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El segundo turno de las elecciones municipales brasileñas, realizado en 57 municipios con más de 200 mil habitantes, no confirmó la contraofensiva o recomposición de la izquierda que se había insinuado en el primero. De las cinco capitales que disputaba, la izquierda ganó apretadamente sólo en una, Belém do Pará, con el PSOL (Edmilson Rodrigues), que ya había gobernado la ciudad. Perdió en las otras cuatro (Recife, Vitória, San Pablo y Porto Alegre). El PSOL pasó a gobernar cinco municipios (son 5.570). El PT gobernará 183; por primera vez en lo que va del siglo, no gobernará ninguna capital. Las 183 alcaldías que obtuvo, por otro lado, representan una pérdida de casi 80 en relación a las 260 conquistados en 2016, en elecciones marcadas por la caída del gobierno nacional del PT (Dilma Rousseff) y por una estampida de intendentes y dirigentes regionales, que abandonaron el partido. Aunque mantuvo, relativamente, su caudal total de votos municipales, la votación nacional del PT estuvo lejos de la obtenida en el segundo turno de las elecciones presidenciales de 2018.
El progreso del PSOL fue escaso; su principal avance fue la potenciación electoral nacional de su candidato en San Pablo, Guilherme Boulos, que fue su candidato presidencial en 2018, cuando “aterrizó” en el partido, de la mano de Lula. Boulos obtuvo 40,6% de los votos, contra poco menos de 60% de Covas (PSDB). Esto es menos que el 45% que algunas encuestas le otorgaron en la semana previa, cuando Boulos se empeñó en seducir a los medios empresariales, mientras innúmeros militantes (no sólo del PSOL) salieron a la calle para conquistar el voto popular. El porcentaje de Boulos, aún así, fue superior al obtenido por el PSOL y el PT sumados en el primer turno, poco menos del 29%. El número de votos válidos creció un poco, aunque hubiera también una alta en las abstenciones (las otras siglas de izquierda no habían llegado sumadas, en el primer turno, al 0,1%, incluyendo al PCO, que llamó a votar en blanco en el segundo turno). El PSOL obtuvo, además, 1% más que la candidatura de Haddad (PT), en San Pablo, en el segundo turno de las elecciones presidenciales de 2018. Cortejando a los más viejos capitalistas, el PSOL busca aparecer como el partido de la “izquierda joven” (no una diferenciación de clase, sino etárea): su presidente nacional y su principal figura pública están en el andarivel de los 30 años.
Los analistas coincidieron en que el vencedor del pleito municipal fue la “derecha no-bolsonarista”, un conglomerado de partidos, algunos de reciente creación, donde habita lo peor de la delincuencia política y hasta el “crimen organizado”. Eduardo Paes, del DEM (una sigla oriunda del partido de la dictadura militar, Arena) vapuleó al bolsonarista pentecostal Marcelo Crivella, en el segundo turno de Río de Janeiro. El llamado “centro-derecha” tradicional, el PSDB (que gobernó ocho años el país, con Fernando Henrique Cardoso) y el MDB (el “partido-cargo estatal” por excelencia, que gobernó dos años el Brasil con Michel Temer, el vice de Dilma Rousseff) perdió muchos municipios y, sobre todo, votos: el PSDB tuvo seis millones de votos menos que en 2016. Con todo, el PSDB continúa siendo el partido que, a nivel municipal, gobierna el mayor número de personas (por lo tanto, impuestos y tributos) del país.
