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La pandemia sigue haciendo estragos entre los trabajadores, con la anuencia del estado y de la burocracia de los sindicatos. El compañero Álvaro Pio Santillán, quien estaba de licencia por ser personal de riesgo, fue obligado hace un mes a volver al trabajo debido a la Resolución Conjunta 4/21 de los ministerios de Salud y Transporte, que habilita el retorno al trabajo a compañeros en riesgo que hayan recibido al menos una dosis de vacuna. A los 53 años el COVID mató a Álvaro.
Son innumerables los contagiados en la 60. Ni hablar de otras líneas, donde las condiciones son aún peores. La lucha por los protocolos de seguridad sanitaria en las empresas ha sido exclusiva de los trabajadores. La burocracia de la UTA, como la de otros sindicatos, ha dejado correr la negligencia patronal respecto de la pandemia, en una complicidad criminal. Los compañeros siguen trabajando ocho horas o más, en unidades muchas veces atestadas, con apenas un pedazo de polietileno colgado para cubrir la butaca del conductor, lo que no significa protección; con limpieza dudosa de los vehículos, con cabeceras con baños mugrientos o en muchos casos inexistentes, y con la presión permanente de “partes voladores”, de acusaciones sin fundamentos y sanciones arbitrarias para disciplinar al personal. La burocracia no solo hace la vista gorda sino que en muchos casos avala este accionar. En la 60 y en otras líneas, han habido reclamos por la seguridad sanitaria, chocando con la negligencia de la patronal de MONSA (DOTA), desde el inicio de la pandemia. En un año y medio, Roberto Fernández no se dignó a convocar a un elemental plenario de delegados para tratar el problema, ni siquiera para respaldar acciones y reclamos ya interpuestos por delegados de algunas líneas. Ha avalado la política del gobierno de respaldar los planteos patronales de mayor liberalidad y de incumplimiento de protocolos. Total, la vida es de los que tienen que poner el traste en el asiento, o meterse en los talleres, no muy salubres por cierto. Han sido los trabajadores los que reclamaron la vacunación y protección para la actividad, incluso con medidas autoconvocadas, y asociadas a otros reclamos, como el de las paritarias.
La muerte de Santillán no puede quedar impune. La Resolución de la muerte de abril debe ser inmediatamente derogada: nadie de riesgo vuelve sin dos dosis. La pandemia (y la vacunación) no es problema de tal o cual gremio. Debe cesar toda actividad no esencial hasta garantizar la vacunación de la población. En el caso de que lo sean, como el transporte de personas, corresponde una reducción de la jornada a seis horas para asegurar el descanso y una menor exposición al virus; adecuar las unidades para un mayor resguardo del conductor y aumentar la frecuencia para que no se abarroten de gente las unidades; mejorar la situación sanitaria de las cabeceras. Deberían elegirse de inmediato comisiones de seguridad en todas las líneas para asegurar el cumplimiento y la lucha por estas normas. Esto obliga a dar salida a otro problema. La burocracia ha paralizado y degradado la vida del sindicato, y disciplinado a las comisiones internas a una función de mandaderos del burócrata o muchas veces apéndices de las oficinas de personal. Mientras los trabajadores están obligados a trabajar, el DNU del gobierno impide la elección de representantes en las líneas hasta el 31 de agosto (por ahora), un acto que es objetivamente un resguardo a la estructura de colaboración con la patronal armado por la burocracia.
Derogación inmediata del DNU, elección de delegados para luchar por la salud y las condiciones de trabajo.
