Reforma jubilatoria: una confiscación Kristalina

Escribe Pablo Busch

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En vísperas de la visita del FMI, el Gobierno dio a conocer finalmente la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que enviará al Congreso. La actual, aprobada en diciembre de 2017, fue suspendida por Fernández y sustituida por sucesivos aumentos por decreto.

La esencia de la nueva fórmula es que se calcula proporcionalmente entre el índice salarial (RIPTE) y la recaudación tributaria de la Seguridad Social, eliminando la relación entre la movilidad jubilatoria y la inflación. El aumento además pasará de ser trimestral a semestral, incrementando el atraso de las jubilaciones respecto de los precios. El Gobierno cumple así anticipadamente con los reclamos del Fondo Monetario para sentarse a discutir los términos de un rescate o, al menos, de una prórroga de vencimientos.

"El aumento en septiembre, por lo que pasó con esas dos variables (RIPTE y recaudación de Anses) entre enero y junio, con un agregado no menor: se comparará el índice salario-recaudación con la recaudación total de la ANSeS por beneficio de los últimos 12 meses, incrementada en un 3% y de ambos se elegirá el menor. Así, aunque la fórmula toma en cuenta salarios formales, recaudación tributaria, padrón de beneficios, en definitiva la recaudación total de la ANSeS, por beneficiarios, es el fijará el límite de los aumentos de los haberes", señala Clarín (10/11).

Según un comunicado oficial, "Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017”.

En un año en el cual los salarios perdieron como nunca contra la inflación, atar la movilidad jubilatoria a los primeros respecto de los segundos representa de por sí un ajuste, pero con un agravante mayúsculo: las patronales están todavía exentas de pagar las cargas sociales y casi la totalidad de las paritarias firmadas en 2020 incluyen sumas o tramos no remunerativos, lo que reduce brutalmente la recaudación por beneficiario de Anses, ¡el otro índice de cálculo de las jubilaciones! Cómo los datos de ambos índices no se dan a conocer en su totalidad, ni en tiempo y forma, la fórmula además del ajuste incorpora un sesgo de discrecionalidad.

Según explicó Cecilia Todesca a La Nación (8/11), "en cuanto a la inflación el problema es el siguiente: cuando el gobierno anterior puso la inflación en la fórmula, lo pensaron de este modo: la inflación iba a caer, vamos a crecer y los recursos fiscales van a aumentar. Las jubilaciones no van a perder tanto por la inflación y nosotros vamos a ir recuperando los ingresos del sector público, entonces no va a ser tan deficitario. Si la economía crece y los ingresos fiscales crecen eso no lo compartís con los jubilados, porque los jubilados van con la inflación que va para abajo. Pero cuando la inflación va para arriba y se desboca aparece una crisis macroeconómica y no contás con los recursos, no crecés y tenés que pagar más. Entonces, esa fórmula es inaplicable".

Hace unos días, otro ministro del Gobierno, Moroni, decía algo similar respecto del salario mínimo - "es el que podamos pagar", no el que garantiza el desarrollo humano del trabajador. La nueva fórmula jubilatoria que defiende Todesca parte del mismo principio; ni 82% móvil, ni equiparación respecto de la inflación pues "inaplicables". La jubilación es la "aplicable". En la misma entrevista la Ministra Todesca declaró que en estas circunstancias el bien público más importante es estabilizar el mercado cambiario. El haber jubilatorio, en definitiva, es sacrificado para salvar el régimen bimonetario.

La nueva fórmula tiene además el agravante que "con el último aumento de septiembre, en los últimos tres años, las jubilaciones y pensiones mínimas tuvieron una pérdida del 14,8% y las más altas un retroceso del 21,8%. Las pérdidas afectaron a casi seis millones de beneficiarios de este tipo de haberes, así como 1,6 millones de pensiones no contributivas y otros 170.000 de beneficios de adulto mayor". Además, "la fórmula propuesta no establece ninguna compensación inicial por la pérdida de los haberes jubilatorios durante 2018 y 2019, y durante 2020 que afectó a las jubilaciones medias y más altas. (Clarín, idem). Se calcula, según La Nación, que por el congelamiento de las jubilaciones el gobierno habría ahorrado 72.000 millones de pesos. (ver Política Obrera)

Con una jubilación mínimas de $18.129, poco más de un tercio de la Canasta de Pobreza, y con más de la mitad de los jubilados cobrando la mínima, la nueva fórmula es un nuevo avance confiscatorio que no tiene nada que envidiarle a la reforma previsional de diciembre de 2017, y que deberá ser rechazada por la clase obrera con el mismo ímpetu que aquella. Vamos a una gran campaña de clarificación en el movimiento obrero, sobre los sindicatos y cuerpos de delegados, para impedir que se apruebe. Los trabajadores debemos oponer a la movilidad jubilatoria de Fernández y el FMI, un programa propio: jubilación minima equivalente al 82% de la canasta familiar; movilidad jubilatoria mensual según índice de salarios o inflación (el que sea mayor); restitución inmediata de los aportes patronales y las cargas sociales; por una Anses bajo control de trabajadores y jubilados.

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