“Jóvenes para jubilarse pero viejos para trabajar”

Miles de mujeres entre 55 y 59 años y varones de entre 60 y 64 años que aportaron durante 30 años o más no pueden acceder a su jubilación por no haber alcanzado aún la edad correspondiente – 60 y 65 años, respectivamente. Están desocupados, no cobran el seguro o la Prestación por Desempleo porque quedaron sin trabajo antes de la pandemia y por la edad no logran acceder a un empleo formal. Si bien no hay datos oficiales, se estima que podrían ser unas 33 mil personas en esta situación (Clarín, 24/5), número que sigue creciendo por el agravamiento de la pandemia y el deterioro económico. Conseguir empleo es prácticamente una quimera, ya no sólo por la permanencia de un ´ejército de reserva´ de desocupados en franco ascenso, sino también por su discriminación etaria. “En Argentina hay entre un 80% y 90% de búsquedas laborales que discriminan directamente a personas de más de 50 años, que es algo que ya en muchos países está prohibido y penado”, dice Sebastián Campanario, periodista y economista, autor de Revolución Senior. Algunos se dedican a “changas” informales o a la venta ambulante para subsistir mientras tanto, hasta cumplir la edad y poder jubilarse. Este sector es la contraparte de aquellos que tienen la edad legal, pero no alcanzan los 30 años de aportes necesarios. Mientras los ´cráneos´ del capitalismo mundial postulan el aumento de la edad jubilatoria en nombre de la mayor expectativa de vida, el derrumbe social ocasionado por el capitalismo en crisis condena a los adultos mayores a las peores penurias.

En el Congreso esperan que se trate en comisión dos proyectos orientados a ´contener´ esta brecha que se ensancha de desocupados con años de aporte suficientes para jubilarse pero que todavía no alcanzaron la edad correspondiente. Uno fue redactado por el oficialismo (en este caso, por la diputada massista Mirta Tundis) y otro por la oposición (la diputada Alicia Terada). Ambos plantean reflotar la ley de Prestación Anticipada por Desempleo (PAD), diseñada para contener la crisis posterior al derrumbe de 2001-2002.

Entre los años 2005-2007, mientras estuvo vigente, se acogieron 54.000 mujeres entre 55/59 años y varones entre 60/64 años que se encontraban desocupados. Esta ley (25.994) permitía cobrar el 50% de lo que correspondería a la hora de jubilarse con la base del haber mínimo y cuando accedían a la jubilación tanto hombres como mujeres pasaban a cobrar la jubilación completa.

Los actuales proyectos proponen que se cobre el haber mínimo (los $20.000 que cobran el 80% de los jubilados de nuestro país) y, cuando accedan a la edad de jubilarse, se les aplique un descuento mensual por el tiempo que recibió la Prestación Anticipada, perpetuando la miseria.

Los proyectos contemplan el beneficio de atención del PAMI y, en caso de fallecimiento del titular, la posibilidad de su conyugue de recibir la pensión. Pero, eso sí, el otorgamiento de la PAD sería incompatible, en cualquier caso, con el cobro de otra pensión, plan social, todo tipo de retiro y/o actividad en relación de dependencia o por cuenta propia. Además, el beneficio no será incondicional -es decir, no bastará con acreditar la condición de desocupado, la edad y los años de aporte- sino que al solicitante se le realizará una evaluación socio-patrimonial, en nombre de que el beneficio sea dirigido a los sectores de ´bajos ingresos´. Por último, tendrá una vigencia limitada de 12 meses con la posibilidad de ser extendida por más tiempo por el Poder Ejecutivo. Es decir que no contempla asegurar la transición hasta el acceso a la jubilación. Los despidos y suspensiones agravados ante esta crisis humanitaria no solo va a impedir la jubilación del 50% de los trabajadores por la falta de aportes, sino que acrecentará el número de los llamados “jóvenes para jubilarse y viejos para trabajar”. Este sector se encuentra en el “limbo” que los políticos del capital pretenden contener con medidas asistenciales, cuando se impone la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, asegurando un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar.

Debemos luchar por la jubilación inmediata de todos aquellos que tengan los 30 años de aporte, independientemente de su edad, con un haber mínimo equivalente al 82% móvil de la canasta familiar (hoy en $120.000).