La paritaria de la UTA

La burocracia de Roberto Fernández selló un acuerdo paritario, asegura, que prevé un incremento salarial del 37% para el corriente año, con una “reunión de evaluación” para noviembre.

Sin embargo la burocracia disimula que ese índice incluye un 11,6% correspondiente a los últimos 3 meses de 2020, con lo que el aumento hasta diciembre 2021 se reduce a 25%, prácticamente absorbido por la inflación de enero a mayo – 21%. Bajo la hojarasca de montos “no remunerativos”, se esconde que los $ 90.000 de bolsillo anunciados regirán recién en setiembre como sueldo conformado, sobre el cual, además, se descontarán los montos para la obra social (“sucursal Plaza Miserere”) y el 1% para el sindicato.

Dicho esto, por supuesto, se incluye la habitual cláusula que establece que “las partes se comprometen a mantener la paz social en el sector”, como si no hubiera aprietes, suspensiones, partes voladores, amenazas y otras ofensas contra los trabajadores en las empresas. Tampoco se han recuperado las violentas reducciones salariales de las paritarias previas. Seguimos bien debajo de la canasta familiar, hoy en $130 lucas.

La larga paritaria de la UTA fue desarrollada por la directiva de Fernández completamente a espaldas de los trabajadores, sin asambleas ni plenarios de delegados. La directiva presentaba el curso de las sesiones como un hecho consumado, donde el afiliado no podía ni enterarse de qué reclamaba el sindicato, porque los planteos que llevaban eran secretos. Sin embargo, esta paritaria estuvo fuertemente sacudida con crecientes movilizaciones, agitación y debates que surgieron por abajo, a partir de un planteo de cuerpos de delegados y activistas independientes y autoconvocados que reclamaron un básico de bolsillo de $100.000, equiparación con los choferes de los compañeros de mantenimiento y administrativos y vacunas para todos. Esta campaña, iniciada en Maschwitz, termino extendiéndose a la zona sur y especialmente en la zona oeste, por la irrupción de nuevas líneas, incluso a contramano de sus delegados. Las repercusiones se extendieron a todo el país, con centenares y miles de compañeros apoyando y debatiendo la iniciativa, repudiando las maniobras de la burocracia. El entusiasmo creciente obligó al burócrata opositor Miguel Bustinduy, que observaba un notable silencio, a hablar 10 días antes del cierre del reclamo de $100.000.

Muchos compañeros consideran razonablemente que la agitación que vivió el gremio y su trascendencia nacional llevó a elevar algo los resultados salariales de la paritaria.

El infierno está en el interior

La UTA, que había amenazado con un paro si no se acordaba el aumento para el interior del país, terminó aceptando el planteo de conformar una “mesa de trabajo”. La dilación en las tratativas se debe a que las patronales han impuesto la agenda con el propósito de que se le otorguen más subsidios. En el interior, la situación es un infierno. Retrasos o ausencia de pago de los salarios, servicios acotados, empeoramiento agudo de las condiciones de trabajo, incumplimiento de obligaciones legales y convencionales, además, por supuesto, de la negativa patronal a pagar aumentos de sueldo. Se habla además de 59.000 puestos de trabajo en riesgo, según La Nación (6/6). Las patronales afectadas responden con lock outs o amenazas de cesar los servicios, en caso de que el flujo de fondos se interrumpa.

Las movilizaciones y paros en Córdoba, Rosario, Tucumán y Bariloche, donde surgieron las primeras rebeliones contra las retenciones salariales, se fueron extendiendo a todo el país. Se están librando luchas que surgen de autoconvocatorias desde la base, minando la autoridad de la burocracia, aunque la ausencia de una de una dirección centralizada de las luchas la ha permitido a la UTA desarticular -con logros parciales y, en algunos casos, sin haber conseguido nada- levantar los conflictos con promesas que se dilatan en el tiempo. Además, permite que desplazados como Bustinduy, con aval de sectores de la burocracia de la CGT -y de la patronal de DOTA- puedan hacer maniobras de confusión, como ocurrió con las movilizaciones de la segunda quincena de mayo, hacia el fin de la paritaria. Sin embargo, al igual que la de su ex jefe Fernández, su autoridad en las líneas no cesa de retroceder.

Asistimos ahora a una crisis generalizada en todos los ámbitos del transporte de pasajeros. El rasgo dominante en el transporte es la escandalosa concentración de grupos monopólicos que se disputan el negocio. Estos han impuesto un régimen de trabajo que viola sin contemplación los derechos de los trabajadores, como así también las normas y leyes impuestas por el propio Estado. Las condiciones de trabajo son pésimas y se han agravado ante la falta de protocolo frente a la pandemia. Son los propios choferes quienes improvisaron con nylon y subiendo los pasajeros por la puerta trasera el distanciamiento con los usuarios. En este contexto, se ha abierto una feroz puja entre los grupos monopólicos que se disputan el negocio; y una puja, también, entre dos bandos de la burocracia, encarnadas por Fernández y Bustinduy, que lejos está de los intereses de los trabajadores.

La emergencia de la pandemia, la disolución del salario, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la atención de la obra social han disparado una rebelión en las bases de la UTA, que se viene incubando desde hace algunos años, con reuniones y debates de los choferes en muchísimas empresas, bronca por los agravios recibidos y que aspiran a renovar los debilitados y arrastrados cuerpos de delegados que en muchos casos parecen una extensión de las oficinas de personal.

Basta de proscripción sindical: renovar delegados ya

Mientras todos los días los trabajadores del transporte se exponen a la pandemia en unidades muchas veces desvencijadas y sin protección, tenemos prohibido elegir nuestros delegados, al igual que el resto de la clase obrera, desde hace un año y medio. La prórroga de las elecciones hasta agosto -por ahora- es una medida para proteger la continuidad de cuerpos de delegados que no representan las necesidades de los trabajadores. Junto a una campaña por la derogación del DNU debemos organizar, línea por línea, los agrupamientos necesarios para recuperar las comisiones internas para los trabajadores, y avanzar en la coordinación de una lucha en común. Las patronales advierten que hay peligro de que surjan delegados combativos y sanciona y persigue sin piedad a los activistas. La labor del viejo activismo es preparar y formar a las camadas más jóvenes para la lucha que se avecina, y ayudar a elaborar un programa de salida a la crisis del transporte y por la recuperación de nuestras conquistas.