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El “decreto acuerdo” ajustador que el lunes 6, que suspende por seis meses la cláusula gatillo, entró en vigencia inmediatamente, sin necesidad de tratamiento obligatorio por la legislatura.
El decreto también elimina la actualización del último trimestre, un 12%, acordada en la paritaria estatal del 2019. Un ‘ahorro’ inmediato de $800 millones y, hacia el futuro, $600 millones mensuales.
A pesar de que la deuda pública de Tucumán es relativamente poco significativa, el derrumbe de las finanzas publica es completo. El Presupuesto no garantiza el pago de los salarios actuales, ni las próximas paritarias, y el dinero destinado a la obra pública va a ser el más bajo de la última década, apenas llegará a un 5%. Quizás por este mismo, el gobierno nacional otorgo un adelanto de la coparticipación Federal de $1.000 millones. Manzur actúa como un adelantado de lo que anunció Alberto Fernández.
La amenaza de varias organizaciones sociales (Barrios de Pie, CCC, Darío Santilla, FOL, Dignidad) de pasar a la lucha contra la entrega de la administración de importantes subsidios al ministerio de Desarrollo Social, obligó al gobierno a derogar esta disposición por medio de otro decreto.
Manzur consiguió que la Corte suspendiera la cláusula gatillo en la justicia, dejando en el aire a quienes querían recurrir a ella para derogar el decreto ajustador.
Un enero caliente
La reacción contra el decreto ajustador fue inmediata: se autoconvocaron varias agrupaciones docentes, que reunió a 500 trabajadores en una marcha al sindicato. En asamblea, votaron reclamar la reposición de la cláusula gatillo, paritaria ya y paritarios electos en asambleas; la titularización de todos los docentes precarizados, una asamblea general de la docencia y la movilización para el día siguiente ante la convocatoria del SITAS (salud).
La convocatoria del SITAS reunió más de 3000 trabajadores. A la misma confluyeron una columna de alrededor de 800 docentes autoconvocados, Sadop, Adiunt, sectores de la Salud de distintos puntos de la provincia, y columnas de varias organizaciones. La dirigente del SITAS denunció al gobierno y llamó a apoyar el paro de brazos caídos de la salud del día siguiente, pero no formuló ningún planteo de conjunto. Al concluir su discurso, la docencia autoconvocada ocupó el escenario. La asamblea que se desarrolló enseguida votó una nueva convocatoria para el martes 14, asambleas en los distintos ámbitos estatales, elegir delegados, abrir paso a una acción de lucha de conjunto.
El jueves 9, el paro de la salud se cumplió en un marco de fuerte presión represiva. La patota de ATSA, cuya dirigencia apoya el plan de Manzur, salió a tomar lista de los trabajadores que trabajaban normalmente o no. Los directores hicieron otro tanto. A pesar de ellos, en los hospitales no hubo consultorios externos y en varios lugares se dio lugar a un paro informático que golpea la administración hospitalaria en la facturación a las obras sociales.
Ese mismo jueves, se reunió el plenario del Frente de Gremios Estatales (asistieron directivos de una de las fracciones de ATE, directivos de varios sindicatos municipales, directivos de la Estación Experimental, Adiunt, Docentes autoconvocados, entre otros).
En el plenario hubo diversas posturas, pero se logró imponer que el plenario apoyara la convocatoria del martes 14. Algunos sectores municipales se movilizarán a la Plaza, otros se comprometieron a cortar algunas rutas del interior, y por acuerdo general se acordó convocar para el jueves 16 a un plenario abierto.
Se está creando el escenario para impulsar un congreso de delegados de bases de todos los estatales, que resuelva un paro activo provincial, un plan de lucha hacia la huelga general.
