Estatales a planta permanente: el gobierno intenta poner paños fríos al reclamo salarial

El gobierno nacional anunció la puesta en marcha del Plan Integral de Regularización del Empleo Público, que consistiría en el concurso para acceder a la planta permanente de 29 mil empleados públicos precarizados durante los próximos tres años.

Este anuncio presentado por el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero fue defendido por él mismo como la necesidad de avanzar en las políticas de regularización, concurso y carrera administrativa. Lo cierto es que la precarización laboral en el Estado lleva décadas, siendo una política que han sostenido todos los gobiernos de turno desde el menemismo hasta hoy, incluyendo los 12 años ininterrumpidos que gobernó el kirchnerismo.

No es ninguna noticia que en la Administración Pública Nacional conviven las más variadas formas de relación laboral: existen miles de trabajadores bajo el régimen de monotributo tercerizados a través de organismos o universidades que actúan como agencias de empleo, becarios, residentes, concurrentes, otros tantos bajo convenio, pero con contratos de duración anual, semestral y hasta trimestral, asimilados parcialmente a categorías de planta pero sin percibir adicionales; y una planta permanente con limitadas posibilidades de ascenso.

Visto sin tanta sutileza, lo único novedoso es la presentación de una plataforma digital, ConcursAR, mediante un power point con normativas y objetivos, siendo un anuncio cuya garantía de implementación y transparencia está en manos de los mismos que han perpetuado la precarización laboral en el Estado.

Tampoco es la primera vez que el ejecutivo de turno hace un anuncio en relación a la regularización del empleo que ellos mismos han mantenido de manera irregular. Son incluso exactamente los mismos funcionarios solo que ahora con otro sello político.

Cabe decir, que no resulta una coincidencia que el presente anuncio se haga en el mes de diciembre para compensar la magra paritaria que han acordado, luego de un año con cuatro meses de paritaria cero, un mísero 7 % y una inflación galopante que pesa sobre los bolsillos de los trabajadores en medio de la crisis sanitaria y económica. El nuevo acuerdo rige a partir de febrero (4%), marzo (6%) y mayo (8%). Es decir garantiza una pérdida salarial hasta mediados del próximo año.

En la reunión estuvieron también los secretarios generales de UPCN, Andrés Rodríguez, de ATE Nacional, “Cachorro” Godoy, y de ATE Capital, Daniel Catalano, quienes le festejaron al Gobierno el anuncio. Sucede que se trata de un paño frío cuando la amplia mayoría de los trabajadores estatales percibe un salario por debajo de la línea de pobreza, y en un cuadro donde la paritaria de 7 % recogió el rechazo de los trabajadores en todas las dependencias estatales.

El anuncio es un salvavidas para las direcciones sindicales que aceptaron sin consultar, sin convocar a ninguna instancia de deliberación y dando la espalda a los miles de trabajadores estatales que están hartos de perdidas salariales e inestabilidad laboral.

Se plantea la necesidad de romper con la entrega de la burocracia sindical; y para eso es necesario organizar esas instancias de deliberación entre los trabajadores, asambleas generales o sectoriales sin distinción de afiliación, organizar los reclamos con un verdadero plan de lucha para rechazar la actual paritaria. Se impone el reclamo por un aumento del 50%, y por el pase a planta de todos los trabajadores precarizados por orden de antigüedad, bajo el control de comisiones votadas en asamblea.

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