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Mientras el 66% de los adultos mayores ha recibido solamente la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, los aumentos de tarifas son un mazazo sobre las condiciones de vida de los jubilados, pensionados, PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) y afectados a las Rentas Vitalicias.
El haber mínimo de indigencia, de $21.000, no alcanza ni para el alquiler.
“A pesar de las medidas, el Gobierno no puede domar la inflación en alimentos”, titula El Economista (14/04). Al incremento del 9% de la tarifa promedio de los usuarios de Edenor y Edesur, se le suman los aumentos del 30% del GNC, el 18% de la nafta entre marzo y mayo y de las prepagas, del 5,5%, a partir del 1 de mayo; las empresas de telecomunicaciones anunciaron un aumento del 8% en sus tarifas de telefonía, cable e internet también para este mes. Un verdadero tarifazo.
¿Qué hemos recibido los jubilados? Un miserable bono de $3.000 dividido en dos meses, es decir $ 50 por día, lo que alcanza para dos paquetes de chicles.
Los jubilados, pensionados y los afectados de las Rentas Vitalicias debemos seguir el ejemplo de los trabajadores de la salud como en Neuquén, de los docentes que luchan contra la presencialidad, de nuestros hermanos colombianos.
Abajo el aumento de las tarifas, vacunación universal y gratuita a los 8 millones de adultos mayores antes del invierno, por un aumento de emergencia de $30.000 a jubilados pensionados y rentas vitalicias para enfrentar esta pandemia. Por un PAMI y ANSES dirigido por sus afiliados y trabajadores.