Merlo: la docencia se pronunció contra el retorno a las aulas en pandemia

El pasado viernes 4 de diciembre se llevó a cabo una jornada institucional para hablar sobre el plan del gobierno de retorno a las aulas en plena pandemia. En las escuelas donde los delegados Multicolor pudimos desplegar nuestras posiciones o allí dónde los directivos habilitaron el debate honesto, la docencia rechazó el llamado “Plan Jurisdiccional”.

Lo primero que se puso de manifiesto fue que los docentes somos, una vez más, convidados de piedra; la jornada estaba armada para que el gobierno venda la ficción de que cuenta con nuestro consenso. Pero le salió el tiro por la culata, porque las jornadas se convirtieron en un pronunciamiento contra un plan que pone en riesgo la salud y la vida de toda la comunidad educativa.

Hubo, en cambio, consenso generalizado con relación a considerar que las medidas protocolares de higiene y seguridad que establece el plan son una fantasía, al igual que los doce puntos básicos de infraestructura firmados en la paritaria 2011: adornan los documentos, pero el gobierno no destina presupuesto para hacerlos realidad. Los docentes sabemos por experiencia propia que, una vez en las aulas, no tenemos ninguna garantía de que las clases se suspendan si no están dadas las condiciones que prevé el Plan Jurisdiccional. El Consejo Escolar y los comités mixtos que integra la burocracia sindical también deciden a nuestras espaldas habilitando escuelas sin condiciones y se niegan a hacer públicas las actas. Por eso, fue muy bien recibida la propuesta de comités por escuela de infraestructura, higiene y seguridad, integrados por docentes, auxiliares y padres, con poder de veto, es decir, que tengan la prerrogativa de suspender las clases si no hay condiciones edilicias y sanitarias.

El segundo consenso al que arribamos fue el de denunciar como una mentira que no vayamos a sufrir una sobrecarga laboral. Aunque el documento se esmera en repetir el resguardo de los derechos laborales, la verdad es que estos derechos fueron vapuleados todo el año con la continuidad pedagógica en la virtualidad. Del esquema bimodal que propone el Plan, se deduce la consecuencia lógica de sobrecarga porque, al trabajo virtual que ya desarrollamos, se le sumarán las clases presenciales. Ni hablar de la sobrecarga para preceptores y auxiliares a partir del esquema de grupos alternados, bloques de 90 minutos y recreos para cada grupo. A las expresiones vagas del Plan Jurisdiccional de “fortalecer plantas orgánicas”, los docentes le opusimos un planteo claro: garantizar 20 estudiantes por curso, nombramiento de todos los cargos, duplicación del plantel de auxiliares y un preceptor por curso. También planteamos la ampliación de los Equipos de Orientación que, junto a la universalización del sistema alimentario, son medidas efectivas y adecuadas en función de las problemáticas socioafectivas de nuestros estudiantes.

Asimismo, coincidimos en la exigencia de dispostivos y conectividad gratuita para docentes y estudiantes. La progresividad del Plan Jurisdiccional plantea que los primeros en volver a las aulas serán los estudiantes que quedaron desvinculados. El gobierno, que les negó los insumos básicos para la virtualidad a los estudiantes en situación vulnerable, los prioriza a la hora de exponerlos al contagio de un virus mortal. El documento, que alude reiteradamente a “materiales impresos” y “cuadernillos”, confirma que el gobierno piensa achicar la brecha digital garantizando sólo lápiz y papel. Los docentes también expresaron su dificultad para acceder a una computadora o cambiar el celular partiendo de salarios de pobreza. Esta misma semana, el gobierno anunció un nuevo plan de endeudamiento para docentes, para que puedan adquirir una computadora, y habilitó un aumento del 20% en los servicios de cable, telefonía e Internet. Esto dejó planteada también la exigencia de un salario igual a la canasta familiar.

En el Plan Jurisdiccional se omite toda referencia al contagio por micropartículas que pueden quedar horas flotando en el aire en espacios cerrados. Esta forma de contagio reconocida por la OMS es omitida en el documento, porque saben perfectamente que están mandando a los docentes y estudiantes al matadero.

Los propios directivos pusieron en duda las posibilidades de aplicación del Plan Jurisdiccional y se debatió la intención del gobierno de vacunar a los docentes antes de marzo para ir a un esquema de presencialidad completa. Esto permitió abrir el debate de que el gobierno intenta convertirnos en cómplices de su política criminal: exponer a los chicos al contagio y, a través de ellos, a sus familias. Omite que la malnutrición es una morbilidad asociada a casos graves y fallecimiento de niños por COVID-19 y que, incluso en casos leves o asintomáticos, se desconocen las secuelas a largo plazo que deja el virus. Si bien docentes y chicos queremos volver a las escuelas, quedó claro que el retorno a la presencialidad debe darse cuando TODOS estemos vacunados y se garanticen las condiciones dignas y seguras de trabajo.

Los compañeros de la Multicolor explicamos que una de las razones es la presión patronal que necesita de la escuela-guardería para no pagar las licencias a los padres a cargo. Este planteo quedó confirmado en la propia jornada en la que se informó que, en caso de que los docentes soliciten a partir de ahora nuevas dispensas si tienen hijos a cargo, se les requerirá un trámite adicional sujeto a la aprobación de la Jefatura Distrital. En relación a las dispensas, además, como no se contempla la designación de suplentes, se violentan también derechos laborales.

En definitiva, los docentes no dimos nuestro consenso a la escuela-guardería, a la escuela de la equidad de papel, sin condiciones de infraestructura e higiene, con salarios de pobreza y sistemas alimentarios insuficientes, la escuela de la exposición al contagio. La lucha que dimos ayer en la jornada institucional nos plantea sumar al resto de la comunidad educativa: a los auxiliares, a nuestros chicos y a sus familias, en la defensa de la educación, la salud y la vida.