Presencialidad en las aulas: una farsa que podría costarnos la salud y la vida

Escribe Germán Lavini

Que los docentes decidan cuándo y cómo volver a las aulas. Preparemos el plan de lucha de todos los niveles por el no inicio en las actuales condiciones.

Tiempo de lectura: 5 minutos

El gobierno de Fernández y el ministro Trotta tiene en claro que, al día de hoy, no existe ninguna condición real para afrontar un retorno siquiera parcial a la presencialidad educativa. Sin embargo, se han puesto a la cabeza de una campaña descabellada por la apertura de las escuelas.

Tras el lanzamiento del documento "A las aulas", del Concejo Federal Educativo, el ministro Trotta, se dedica a recorrer el país buscando imponer la presencialidad en las 24 provincias, estableciendo fechas y cronogramas de apertura, en acuerdo con los gobernadores y sus ministros de Educación, a espaldas de la docencia y de toda la comunidad educativa. La aventura que promueven los funcionarios va a contramano de las recomendaciones de los investigadores y los científicos, quienes alertan sobre el gravísimo marco epidemiológico actual, y de la experiencia que se está desarrollando en todo el mundo – cada vez más naciones se ven asoladas por rebrotes y mutaciones del virus, e implementan medidas drásticas de cierre de establecimientos educativos, ante el incremento de casos entre los más jóvenes y la incertidumbre que provoca la aparición de nuevas cepas.

El señalamiento de Gustavo Galli, docente e investigador de UNAHur, es categórico sobre el impacto que "la apertura de todas las escuelas implica un movimiento de al menos 15 millones de personas en todo el país, en un rango horario más bien acotado" (Tiempo Argentino, 16/1), cuando Argentina escala a 1.800.000 contagios y más de 45 mil muertes. Es un salto criminal al vacío.

Presencialidad forzada, anticipo de un nuevo fracaso

Al gobierno del ajuste y mucho menos los grupos económicos que bregan por la presencialidad, no los mueve ninguna preocupación por la continuidad pedagógica, o la deserción educativa, o la afectación de la subjetividad en la niñez. Esta cruzada, que une al gobierno del Frente de Todos con Cambiemos (que clama porque "abran las escuelas"), pero también a Juan Grabois, quien ha tuiteado que "como padre y militante, exijo que vuelvan las clases".

Desde la propia izquierda, se ha manifestado una adaptación a la presión de esta campaña por la presencialidad, adornando su capitulación con un rosario de reivindicaciones: "Romina Del Plá, que defendió la educación presencial, señaló que la virtualización improvisada que se anunciaba no podría suplantar la interacción presencial en el aula, y que era necesario una enorme inversión para que estudiantes y docentes tuvieran equipos y conectividad gratuitos..." (Prensa Obrera, 18/01). El oficialismo del PO se vale de un festival de denuncias para no fijar posición sobre cómo debe intervenir la docencia y el activismo de los sindicatos recuperados, en esta coyuntura.

En todos los casos la apertura de escuelas se ha convertido en un slogan electoral contra la docencia, que ha resistido este retorno forzoso. El debate fraudulento sobre la presencialidad y la interacción pedagógica en las aulas apunta a encubrir la incapacidad del régimen para garantizar y sostener un plan educativo de contingencia en la virtualidad, incluida la licencia con goce de sueldo de los adultos a cargo del cuidado de los menores en sus casas. Existe una gran presión de la clase capitalista por la ´normalización´ de la escuela, aunque el costo sea el sacrificio de la población trabajadora.

La CTERA y los sindicatos docentes, integrados al gobierno, tras el letargo de un año de haber abandonado todos los reclamos y entregado todas las negociaciones paritarias sin lucha, van a la zaga de esta campaña, eludiendo cualquier pronunciamiento o denuncia contra esta peligrosísima campaña del gobierno, incluso actuando como facilitadores de la apertura sin garantías.

