Catamarca: la docencia y los estatales frente a la crisis provincial

Las movilizaciones docentes del primer semestre pusieron en evidencia la necesidad de estructurar una lucha de conjunto para alcanzar un aumento salarial y derrotar el intento del gobierno de arrasar con las conquistas contenidas en el Estatuto del Docente.

El gobierno de Raúl Jalil anunció tempranamente la suspensión del aumento salarial para los trabajadores del estado y la docencia, apelando al recurso de la cuarentena. Ante los reclamos de estatales y docentes, el gobierno maniobró retirando de la legislatura la reforma del Estatuto del Empleado Público, fijando un marco de concertación previa con la burocracia de los gremios estatales y, en el caso de la docencia, prometiendo paritarias, pero solo para discutir la reforma del Estatuto excluyendo la cuestión del salario.

El conjunto de la burocracia se sirvió de este planteo para neutralizar la creciente movilización del mes de junio.

El reclamo de la policía provincial, que antecedió al que se produjo en la provincia de Buenos Aires, modificó el escenario. El anuncio de que otorgaría un bono de $9.000 y un aumento de 21%, agitó las aguas, lo que llevó al gobierno a convocar a la dirigencia de los principales sindicatos a discutir un aumento salarial en los próximos días.

Fracaso de la vuelta al aula y desmantelamiento

El gobierno fracasó en su pretensión de imponer el regreso a la presencialidad. De manera improvisada, sin tener en cuenta que Catamarca estaba rodeada de provincias con circulación comunitaria del virus, se lanzaron a una aventura que les salió muy mal de entrada, pues pretendían que, con un paquete de 24 mil pesos por escuela, se pudieran acondicionar los establecimientos. A los días de haber comenzado las clases presenciales, los brotes en departamento aledaños a la capital, y luego en la capital misma, obligó al gobierno a retroceder a la fase 1 y, por lo tanto, a volver a la virtualidad.

La continuidad por medios virtuales siguió sin mejora alguna en cuanto a infraestructura y recursos. Más del 60% de la provincia tiene dificultades de conectividad y la crisis social derrumba las posibilidades de acceder a dispositivos y plataformas.

Todos estos “traspiés” del gobierno provincial, no lo han hecho retroceder en su política de descuartizamiento del sistema educativo provincial. Así han resuelto la separación de los institutos terciarios de la órbita del ministerio de Educación para albergarlos en la nueva agencia de Ciencia y Tecnología. Esta política se inició tempranamente con la separación de las escuelas técnicas. La división implica la reducción del presupuesto para funcionamiento y personal, como también el condicionamiento de los contenidos curriculares a los cánones de las patronales. Es decir, un paso en dirección a la privatización de la enseñanza superior y técnica.

Al rechazo de los trabajadores de la educación respecto al congelamiento salarial y a las reformas, se suma el repudio a los nombramientos irregulares de parte de la administración del ministro Gordillo en Educación. Fueron afectados 170 expedientes vinculados a estas designaciones truchas, incluyendo al hijo del ministro. Como respuesta, Gordillo inició una purga del personal en el área para desactivar sin éxito los pronunciamientos en su contra.

Asamblea en cada escuela y repartición estatal, por una lucha provincial coordinada

Todos estos acontecimientos han reabierto un escenario deliberativo entre los trabajadores.

La docencia de la capital a partir del activismo ha formulado a una autoconvocatoria para este jueves 17. Esto ha obligado a ATECA, el gremio docente más importante a pronunciarse por un aumento del 40%. Por su lado, los gremios estatales han planteado salir a la lucha por el aumento salarial.

Desde el Partido Obrero Tendencia, planteamos la necesidad de convocar a plenarios conjuntos, docentes estatales y un plenario con mandatos de alcance provincial para establecer el pliego de reclamos y una lucha unificada, de conjunto.