pública.
