Provincia de Buenos Aires: la flexibilización laboral de la docencia y el retorno “voluntario” de los mayores de 60 años

Desde noviembre del 2020, cuando se empezó a plantear la posibilidad de volver a las aulas, inspectoras y autoridades de la DGCyE empezaron a repetir la cantinela “todos los niños de la escuela son alumnos de todos los docentes de la escuela”.

Con esta fórmula, pretendían y pretenden garantizar clases presenciales a los alumnos de los docentes dispensados sin necesidad de nombrar suplentes, haciendo que el personal docente que no es considerado de riesgo se haga cargo de sus burbujas y de las burbujas de otros, aumentando así la circulación y las posibilidades de contagio.

Esta medida es antiestatutaria, ya que cuando un maestro toma un cargo, toma un grado, y si un profesor toma horas, son sobre una materia y un grado específicos. El reglamento general de Instituciones Educativas permite establecer un plan de contigencia que contempla cierta flexibilidad para atender a un problema ocasional, pero a esta altura, ya pasado un año, no puede considerarse una “contingencia” a la situación actual.

El gobierno es muy consciente de lo irregular del asunto; por eso trató el tema en la paritaria que se reunió en octubre pasado. Los sindicatos, en vez de defender que se cubran las dispensas con suplentes, avalaron esta flexibilización laboral, que no solo precariza las condiciones de trabajo sino que deteriora la educación que se imparte en estas condiciones. El único derecho que parece que han defendido es que se “respete la carga horaria vigente” y el área de incumbencia de cada docente y pareciera que deberíamos agradecérselo.

Ahora llega una nueva resolución que les permite tomar suplencias a los mayores de 60 años bajo su propia responsabilidad, mediante la firma de una declaración jurada. Este mecanismo pérfido, que utiliza la necesidad económica para que personas de riesgo se expongan al virus, es utilizado también para presionar al personal dispensado que tiene cargo u horas para que renuncie a su derecho al trabajo domiciliario y vuelva al aula a exponerse al covid, previa firma de su propia sentencia de muerte.

Todas estas maniobras, tienen como único objetivo ahorrarse la plata del sueldo de los suplentes mientras siguen con el simulacro de la vuelta a la normalidad a costa de sobrecarga laboral de los que son carne de cañón y de la vuelta a la exposición de los mayores de 60 que, de ceder, correrían doblemente ese riesgo.

Si tanto le interesa la presencialidad, el gobierno debería haber nombrado el 1 de marzo los miles de suplentes que faltan, pero usar la necesidad para obligar a la gente a exponerse al contagio también es una perfidia. Por esto es necesario que se paguen los sueldos de todos los docentes que no pueden tomar cargo, para ello tienen todo el dinero que se ahorraron el año pasado con la suspensión de los actos públicos.

Es evidente que el aumento de los contagios coincide con la apertura de las escuelas. Con 16.000 nuevos casos por día, sin vacunas para toda la comunidad, la mera farsa de la presencialidad es criminal.

En defensa de la vida y la salud, docentes y familias se empiezan a organizar en toda la provincia.