Uruguay: "¿Cómo se atreve?" o ¿cómo se atreven?

Escribe Juan Ferro

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La dirección del sindicato de Aebu (Asociación de Bancarios del Uruguay) acaba de sacar una editorial con el título “¿Cómo se atreve señor presidente?” denunciando a Lacalle Pou sobre el otorgamiento de una escandalosa concesión por 50 años de una de las terminales portuarias del puerto de Montevideo a la multinacional Katoen Natie donde el estado uruguayo es un socio menor (20%) de las inmensas ganancias que produce una terminal, que debía ser integralmente controlada por el estado.

La ley de puertos (por la que se permiten este tipo de concesiones) la hizo el anterior presidente Lacalle quien modifico en 1992 la ley que regía a desde 1916, y es una ley rabiosamente derechista, casi un calco de la reforma a la ley portuaria que hizo Menem en Argentina también en junio de 1992. Tabaré Vázquez, no solo no la derogo, sino que bajo su gobierno llamo Fernando Puntigliano, un acérrimo defensor de la ley de Lacalle para que estuviera a cargo de la Administración Nacional de Puertos a comienzos de 2005 Tabaré Vázquez, le ofreció la Presidencia de la Administración Nacional de Puertos -que él aceptó- pidiéndole un "servicio a la patria". (Mundo Marítimo, 21/8/2009)

La concesión a la Katoen Natie viene precedida de una entrega sin precedentes a las empresas extranjeras de las riquezas naturales del Uruguay que se produjo fundamentalmente bajo los gobiernos del Frente Amplio.

En la agroindustria. El total de la celulosa, el 60 por ciento de la madera y sus productos derivados, el 72 por ciento del arroz, el 64 de la soja y el 63 de la carne que produce el país se exporta y factura en beneficio de firmas foráneas.

Hasta el 2018, bajo diferentes figuras jurídicas, 31 conglomerados extranjeros explotaban más de 1,8 millones de hectáreas en territorio uruguayo, un 11 por ciento del total de tierras productivas del país.

Dentro de las empresas dedicadas a la forestación. Mediante diversas subsidiarias uruguayas, seis grupos extranjeros suman más de 920 mil hectáreas, lo que representa un 70 por ciento del área total ocupada por esta actividad en 2018. Las empresas más importantes en tenencia de tierra son las vinculadas a las plantas de celulosa. UPM (Finlandia) y Montes del Plata (Arauco, de capitales chilenos, y Stora Enso, de capitales sueco-finlandeses) poseen 255 mil y 246 mil hectáreas, respectivamente. Además, UPM suma otras 110 mil, a través de arrendamiento. Le siguen en superficie el fondo de inversión estadounidense Global Forest Partners, que es propietario de unas 140 mil hectáreas, y el banco de inversión brasileño BTG Pactual TIG, uno de los más grandes de Latinoamérica, con 120 mil hectáreas, por medio de la empresa forestal LUMIN (ex-Weyerhaeuser). La mayoría de esas empresas (23 sobre 31) incluyen en su arquitectura empresarial una rama financiera, que capta capitales cotizando en bolsas de valores nacionales o internacionales (se constató su presencia en las bolsas de Helsinki, Londres, Madrid, Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, Bruselas y Singapur) o atrayendo fondos de inversión.

“Luego de la crisis global de 2008, buscando asegurar su capital, los inversores transnacionales se volcaron fuertemente a la compra de tierras y proyectos de explotación de recursos naturales en el sur global” (Redes Amigos de la Tierra publicado en 2012).

Muchos de esos capitales son los fondos de pensiones extranjeros y los fondos de inversiones, que agrupan accionistas de todo el mundo y destinan capital a la adquisición de tierras, producción de commodities, intermediación y comercialización agrícola.

El fondo de inversión estadounidense Greenwood Resources, que posee 27 mil hectáreas dedicadas a la forestación. Anteriormente sus activos pertenecían al fondo de inversión RMK Timberland Group, cuyos beneficiarios eran pequeños grupos de familias y bomberos retirados estadounidenses y capitales suecos, daneses y finlandeses, que representaban a un fondo de pensión de maestros y profesores.

Los fondos de inversión mencionados, a excepción de UAG, se constituyeron en el exterior. Sin embargo, también se han desarrollado proyectos con miras a captar financiamiento, adquirir campos y hacer inversiones; la estructura predominante en este caso es el fideicomiso de oferta pública. Actualmente, en Uruguay hay 13 fideicomisos financieros (FF), que suman más de 237 mil hectáreas productivas entre las ya adquiridas y las que proyectan comprar, y acumulan una inversión de más de 1.200 millones de dólares.

Según el Censo General Agropecuario realizado por el MGAP (2011), en el año 2000 los propietarios (personas físicas) de nacionalidad uruguaya controlaban el 90,4 por ciento de la superficie productiva, pero en 2011 sólo lo hacían sobre el 53,9 por ciento.