O sea, el panorama electoral para las presidenciales-generales de 2022 no se aclaró en absoluto. Ni tampoco la crisis política derivada de eso, en la medida en que crece avasalladoramente el consenso empresarial para descartar electoralmente a Bolsonaro y su familia/camarilla extendida de milicianos, algunos de los cuales, principalmente sus hijos, se encuentran a centímetros de la puerta de la cárcel. Una eventual candidatura única de “centro-derecha” para arrinconar al bolsonarismo y al centro-izquierda tendría que pasar por disputas y crisis que, teniendo en cuenta a sus protagonistas, puede llegar a desencadenar escenarios de plomo. Sabiendo eso, el bolsonarismo busca tallar, proponiendo la sustitución de la urna electrónica por el voto-papeleta, supuestamente para impedir la acción de hackers, realmente para reintroducir el “voto cantado” con base en el dúo complementario promesa/pistola. Parte del centro-derecha también propone la extinción del financiamiento público (estatal) de las campañas electorales, com el “loable propósito” de ahorrar ese dinero para “causas sociales”, liberando (o cerrando los ojos) al financiamiento empresarial, lo que dejaría al gran capital libre para imponer las candidaturas que más y mejor le lamiesen los zapatos u otras partes de su humanidad.
El telón de fondo que condiciona todo eso es la crisis económica y social, en situación de recrudecimiento de la pandemia. Es bastante dudoso que el aumento reciente en la Bolsa (Bovespa), adjudicado al efecto del dúo Biden+posible vacuna, revierta la fuga de capitales, que crece sistemáticamente desde mediados de 2019. El desempleo continúa avanzando sin parar, en condiciones en que el “auxilio emergencial” tiene fecha de vencimiento. El congelamiento y cortes salariales también continúan firmes, afectando en primer lugar a los trabajadores estatales en todos los escalones. Como el déficit fiscal también avanza, evocando el fantasma del default, la única manera de salvar del hambre y la miseria a decenas de millones sería, en primer lugar, atacar los lucros y la propiedad del gran capital financiero. Confrontando, de inmediato, las medidas reaccionarias del gobierno, cuyo Ministerio de Educación acaba de ordenar el retorno inmediato a la actividad presencial, contra docentes, funcionarios y alumnos. El programa que se desprende de tal situación, cada vez menos potencial y más real, para una izquierda clasista, salta a los ojos.
La “izquierda política”, sin embargo, no trabaja en función de esa crisis de conjunto, ni tiene un programa clasista. La única expresión electoral clasista, el PSTU, oscila entre el oportunismo y políticas sectarias y de autoproclamación, que lo hundieron electoralmente. Con las cifras de las municipales en la mano, la izquierda se ha lanzado a todo tipo de especulaciones electorales con vistas a 2022. Comienza a dominar la tesis del “frente amplio de izquierda”, defendida también por el PSOL, que afirma que el frente no tendría por objetivo cargos y candidatos, sino un programa (sobre el que el PSOL se cuida de decir una palabra). La composición sugerida del frente deja entrever que la disputa por cargos y candidaturas será feroz. Raul Pont, ex intendente de Porto Alegre y figura de la “izquierda del PT” (pertenece al SU de la IV Internacional) produjo un significativo documento en el que aboga por un “frente amplio” en moldes uruguayos o chilenos.
El frente propuesto iría desde el PDT (partido declaradamente burgués, inclusive en su práctica gubernamental, actualmente sólo Amapá, estado protagonista de un desastre energético debido a las políticas de privatización), el PSB (que gobierna tres estados, inclusive Pernambuco, en cuya capital, Recife, acaba de derrotar al PT con base en una campaña electoral macartista) hasta partidos trotskistas, pasando por todo el arco intermediario. El programa sería el “mínimo” (o sea, burgués) y la actividad no sería de combate, toda vez que en varias partes del país los componentes se encontraban en lados opuestos de la barricada (y barricadas hay, en Amapá la represión contra ellas fue violenta).
Un frente político clasista, de izquierda y de combate, depende, en primer lugar, de la estructuración política de la vanguardia clasista. Ésta existe, numerosa y activa, en sindicatos y movimientos de lucha, pero se mantiene apartada de la lucha política, escéptica y carente de un balance superador de la experiencia gubernamental del PT y del retroceso nacional de la izquierda, com formulaciones, inclusive, de abstención en la lucha político/partidaria. La formulación de un programa con base en ese balance es la tarea puesta en el horizonte político inmediato de la vanguardia revolucionaria, y es también una tarea internacional.
