2021: “A las aulas”

Escribe Mariano Hermida

Tiempo de lectura: 4 minutos

A contramano del incremento de casos que anticipa la “segunda ola” de coronavirus, el gobierno nacional presentó un documento para retomar las clases presenciales en las 24 provincias del país.

El documento de marras, titulado “A las aulas”, fue presentado el 29 de diciembre pasado ante representantes de ochenta cámaras empresarias, ONGs, instituciones privadas educativas y clericales. Entre otros, participaron IDEA, Agenda Educativa, Argentinos por la Educación, el Consejo empresario mendocino (CEM), la Comisión de Pastoral Social de la Diócesis de San Rafael, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, FAERA (Federación de Asociaciones Educativas Religiosas) y la Fundación Argentina María Montessori. El texto es una síntesis de las políticas educativas que tomó el Ministerio de Educación durante el 2020 y el plan de trabajo para el retorno a las clases presenciales en 2021. El gobierno sostiene que: “La reapertura de las escuelas y el desarrollo de clases es la tarea más relevante que vamos a desplegar en todo el territorio nacional”.

La reapertura de escuelas, cuando en todo el mundo se están viendo las consecuencias catastróficas de las “segundas olas”, sería criminal. En Reino Unido, Boris Johnson tuvo que acceder al reclamo de los gremios docentes y cerró todas las escuelas de Londres por el nivel incontrolable de contagios entre niños y niñas. En Argentina, la segunda ola de covid se esperaba para marzo o abril. Según el cronograma que presentó el gobierno, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Jujuy, que lo adelantarán dos semanas, las provincias acordaron iniciar el ciclo lectivo 2021 en la primera semana de marzo.

Volviendo al texto, el Ministerio de Educación pretende dar cuenta de todas las acciones que realizó el gobierno nacional para asegurar el derecho a la educación pública bajo la pandemia en el 2020. Pero, sobre el final, el propio texto termina reconociendo que “a pesar de todas las acciones desplegadas, sabemos que la crisis sanitaria y la suspensión de clases presenciales van a ampliar las brechas de desigualdad social y educativa que ya eran muy profundas antes de la pandemia”. Y continúa: “Al impacto del crecimiento de la pobreza por ingreso sobre la población de niños, niñas y adolescentes que se proyecta en un 60% hacia finales de este año, hay que sumar los efectos de las heterogéneas posibilidades de sostener la actividad educativa en los hogares durante la suspensión de clases, que no sólo se van a expresar en aprendizajes muy desiguales sino también en el incremento de las tasas de abandono” (ídem). A confesión de partes, relevo de pruebas.

Este fracaso es fundamentado con las siguientes estadísticas, que también brinda el texto oficial: el 45 % de los hogares no dispone de una computadora en funcionamiento. El 52 % de los hogares no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. Tres de cada diez de hogares del país no tienen acceso fijo a Internet (el 27% accede sólo desde el celular y 3% no cuenta con Internet de ningún tipo en el hogar). El estudio admite que “La barrera tecnológica fue la dificultad principal para la comunicación de docentes con hogares y estudiantes: solo un tercio de las y los docentes tiene una computadora que puede usar de manera exclusiva; un 45% de los hogares no dispone de una computadora en funcionamiento y 53% no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. Más del 80% de las y los docentes indicaron que la conectividad y el equipamiento tecnológico fueron las dos principales dificultades de sus estudiantes”. El gobierno admite que alrededor de un millón de estudiantes podrían “desvincularse del sistema escolar”, una forma elegante de presentar la expulsión los estudiantes del sistema educativo. La gestión capitalista de la pandemia significó mandar al bombo la educación pública por no proveer las herramientas necesarias para su desarrollo (equipos, conectividad, etc.), aspecto que fue denunciado por la docencia desde que se iniciaron las clases a distancia.

Improvisación

El gobierno anuncia un retorno presencial sin adoptar ni una medida para ello y las que si hace son siempre de espaldas a la comunidad educativa. Ahora, señala que el 2021 encuentra al Estado “preparado” y se envalentona presentando que tiene los “protocolos aprobados, los acuerdos pedagógicos básicos consensuados y en aplicación” y que junto con la “posibilidad cierta de la vacunación en el verano”, considera que tiene el camino llano para avanzar en la presencialidad en las aulas. Los docentes fuimos categorizados como trabajadores “esenciales”, pero no hay nada que indique que se garantice la vacuna antes del inicio del ciclo lectivo. Tampoco para los alumnos. Las obras de infraestructura escolar que se anuncian no se condicen con las necesidades de los edificios escolares y no hay ninguna medida que atienda la creación de los miles de cargos que hacen falta en el país. Con el acuerdo de la burocracia sindical - que firmó sin mandato de sus bases- el salario básico terminó en los $27.500 y los costos de la “virtualidad” fueron asumidos por la docencia. Los “protocolos” a los que alude el gobierno fueron avalados por la dirección de la CTERA, pero fue rechazado en toda asamblea docente convocada en cualquier rincón del país.

El gobierno no pudo “levantar” la cuarentena en las escuelas por la fuerte resistencia con la que encontró tanto entre las familias como la docencia, porque conocen al dedillo el estado calamitoso de los edificios escolares y el riesgo que ello implica para sus vidas y su salud. La rebelión docente en la Capital Federal contra la presencialidad impulsada por Larreta y Soledad Acuña, fue sólo la punta del iceberg de un proceso más general que se incuba en todas las provincias del país y que se manifestó en el “Mendozazo”, en la huelga general auto convocada de Misiones y en las extendidas luchas en las provincias del sur.

La docencia afrontará la lucha contra el regreso a las aulas en el 2021 de manera combinada con la pelea salarial y su propia paritaria. Las seccionales combativas y direcciones anti burocráticas deben tomar como punto de apoyo lo conseguido por el gremio aceitero, que, con el método de la huelga general y la coordinación, conquistó un salario básico igual al costo de la canasta familiar, de $93 mil pesos.

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