En un documento dado a conocer este lunes, CTERA concede que el regreso de las clases presenciales debe ser consensuado con los maestros, pero en paritarias por distrito, "para atender las realidades específicas de cada lugar", o sea los trabajadores de la educación y la población serán librados a su suerte frente a los gobiernos de cada provincia. Una maniobra que busca desarmar a la docencia y eludir cualquier respuesta unificada frente a la ofensiva patronal criminal.

“A las aulas”, sin presupuesto y con hambre

La anunciada apertura pretende desplegarse sobre la misma estructura educativa quebrada, que ya existía antes de la pandemia, con edificios derruidos, sin agua, ni cloacas, con faltantes de todo tipo, instalaciones precarias, sin refacciones, sin haber realizado adaptaciones ni reformas necesarias. Sin crear las horas y cargos que este proceso implicaría. El rudimento de protocolo ´sugerido´ por el gobierno es, ante todo, inviable.

El presupuesto 2021 que aprobó el Congreso profundiza el desmantelamiento presupuestario para la salud y la educación. Los salarios de sus trabajadores, además, han perdido cualquier relación con el costo de vida y la inflación.

A lo largo del año, el Estado no fue capaz de garantizar provisión de soporte y conectividad a estudiantes y docentes, lo que dejó a la deriva, sin trabajo y sin salario a decenas de miles de docentes reemplazantes de todo el país. La docencia y las familias trabajadoras debieron sacar adelante la educación frente al abandono estatal, con sus propios medios y recursos, deja a las claras que no hay ninguna garantía de que se reviertan estas condiciones en el plazo nimio que resta al inicio del ciclo lectivo.

Pero el propio Trotta manifiesta “que no existe infraestructura para la presencialidad absoluta ni en ciudad, ni en ningún distrito" (Clarín, 17/1) y que se implementará una modalidad mixta, o "bimodalidad", una nueva improvisación, que atenta contra el régimen laboral docente y acrecentará la precarización y superexplotación ya existente. Asimismo, el mecanismo de "burbujas" implica la articulación de un ingreso secuenciado y escalonado, una alteración de los horarios de trabajo, pero además es irrealizable cuando un docente trabaja en más de una escuela, como en secundaria, o en doble cargo en la primaria.

Vacunas para nadie

La crisis por la provisión de vacunas y la disputa mundial por su acaparamiento han llevado a Trotta a declarar que “la vacuna no es condición indispensable para la presencialidad”. Dicho en criollo, no habrá vacunas, o al sumo habrá unas pocas que justifiquen que se ha iniciado la “campaña de vacunación”. No piensan cumplir ni siquiera con ese pre-requisito mínimo e indispensable. Los "Médicos porteños piden que no abran las escuelas sin vacunación" (Infogremiales, 17/1). Por otro lado, se omite que no existe ningún plan para proteger al conjunto de la comunidad educativa de manera integral, que abarque a docentes, asistentes escolares, estudiantes y familias.

Qué hacer

El problema de fondo es cómo se prepara la docencia para responder.

El activismo y los sindicatos antiburocráticos deben fijar una posición y preparar con plenarios de delegados y asambleas el plan de lucha de todos los niveles por no inicio. Por un plan efectivo e integral de provisión de soporte y conectividad para garantizar la educación virtual, hasta que existan condiciones epidemiológicas efectivas para la presencialidad. Con derecho a la desconexión. Respeto a las condiciones laborales. Creación de cargos, Incorporación de los docentes desocupados para reforzar un plan de educativo en la virtualidad con salario de convenio. Salario igual al costo de la canasta familiar. Puesta en marcha de un plan de obras que ponga en condiciones la infraestructura de los edificios educativos.

Cualquier plan de retorno a la presencialidad debe ser definido por la docencia. El gobierno debe dar garantías para que haya clases, y es una responsabilidad del activismo docente señalar que no están dadas las condiciones mínimas para la presencialidad, pronunciarse y organizar el no inicio de las clases a nivel nacional hasta que existan condiciones sanitarias seguras.

Suscribite a Política Obrera