Tiempo de lectura: 2 minutos
En la segunda semana de enero la fabrica ALCO, una alimenticia ubicada en Sumalao (Valle Viejo) que cuenta con 120 obreros, desde hace una semana se ha visto bloqueada como respuesta a 24 despidos. El reclamo es la reincorporación y el pago de salarios adeudados a todo el personal, que suma aproximadamente un total de 12 millones de pesos
Los despidos se habían anunciados en octubre de 2019, fueron confirmados luego de la etapa de conciliación obligatoria en diciembre con el argumento de que eran necesarios para continuar produciendo en Catamarca. La patronal ha afirmado que con 40 trabajadores puede en las actuales circunstancias hacer funcionar la empresa
A partir de este hecho, los trabajadores emprendieron un bloqueo en la entrada de la fábrica durante 15 días en diciembre, que fue suspendido ante una promesa patronal de pago de las deudas. Al no cumplirse lo planteado, se retomaron las acciones al inicio de la segunda semana de enero los despedidos retomaron la acción de bloqueo.
La patronal, pretende rendir la resistencia de los despedidos y obligarlos a aceptar un 60% de la indemnización pagadero en 24 cuotas. Para esto cuenta con la colaboración de la dirigencia de STIA, que ha logrado impedir que los trabajadores ocupados se sumen a la lucha y de paso se saca de encima al activismo opositor, al punto que entre los despidos se encuentra un delegado en funciones y varios postulantes de las pasadas elecciones.
El pasado miércoles 8 de enero, se realizó una marcha frente a la Casa de Gobierno en reclamo de soluciones: pago del salario adeudado y la reincorporación de los 24 despedidos.
Estas acciones obligo al Ministro de Gobierno a concurrir a puerta de fabrica y a comprometerse ante los trabajadores que el gobierno iba a efectuar un pago de 2,9 millones de pesos adeudados a la firma por compra de producto y su utilización para el pago de deudas salariales, priorizando a los despedidos, con la condición de levantar el bloqueo.
La respuesta de los compañeros en lucha fue clara: no se considerará ese pedido hasta que no se tenga la plata en el bolsillo, rechazando la maniobra del gobierno patronal y de la propia patronal.
El conflicto sigue abierto pero no es el único.
En los últimos meses la provincia estuvo recorrida por un reguero de reclamos. Los 300 despedido de Alpargatas, luego de su cierre, se han movilizados porque quedaron en el aire, luego que el exintendente Jalil, quien venía otorgando una ayuda social a cada trabajador, asumiera la gobernación de la provincia. A su vez, los municipales han protagonizado importantes movilizaciones, algunas reunieron varios miles de trabajadores, reclamando el pase a planta de los precarizados. Conflictos similares se han producido en varios municipios. Neba, una metalúrgica importante, ha despedido a todos sus trabajadores a los cuales pretende pagarle la mitad de la indemnización y en numerosas cuotas, mientras negocia el traspaso a manos de otro grupo empresarial. Otras empresas (Finpack, Yersiplast, etc) ubicadas en el Pantanillos también han cerrado dejando un tendal de despidos.
Todas las burocracias se juegan a dejar en el más completo aislamiento cada lucha para llevarlas a su derrota, por eso el camino debe ser el opuesto. Es necesaria la unidad de todos los trabajadores para poder encarar una lucha de conjunto, a fondo para imponer frente al derrumbe industrial y los despidos, el reparto de las horas de trabajo, sin afectar el salario, el control de la producción por parte de los trabajadores y la apertura de los libros contables de la empresa. En esa perspectiva, desde los sectores combativos esta planteado impulsar la formación de una coordinadora provincial de lucha que organice y oriente la acción de los trabajadores, privados y estatales, superando el sabotaje de las burocracias.
