De la presencialidad “segura” a la presencialidad “administrada”

Escribe Mariano Hermida

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Mientras que Argentina bate records de ocupación de camas de terapia intensiva y muertos por coronavirus, el gobierno nacional está organizando la vuelta a las aulas para cuando finalice el último DNU que decretó la suspensión de clases presenciales por quince días en el AMBA.

El regreso sería bajo la modalidad de una presencialidad “administrada”, un modelo en el que convivirían aperturas y cierres, tomando en cuenta la situación epidemiológica de cada región. Según un informe del Ministerio de Salud, el 75% de los departamentos de la Argentina con más de 40.000 habitantes están con alto riesgo epidemiológico por la pandemia de coronavirus. Esto representa un incremento del 87% con respeto a la situación de hace dos semanas. Se trata de un total de 159 departamentos, que incluyen a la ciudad de Buenos Aires y otras 21 jurisdicciones distribuidas en todo el territorio nacional, que están en la condición de riesgo alto. Argentina, si hablamos de “semáforos” es un gran color rojo de La Quiaca a Ushuaia.

A pesar de esta evidencia, 18 provincias del país continúan con la presencialidad escolar. Las únicas que cuentan con una presencialidad parcial son Catamarca, Santa Cruz, Formosa, La Rioja y la Provincia de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, mientras ambos lados de la “grieta” operan en la justicia, los únicos que están garantizando el aislamiento son los docentes mediante la huelga y las familias que deciden no enviar a sus hijos a las escuelas. Los entredichos entre el gobierno nacional y el porteño, acerca de la presencialidad escolar, sin embargo, podrían quedar en el pasado, ya que “el gobierno porteño no observa con malos ojos la propuesta de "presencialidad administrada" del ministro nacional” (Página 12; 26-4-21).

Según trascendió, luego de que finalice el DNU, el gobierno pretende que el AMBA, funcione con un esquema de presencialidad “intermedio”. Entre las alternativas que se discuten, se baraja la posibilidad de disminuir la circulación en el transporte público de la comunidad educativa y la cantidad de días de asistencia a clases presenciales, o bien, definir cierres parciales que seguirían un orden de prioridad para que los niños de jardín y primaria puedan ir a las aulas todo lo posible. Se postulan tres modelos de “priorización” educativa: el primero, sostiene dar prioridad a todos los niveles educativos y reducir la frecuencia de la concurrencia de todos los estudiantes durante la semana. El segundo, propone anteponer determinados niveles (como el preescolar y los primeros y últimos años de la primaria y secundaria) para que continúen la presencialidad como hasta ahora, mientras reduce la asistencia del resto de los cursos; y el tercero, sugiere priorizar a aquellos estudiantes que se vieron más afectados por la pandemia, incluidos en la modalidad de promoción acompañada (Página/12, 26/4).

La presencialidad “administrada” que ahora presenta el gobierno, es el mismo plato, pero recalentado de la “presencialidad segura” de principios de año, que contó con el apoyo de la burocracia sindical y la izquierda democratizante. El argumento de aquel entonces y el de ahora, son idénticos: “Convivan con el virus, que los vamos a cuidar”, dice el Estado. El régimen político necesita sí o sí a la escuela dentro de la “Nueva Normalidad” capitalista, para garantizar el proceso productivo más general y que las patronales se ahorren el pago de las licencias de los trabajadores que deben quedar al cuidado de sus hijos.

Sonia Alesso, la Sec. Gral. de la CTERA, en línea con el gobierno, sostiene que las clases se deben suspender “en los lugares donde la circulación del coronavirus es alta” (Télam, 14/4). Es una invitación a que los docentes se sigan contagiando, hasta que llegue el colapso.

En este período, se ha conformado un extenso movimiento docente “anti presencialidad” en CABA y en los distritos de la provincia de buenos aires. Fueron el factor dinámico, que planteó tempranamente mediante comités de bases y autoconvocatorias, la necesidad de suspender las clases presenciales a mediados de Febrero. La suspensión “temporal” que decretó el gobierno fue también para evitar el desarrollo de una huelga general docente en la provincia de buenos aires, que por ejemplo, ya había iniciado el SUTEBA Ensenada.

A pocos días de vencerse el DNU y en el peor momento de la pandemia, la docencia debe ponerse en alerta para rechazar cualquier intento de avanzar con la presencialidad escolar sea “administrada”, “cuidada” o como se la quiera dibujar. La presencialidad en pandemia y sin vacunas, ha quedado largamente demostrado, es incompatible con la salud de los trabajadores de la educación y de la comunidad educativa. Está planteada la realización de asambleas y plenarios de delegados con mandato en cada sindicato y en los comités de bases que se han conformado en CABA y PBA. Si el gobierno pretende avanzar, la docencia debe preparar la huelga en defensa de la vida.

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