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El alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos, renunció a su cargo. Mientras fungía como encargado de los “acuerdos de paz” entre el Estado colombiano y la ex guerrilla de las Farc, se desempeñaba como mediador en las negociaciones entre el Comité Nacional de Paro (CNP) y el Gobierno Nacional. Presentada el 3 de mayo, se dio a conocer recién el sábado, en una entrevista al periódico El Tiempo. Las reuniones entre el gobierno y el CNP se suspendieron.
Un “cadáver” político
Para muchos, la renuncia se trata de “fuego amigo”, en el sentido que la cabeza de Ceballos fue pedida por el senador Álvaro Uribe, que nunca apoyó los “acuerdos de paz”, ni, ahora, las negociaciones con el CNP. Ya han renunciado el ministro de Hacienda y la canciller, y fueron sustiuídos el ministro de Cultura, el jefe de policía de Cali. La vicepresidenta –con lazos comprobados con líderes paramilitares y con un hermano narco condenado en EEUU– ha pasado a ocupar el cargo de canciller.
El uribismo calificó la decisión como “desleal” (Semana, 22/5), e instó al Gobierno a enfrentar la situación con “decisión”, “autoridad” y “con funcionarios idóneos para enfrentar los muy graves retos del momento” (Heraldo, 23/5). Ceballos había recibido el apoyo del CNP, la iglesia, ONU y del propio gobierno. Su renuncia ocurre también luego que “revelase la existencia de reuniones entre Uribe con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)” (Europapress, 23/5), al márgen del gobierno.
Ceballos había sido la voz cantante de las intenciones del gobierno de negociar con la dirigencia sindical. Sus promesas de garantizar “protestas pacíficas” fracasaron una y otra vez: “acusó a los dos políticos (Álvaro Uribe y Gustavo Petro) de irresponsables en presionar a este Gobierno y al Congreso para que la moneda se incline más hacia su lado” (France24, 23/5).
Siguen las protestas
La mitad del comercio exterior del país está paralizado por las protestas. 27,5% de las empresas sin operar y un 34% con operaciones entre 1% y 25% de su capacidad normal (infobae, 23/5). Entre el 28 de abril y el viernes se registraron en el país 2.151 bloqueos (el tiempo, 23/5).
La represión policial y militar ocasionó más de 50 muertes de manifestantes, 500 desaparecidos, miles de heridos, abusos y violaciones de DDHH. Se orquestaron operaciones de guerra contra el pueblo en diferentes ciudades como así operativos de “limpieza social”, en donde la policía pinta sus autos de otros colores para secuestrar a jóvenes manifestantes. También, amparados por el ejército y la policía, bandas paramilitares atacaron impunemente a trabajadores, campesinos e indígenas en diferentes puntos de resistencia y piquetes. Las denuncias de torturas son seguidas de amenazas a los denunciantes y la procuraduría archiva los casos y los deja prescribir. En Bogotá, los policías atacaron a las “mamás de la primera línea”, “Este grupo de mujeres resistió motivadas en el amor a los hijos e hijas de todos y todas” (El Tiempo, 21/5). En la primera línea confluyen los jóvenes precarizados, las hinchadas de fútbol, trabajadores sindicalizados, juntos al resto de sectores y organizaciones sociales.
