Trabajadores de salud sin licencias, otra vez

La llegada de la segunda ola en el país coincide con la entrada en vigencia del fin de las licencias para el personal de salud, previstas en CABA a partir del 31 de marzo. El crecimiento de casos y las mutaciones del virus encuentran a un sistema sanitario en las mismas o peores condiciones que hace un año, ya que al desfinanciamiento crónico debemos sumar el agotamiento de las y los trabajadores, que el cese del derecho a licencia solo logra agravar. Tampoco el personal de salud fue vacunado en su totalidad, y ya se anunció que aquellos que se están vacunando ahora recibirán por el momento una sola dosis.

Sin aportar un peso a la recomposición de salarios o a la contratación de más personal, el gobierno volvió a echar mano al recurso de la emergencia sanitaria y la eliminación de las licencias -sin reconocer que de esta forma se convierte en un estado no excepcional sino de permanencia. El nuevo decreto vuelve a habilitar los cambios de tareas, afectando consultorios externos, áreas quirúrgicas y clínicas para que se avoquen a la atención de los infectados. Otra vez, los hospitales pasan a ser “hospitales Covid”, aplazando las cirugías que supuestamente “no implican un riesgo de vida” y desatendiendo el resto de las problemáticas de salud.

Lejos de proponerse la contratación y capacitación de más personal, los sistemas de formación en el área de salud languidecen por la falta de recursos, los bajos salarios y las condiciones de superexplotación que implican para sus candidatos. El caso más extremo es el de las concurrencias, un sistema de formación en servicio “ad honorem”, que quedó en jaque con la llegada de la pandemia. Ocurre que las concurrencias, al no considerarse una relación laboral, además de no brindar salario tampoco cuentan con una ART. Trabajar sin ART en un hospital en plena pandemia se convirtió en enorme peligro.

Esto fue registrado por las autoridades sanitarias pero, en lugar de brindar esta cobertura elemental, lo que sucedió fue que las direcciones de los hospitales decidieron cerrar nuevos cargos para concurrencias. Esto que ya ocurrió en el concurso del año pasado, volvería a repetirse en 2021, condenando a las concurrencias a una lenta desaparición. Tenemos así menos formación de profesionales y no más. Frente a la lucha y organización del sector, el gobierno salió a difundir un seguro de vida, que taza en 500 mil pesos el precio de la vida de un concurrente.

El recorte de cargos de concurrencias no vino acompañado de un aumento de puestos de residencia, mucho menos de planta permanente. La única medida tomada por el gobierno porteño fue incorporar personal con contratos transitorios y precarios, que muchas veces debieron ir a la huelga para poder cobrar sus salarios. En la mayoría de los casos, esos contratos que sirvieron para cubrir puestos en las UFU u operativos de testeo, ya fueron dados de baja.

El cierre de las licencias no tiene ningún tipo de compensación para los trabajadores de la salud. En lugar de recomposición salarial, las paritarias de Sutecba y AMM aseguraron una nueva poda del poder adquisitivo, 20 puntos por debajo de la inflación proyectada para este año (tras quedar 13 puntos abajo en 2020 y mucho más si se toma lo perdido en los últimos cuatro años). Los sindicatos que firmaron estas paritarias se alinean con el ajuste salarial y de personal y solo tienen para ofrecerles a los trabajadores nuevos sacrificios.

En el caso de las residencias y las licencias por estrés la situación es gravísima, ya que no solo no se van a otorgar (en el momento de mayor estrés para el personal) sino que el gobierno se niega a abonarlas para aquellos que ya no podrán tomárselas por la finalización de sus contratos. La gestión capitalista de la pandemia implica una sistemática agresión a los derechos laborales de los trabajadores de la salud.