Las definiciones educativas del albertismo

Escriben Federico Cano y Claudia Consiglio

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El nuevo ministro de Educación nacional Nicolás Trotta, en un reportaje a Página/12 ("Después de la lucha contra el hambre, la educación tiene que ser la prioridad" | Definiciones del ministro de Educación Nicolás Trotta), insistió en que toda inversión educativa estaría condicionada por un contexto de “fuerte restricción fiscal”. Una clara advertencia para las direcciones de los sindicatos que comulgan en su mayoría con el oficialismo y apoyan “reabrir la paritaria nacional docente”, mientras también apoyan a un plan de ‘reactivación’ que una transfiere recursos al Tesoro, de entre u$s 8 y 10 mil millones, por la vía de mayores impuestos y una reducción anunciada de salarios y jubilaciones.

La ‘reactivación’ amenaza al Fondo de Financiamiento Educativo -que, por ley, debe ser de un ya insuficiente 6% y se sub-ejecutó casi dos puntos por debajo de ese porcentaje. Al ser preguntado sobre cómo piensa recuperar la inversión perdida y de dónde sacará los recursos señala que “no es algo que esté definido todavía”. Cuando es consultado por los tiempos para trazar estos planes, Trotta nuevamente responde que “no tenemos un plazo determinado”. La improvisación del ministro de Educación Nacional es patética. Denuncia la intención de proceder a acuerdos de ajuste con gobernadores Ctera y sus sindicatos provinciales.

El Consejo Federal de Educación continúa, por ahora, su rumbo incierto enmarcado en el macrista Plan Maestr@, orientado en la mercantilización del conocimiento.

Primeros (y no únicos) choques

Un primer ataque del nuevo gobierno fue el intento de avanzar contra la movilidad de los regímenes mal llamados “especiales”. El rechazo inmediato de los docentes obligó a la dirección de la Ctera a largar un comunicado, advirtiendo de la situación al gobierno que finalmente tuvo que recular en este punto de su proyecto. Pero la pretensión de liquidar el régimen jubilatorio docente sigue en agenda, como en gobiernos anteriores, reforzando la vigencia de la reivindicación del 82% móvil jubilatorio.

Con la paritaria nacional docente “anunciada” estamos aún en veremos. Varios gobernadores, como Perotti (Santa Fe) o Manzur (Tucumán) adelantaron que no podrán mantener la “cláusula gatillo” en sus provincias. Así las cosas, la discusión paritaria con los gobernadores estará atada a resolver el problema crucial del déficit presupuestario. La mentada desindexación de la economía propuesta por los Fernández puede significar otra vez paritarias a la baja y muy lejos de alcanzar una recuperación de los salarios docentes pulverizados por la inflación pasada. El mentado bono de 3.000 pesos en dos cuotas, anunciado como “a cuenta de futuros acuerdos paritarios”, estaría condicionando la negociación paritaria con los sindicatos de antemano.

En el cuadro de “desindexación” de la economía –en el intento de controlar la inflación para ofrecer un plan de sustento para un acuerdo con el FMI y los acreedores de deuda–, muchas de los “planteos progresivos” (Plan Nacional de Lectura, ESI, Conectar Igualdad, etc) podrían dilatar, e incluso postergar, el debate salarial. Es necesario advertir que el salario es una variable pedagógica y no podrá haber un desarrollo educativo sin la puesta en valor integral de la actividad docente.

En el próximo período, la docencia de conjunto debe unificarse detrás de sus planteos más urgentes y concretos, para actuar en común en el terreno objetivo de sus demandas. Por otro lado, la derogación de las (contra)reformas (anti)educativas promulgadas durante el macrismo, sería un logro que implicaría frenar cualquier otra avanzada privatista y mercantilista en ciernes.

La construcción de un plan de lucha por todas las demandas pendientes de los trabajadores docentes y en defensa de la escuela pública es un planteo a desenvolver y debatir entre los docentes y el activismo de todos los niveles educativos; en un proceso de deliberación que los sectores combativos del gremio debemos impulsar más temprano que tarde.

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