Residencias: además de destruir salarios el gobierno es incapaz de garantizar el examen de ingreso

El “Ministerio de Prepagas” de Mario Lugones añadió un nuevo galardón a su prontuario: ahora no solo desmantela programas, desfinancia hospitales, retacea medicamentos oncológicos, cierra residencias o precariza a sus trabajadores… también hace fraude con el examen de ingreso a las residencias. Los aspirantes a ingresar a las residencias denunciaron esta situación desde el día cero: preguntas mal formuladas, que tenían varias respuestas correctas, y grupos de Facebook donde usuarios anónimos ofrecían los exámenes resueltos por montos que iban de 2.000 a 5.000 dólares.

En realidad, el bochorno del ministerio del Dr. “Prepagas” con el examen comenzó desde mucho antes, cuando sus funcionarios subieron con semanas de demora la bibliografía, que luego retiraron y volvieron a subir, bajar y subir, con el objetivo de censurar bibliografía científica vinculada a derechos y conquistas sociales. Esto fue acompañado por el cierre de los cupos para las residencias interdisciplinarias de salud mental (RISAM/C) y, finalmente, por la resolución 2109/25 que convirtió en becas precarizadas a las residencias nacionales el mismo día que 13 000 aspirantes rendían el examen para ingresar a ellas. Las consignas mal formuladas obligaron al ministerio a modificar varias veces la grilla de respuestas correctas, hasta que decidió dar por válidas todas las preguntas cuestionadas.

Haciendo de la necesidad virtud, el vocero Adorni trató de zafar del escarnio apelando al chivo expiatorio predilecto de los fascistas: una campaña xenófoba para colocar un manto de duda sobre los aspirantes extranjeros, provenientes de diferentes países latinoamericanos. Pero no se puede tapar el sol con la mano: sea quienes fueran que compraron los exámenes resueltos, en caso de que efectivamente se pruebe de que ello fue así, su venta solamente pudo partir de los funcionarios del Dr. “Prepagas” Lugones, los únicos con acceso a esa información confidencial. El escándalo tiene su semejanza con lo ocurrido con la Procuración del Tesoro en el fallo YPF, donde el gobierno acusa a los propios funcionarios mileístas por haber filtrado información clave al fondo Burford.

La solución que encontró a la crisis la pandilla de criptoestafadores y agentes de las prepagas que se encuentra en el gobierno es hacer pasar a los aspirantes a las residencias por una nueva amansadora. Aquellos que sacaron en el examen de Medicina, Enfermería y Bioquímica más de 85 puntos deberán volver a rendir en la primera semana de agosto. Se cotejarán sus antecedentes académicos y se determinará si tendrán que afrontar un examen oral o una nueva prueba escrita. El orden de mérito quedará cuestionado indefectiblemente, ya que estará compuesto por puntajes que responden a evaluaciones con formatos diferentes. Se trata de un nuevo ataque para quienes se encuentran estudiando hace meses o incluso años para ingresar a un sistema de formación en servicio, que el Gobierno devalúa cada vez más.

La incapacidad para garantizar el examen pinta de cuerpo entero a un Gobierno que solo ve en la salud pública un obstáculo para el crecimiento de los negocios de las prepagas y la medicina privada. Con sus jornadas extenuantes, guardias eternas y salarios bajos, el sistema de residencias funciona como un parche que permite que hospitales y centros de salud públicos se mantengan en pie. La contraparte, para los residentes, es el acceso a una formación profesional especializada. Para los funcionarios de “Prepagas” Lugones, atentar contra las residencias es quebrar uno de los últimos escudos que protegen al hospital público y, a la vez, habilitar el negocio de los llamados “fellows” y otras formas de arancelamiento de la formación de posgrado. Es lo que ya dijo Milei: “en otros países hay que pagar para especializarse”.

Las novedades que vienen de afuera, sin embargo, contradicen al presidente y confirman todos los reclamos que el movimiento de residentes viene formulando. El viernes pasado, en Inglaterra, miles de residentes iniciaron una huelga de cinco días denunciando los salarios de miseria que paga el gobierno laborista de Starmer. Los residentes reclaman un aumento del 29 %, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo que sus salarios tenían, en términos reales, previo a la crisis de 2008. Al estilo Adorni, en lugar de responder a las demandas, Starmer se quejó por los daños que la huelga provocará en los pacientes y por obturar las reformas con las cuales el laborismo aspira a privatizar el NHS, el sistema público de salud británico.

Mientras el Gobierno fracasa en organizar el examen de ingreso, sigue sin responder a las reivindicaciones de los residentes, que se multiplican también en otras jurisdiscciones como CABA y la provincia de Buenos Aires, donde macristas y kicillofistas pagan los mismos salarios de miseria que “Prepagas” Lugones impone en los hospitales nacionales. Es momento de darle continuidad a la gran marcha del 17 de julio que encabezaron los trabajadores del Garrahan y sus familias. Para esta semana, se está organizando un nuevo paro y movilización de los residentes de CABA y los trabajadores del Garrahan convocan a una marcha de velas el jueves 31 de julio, a las 18 hs, de Corrientes y Callao al Obelisco. El Gobierno recurrió a la burocracia sindical de UPCN para imponer nuevas paritarias del 1 % a todos los trabajadores estatales. Es necesario patear el tablero con más organización independiente y una huelga general autoconvocada de los residentes y todos los trabajadores de la salud.