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El actual intendente de Córdoba, Martín Llaryora pretende eliminar la cláusula gatillo para los trabajadores municipales, ajustar la planta de personal municipal, avanzando primero por los contratados y manteniendo la precarización laboral, entre otros ataques al convenio colectivo de trabajo.
Llaryora presentó un proyecto de ordenanza de “Emergencia Económica”, votado semanas atrás por la mayoría pejotista, que otorga “superpoderes” al ejecutivo municipal para hacer y deshacer y lo habilita a cometer estos agravios.
La pretensión del Intendente es eliminar la cláusula gatillo de la próxima paritaria y hacer pasar una suma no remunerativa para la liquidación del mes de diciembre-enero, con la venia de la burocracia del Suoem. Esto se pretende hacer pasar a cambio de una extorsión, para evitar la caída de los 339 trabajadores con la figura del 08 (contratado), dando muestra de la orientación del “pacto social” sin lucha que plantean para el municipio.
Ocurre que las diferentes formas de contrataciones basura han avanzado en la municipalidad, ya sea en la obra pública, en el sistema de salud o en la carrera docente son otros elementos. Mientras tanto, Llaryora no dice ni una sola palabra de los negociados con el ESOP, el ente de servicios y obras públicas, que a través de subcontrataciones con diferentes empresas realizan mantenimientos y obras, sobrevaluadas y con trabajadores tercerizados. Esto desmiente, que el “déficit” sean son los trabajadores municipales. Si no que el problema está colocado en el ESOP donde se destina gran partida presupuestaria para tareas que pueden realizar los trabajadores de planta permanente.
Hacia dónde nos debemos dirigir
La burocracia sindical ha venido dejando pasar sistemáticamente estos ataques. Ahora con el ´pacto social´, pretenden hacer pasar en un nuevo ataque a escala, no solo a escala municipal sino provincial, para liquidar conquistas históricas de los convenios labores. Como lo que está ocurriendo en municipios como Cosquín y Huerta Grande dónde detrás de la incapacidad de pagar los sueldos atacaron la estabilidad laboral. Recientemente han despedido a 100 trabajadores municipales de Mar Chiquita, que percibían un ingreso de 12 pesos mensuales.
Este escenario plantea una deliberación del conjunto de trabajadores privados y estatales de la provincia, los municipios y comunas, como ya ocurre en muchas dependencias del municipio y de la provincia.
Desde el Partido Obrero de Córdoba (Tendencia) impulsamos la convocatoria a un congreso de delegados de base que surjan desde las asambleas de lugares de trabajo que voten un pliego unitario: Vamos por el Pase a planta permanente de todos lo precarizados bajo convenio, Plena vigencia de la indexación salarial automática para no perder frente a la inflación, por paritarias sin tope, ni sumas en negro. Vamos por un paro provincial arrancado desde las bases hasta la Huelga General.
