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Las negociaciones paritarias de la UTA continúan en una puja del gremio con las cámaras empresarias, por un lado, y de las cámaras empresarias con el gobierno nacional, en torno a los subsidios, por el otro,
Las patronales del transporte de corta distancia rechazaron el reclamo del 30% de aumento formulado por la UTA. La burocracia de Fernández respondió con la amenaza de un paro de 48 horas a sabiendas de que el ministerio de Trabajo decretaría una “conciliación obligatoria” y sería rápidamente acatada.
Así las cosas se llegó a un acuerdo ultra provisional de un “adelanto a cuenta”, que las patronales aceptaron a la espera de que todos los ministerios vinculados al transporte comparezcan a las negociaciones y reconozcan los incrementos de costos no salariales; la actualización de rubros trascendentes para la patronal como gerenciamiento y tasa de riesgo; que se resuelvan las demoras recurrentes en las acreditaciones de las compensaciones tarifarias y el pago del 50% de las compensaciones del mes de septiembre en empresas de CABA.
El martes 20 habrá una nueva audiencia que puede dar lugar a alguna medida de fuerza aislada o a algún acuerdo que las patronales pueden llegar a firmar, pero no cumplir. Es lo que viene sucediendo desde hace muchos meses Se han desconocido los acuerdos parciales que las propias patronales habían firmado ante conflictos por el pago de salarios.
La pandemia ha sido un brutal disparador de una rebelión en las bases. Se están librando grandes luchas a lo largo de todo el país, que surgen de autconvocatorias de las bases. Hay casos emblemáticos como los de Córdoba, Rosario, Tucumán y Salta, donde surgieron las primeras rebeliones contra las retenciones salariales. La rebelión se fue extendiendo a lo largo de todo el país.
El rasgo dominante en el transporte es la escandalosa concentración de grupos monopólicos que se disputan el negocio. Estos han impuesto un régimen de trabajo que viola sin contemplación los derechos de los trabajadores, como así también las normas y leyes impuestas por el propio estado. Las condiciones de trabajo son pésimas y se han agravado ante la falta de protocolos sanitarios frente a la pandemia. Son los propios choferes quienes improvisaron con barreras de nylon el distanciamiento con los usuarios, y haciendo subir a los pasajeros por la puerta trasera.
Asistimos ahora a una crisis generalizada en todos los ámbitos del transporte de pasajeros. Por arriba hay una feroz puja entre los grupos monopólicos, que se disputan el negocio y, por abajo, una puja entre dos bandos de la burocracia, encarnados por Fernández y Bustinduy, que lejos está de los intereses de los trabajadores.
La política del gobierno en materia de transporte es rescatar a las patronales, sacrificando a los trabajadores con salarios reducidos, precariedad laboral y despidos. Alimentar con recursos públicos a empresarios parásitos que vienen exprimiendo la teta del estado desde hace años es inviable.
El transporte es un servicio público. Un programa de salida a la crisis del transporte es que se investiguen las cuentas de las patronales y el uso de los subsidios, para proceder a la estatización del servicio bajo el control los trabajadores. La utilización de la tarjeta SUBE de hecho le ha dejado el control al estado de los ingresos reales en materia de pasajeros; las propias necesidades capitalistas han creado las condiciones necesarias para la nacionalización del transporte.
Los bienes que actualmente utilizan las empresas -vehículos, edificios e insumos- deberían ser expropiados y pasar a formar parte del patrimonio y el servicio de una futura gestión.
