Escribe Matías Solanilla
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Luego del incendio de la planta de desposte de Cagnoli, la respuesta del Estado no se hizo esperar.
A diferencia de situaciones igual de dramáticas, como el cierre de Loimar en 2019, la situación de los trabajadores informales durante la cuarentena o los distintos conflictos por vivienda y condiciones de vida que han atravesado a la ciudad, en este caso el municipio y los gobiernos de provincia y nación rápidamente se pusieron a disposición para "ayudar" a la mega empresa de chacinados.
Aunque se desconoce aún el carácter concreto de esa ayuda, los anuncios dejan en claro que el Estado se apresura a un rescate de la patronal. No ocurre lo mismo con los trabajadores: ya se comenta que quienes estaban registrados como "temporarios" y/o a prueba, fueron inmediatamente despedidos. El destino de los compañeros de planta todavía no es claro tampoco.
En medio de una crisis social gigantesca y de la segunda ola de covid, los que necesitan rescate son los trabajadores.
Los costos del incendio, cuyo motivo se desconoce pero que estaría relacionado a falta de mantenimiento de máquinas, deben correr a cargo de la patronal y sus aseguradoras. Cagnoli viene embolsando ganancias millonarias desde hace años.