Durante los gobiernos del Frente Amplio se aprobaron dos leyes para la “tribuna” frente a esta brutal penetración extranjera La ley aprobada en 2007 estableció que las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones podían ser titulares de los inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias «siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas».

El motivo de la ley era: identificar a las personas físicas «que por sí o a través de diversas formas societarias o asociativas» fueran titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. Sin embargo, en el artículo 2 de su decreto reglamentario, se establecieron una serie de excepciones que posibilitaron que diferentes entidades, cuyos titulares son desconocidos, pudieran acceder a la titularidad. De esta forma, con una clara complicidad oficial, entre 2007 y 2018 unas 161 entidades se acogieron a estas excepciones, según el registro realizado con base en datos extraídos de la página web de Presidencia. Más de la mitad de las autorizaciones se otorgó en el entendido de que la actividad a realizarse en esos suelos formaba parte de un proyecto cuya ejecución se consideraba “prioritaria para el desarrollo productivo del país”.

La otra ley de relevancia en este aspecto fue la aprobada en 2014, que estableció la prohibición de compra y tenencia de tierras, con finalidades de explotación agropecuaria, a empresas extranjeras o instaladas en el país en las que tuviera participación directa o indirecta un Estado extranjero. Sin embargo, a un mes de su aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas se daba por notificado de la adquisición por parte del grupo COFCO, una de las mayores compañías estatales de procesamiento de alimentos de China, del 51 por ciento de una subsidiaria del grupo Noble. La empresa china, que buscaba firmas proveedoras de materias primas, confirmó en 2015 la adquisición del total restante de la compañía.

Paralelamente a la llegada de capitales transnacionales orientados a la compra de tierras, en los últimos 15 años hay un proceso de extranjerización en la fase industrial y comercial de los principales sectores agropecuarios del país. Según un documento elaborado por el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI, en 2003 las empresas extranjeras tenían una participación del 24 por ciento en las exportaciones de bienes en nuestro país, mientras que en 2018 la cifra ascendió al 70 por ciento.

Los datos de Uruguay XXI revelan que UPM y Montes del Plata concentraron el 80 por ciento de las exportaciones del sector forestal en 2018. En tanto, del porcentaje restante, vinculado a las exportaciones de madera y productos derivados de la madera, un 60 por ciento correspondió a empresas extranjeras.

Ese mismo año, el 72 por ciento de las exportaciones totales de arroz se adjudicó a cinco empresas extranjeras, mientras que en 2005 la participación de extranjeras era del 13 por ciento. En el sector agrícola el 64 por ciento de las exportaciones de soja en 2018, principal grano producido en Uruguay, fue realizado por cinco firmas extranjeras –Cargill SA, Louis Dreyfus Commodities (LDC), Syngenta AG, CHS Inc. y Grupo Pérez Companc–. Comparativamente, la participación de capitales extranjeros aumentó un 14 por ciento con respecto a 2005, según los datos oficiales.

El grupo LDC (francés) es propietario del 29 por ciento de Calyx Agro, empresa que posee 63 mil hectáreas destinadas a la agricultura. Por su parte, el Grupo Pérez Companc (argentino) suma más de 21 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la forestación.

Finalmente, a partir de 2006 se inició un intenso proceso de concentración por parte de capitales extranjeros en la fase industrial del sector cárnico uruguayo, mediante la fusión y adquisición de los principales frigoríficos del país.

Para comprender el impacto de este proceso, se hizo una comparación entre las principales empresas exportadoras de carne bovina entre 2004 y 2018, de la que surge que, mientras en 2004 la participación de empresas extranjeras en el total exportado era de 26 por ciento, en 2018 el guarismo ascendió a 63. Sumado a ello, cinco de los 11 frigoríficos pertenecientes a capitales nacionales en 2004 habían pasado, en 2018, a manos extranjeras.

La mayoría de las empresas que cambiaron de propiedad durante ese período fueron adquiridas por dos grupos económicos brasileños. Actualmente, el grupo Marfrig (frigoríficos Tacuarembó SA, Inaler SA, Establecimientos Colonia SA y Cledinor SA) y el grupo Minerva Foods (frigoríficos Canelones SA, Matadero Carrasco SA y PUL SA) poseen siete frigoríficos en Uruguay que en 2018 exportaron el 46 por ciento del total de carne bovina del país.

«La tierra es de la nación», es el dicho de José Mujica, Sin embargo, la realidad dice lo contrario,se ha producido una violenta extranjerización de las riquezas naturales.

Aebu en su denuncia al presidente señala lo siguiente: “Para titular esta nota hemos recurrido a la frase de la activista medioambiental Greta Thumberg dirigida a los líderes mundiales: «¡Cómo se atreven!». “Aebu cambia la conjugación verbal señalando solo a Lacalle Pou como responsable, pero la frase para Uruguay deberia ser la de la activista ambiental. Dirigida al proceso integral de extranjerización bajo los dos gobiernos.

P.D.: muchos de estos valiosos datos fueron extraídos del Semanario Brecha del 10 de diciembre del 2020 de un estudio de los periodistas Nadia Amesti y Luciano Costabel.

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