Escribe Mario Martín
Pongamos en pie una fuerte campaña por su absolución.
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Un nuevo capítulo de ataque y criminalización al movimiento estudiantil se abrió en Córdoba en los últimos días. Finalmente, se realizó el pedido formal de elevación a juicio de la causa que lleva adelante el juez Hugo Vaca Narvaja contra la toma del Pabellón Argentina del 2018, por la cual están procesados 27 estudiantes. Por lo que la causa se encuentra en sorteo del juzgado y definición sobre la fecha de inicio del proceso. De esta forma la justicia avanza un peldaño en su paso definido en favor de la criminalización estudiantil.
Durante el 2018 la UNC vivió una huelga histórica por su masividad, intensidad y contenido. La toma del Pabellón Argentina se extendió un mes y fue en simultáneo a la ocupación de pabellones de seis facultades, el surgimiento de asambleas de base en todas las facultades y dos movilizaciones masivas por el centro de la ciudad.
Aquella huelga nacional surgió en el contexto de una dura negociación paritaria docente con el gobierno Macri. Meses de paros, movilizaciones de masas en Buenos Aires y en todo el país con ocupaciones de facultades, fueron el contexto de una dura pelea en defensa de la educación.
Durante el transcurso de la huelga, el gobierno universitario y la estructura política del régimen que parasita la UNC estuvieron fuertemente cuestionados. Por abajo significó un gran proceso de organización estudiantil. Las asambleas de base surgieron en todas las facultades como el canal de organización que encontró el estudiantado para expresar sus reclamos y proponer una perspectiva de universidad diferente a la de las autoridades y sus agrupaciones.
El avance judicial -causas similares se iniciaron en Rio Negro, Jujuy e incluso en la UBA- no tiene precedentes en la UNC. Claramente, las autoridades buscan despojar de la memoria del activismo esta experiencia, además de condicionar las luchas futuras.
El destino de esta causa también es seguida con atención desde el Panal. En Córdoba ya es moneda corriente la intervención de la justicia cuando el gobierno se ve desbordado por un conflicto. Esto mismo ocurrió con las trolebuseras y la huelga de la UTA del 2017, con Luz y Fuerza, con los municipales del SUOEM y los molineros de Minetti que ocuparon su fábrica contra el cierre.
El gobierno apela a criminalizar porque está corto de respuestas y capacidad política para resolver los conflictos. Lo que parece una fortaleza en realidad es una debilidad.
Debemos parar este atropello contra el movimiento estudiantil y el conjunto de los movimientos de lucha de la provincia.
Para ganar es fundamental transformar la campaña por la absolución en una causa popular. Y para lograrlo, impera la necesidad de encauzar un frente único en un movimiento que se encuentra disgregado y prevalece el sectarismo.
Desde la UJS (T) vamos por esta perspectiva; nos abocamos a poner en pie una campaña común por la absolución con todo aquel sector que considere como necesidad poner un freno a la criminalización a las expresiones de lucha de la provincia. Convocamos a marchar el 13 de mayo próximo, desde Colón y Cañada, a las 17 hs. contra esta injusticia.