La crisis del transporte público es nacional

La pandemia dejó al descubierto la profunda crisis del transporte en todo el país.

El sistema de transporte viene funcionando en base de subsidios de diverso tipo. En el presupuesto 2021 se estipulan más de 92.000 millones de pesos destinados al rubro.

Con la caída abrupta del uso del transporte y la recaudación producto de las distintas restricciones que impuso la pandemia, los subsidios nacionales al transporte cobraron vital importancia para garantizar el pago salarial a los choferes. Desató una rebelión en las bases de la UTA. Paros en la mayor parte de las provincias por la falta del pago de salarios por parte de trabajadores autoconvocados. A esto se suma el desconocimiento del convenio colectivo por parte de las patronales que tiene lugar frente al silencio cómplice de la UTA, que se ha convertido en lobista de los empresarios para obtener subsidios.

A este cuadro se suman las petroleras que le reclaman al gobierno la deuda que mantiene desde septiembre 2019 en concepto de venderles el gasoil a las empresas a precios subsidiados por el Estado. Amenazan con cortar la provisión de combustible subsidiado y complicar el servicio en Capital y Gran Buenos Aires.

Ante este panorama los trabajadores y usuarios no podemos quedarnos de brazos cruzados, es necesario tomar medidas acordes a la situación.

UTA ha oficiado de bombero de las patronales, levantado las medidas de fuerza en varias provincias con el pago parcial de la deuda salarial, que lleva meses de retraso, incluido el aguinaldo. Pero el costo de esas acciones es una pérdida cada vez mayor de su dominio y un resquebrajamiento de la burocracia.

El titular del gremio, Roberto Fernández avivó la polémica, cuando dijo que los gobernadores usan los subsidios nacionales destinados al sector para otros fines. Abrió así un conflicto inesperado entre la Casa Rosada y las gestiones provinciales.
No se le puede seguir otorgando a las patronales más plata sin tener un control efectivo. El problema es el costo empresarial. Desde hace años que los subsidios han sido un gran negocio para funcionarios y empresarios corruptos. No se puede seguir dilapidando el dinero, que los trabajadores pagan, primero, como contribuyentes, y luego, abonando tarifas cada vez más caras por un peor servicio. Nunca más evidente el carácter parasitario de estos empresarios. Los subsidios deben ser sometidos al control de los trabajadores, mediante una comisión electa en asamblea, con acceso ilimitado sobre el manejo financiero y económico de las empresas. La prioridad son los salarios y los insumos necesarios para el funcionamiento operativo de la empresa. Ningún directivo debe ganar por encima de lo que marca el convenio. Los servicios deben ser garantizados por una comisión de trabajadores y usuarios, los diagramas deben ser acordes a las necesidades de los usuarios. La voracidad patronal, la entrega de subsidios sin control alguno han llevado al colapso; los trabajadores y usuarios nos hemos convertido en víctimas de un sistema perverso cuyo único fin es el lucro desmedido de los empresarios.

Pago inmediato de lo adeudado a los trabajadores.

Por la apertura de los libros contables.

Que el estado se haga cargo bajo control obrero.