Universidad Nacional del Sur: el rectorado contra estudiantes y docentes

La semana pasada, el rectorado de la Universidad Nacional del Sur (UNS) propuso el tratamiento, en el Consejo Superior de la Universidad, del proyecto de Sistema Integrado de Cursado y Aprobación de los Espacios Curriculares. Fue presentado por un grupo de docentes, incluidos el rector, Daniel Vega y el vicerrector, Javier Orozco.

En el articulado del proyecto se propone el recorte de mesas de exámenes, que hasta hoy pueden realizarse mensualmente. A su vez, recorta los tiempos establecidos para las presentaciones a finales. Avanza sobre derechos estudiantiles en tanto propone una calificación que esté vinculada con la asistencia obligatoria. Otros cambios en la evaluación implican tener en cuenta consideraciones “actitudinales”, un potencial elemento disciplinador al tiempo en que dichas consideraciones se presentan como absolutamente subjetivas. Todo esto se aplicaría de manera retroactiva para los estudiantes que iniciaron sus carreras en 2021 y para otros estudiantes que no lleguen a rendir sus finales en determinada período de tiempo. En definitiva, un proyecto totalmente expulsivo.

El “espíritu” del proyecto presenta al problema de la deserción y de la cantidad de años que los estudiantes tardan en recibirse como el núcleo de la reforma. Para este grupo de docentes y autoridades, la deserción está vinculada con cuestiones de porcentajes, cuando, en efecto, el problema es primeramente material y social. En lo que va de la pandemia, y desde antes incluso, las becas económicas han disminuido y no hay solución al problema de la vivienda estudiantil. Mientras tanto el boleto de colectivo ha aumentado, no se aplica la ley de boleto estudiantil gratuito y el precio del comedor no se ha mantenido. El proyecto pasa de largo las condiciones sociales que rodean las trayectorias de los estudiantes en la universidad, impactadas por el decrecimiento constante del presupuesto universitario y deja de lado las situaciones de miles de estudiantes que trabajan o deben cuidar de sus familias.

El propio vicerrector, en diálogo con los medios, señaló que las consecuencias pesan sobre los profesores y auxiliares, en tanto el proyecto propone “más trabajo para los docentes” (Apepe, 24/06). Estos últimos deben realizar procesos de evaluación continua y tramos de acompañamiento para quienes no hayan completado la aprobación durante el tiempo establecido de cursada. Omite que la mayoría de la planta docente es interina y con dedicación simple. Una recarga laboral para aquellos cuyo sueldo es menos de un cuarto de lo que cuesta la canasta familiar. No hay ningún planteo en el proyecto que busque resolver este problema con la apertura de concursos docentes.

La “universidad postpandemia” de la que hablan las autoridades es una quimera, no sólo porque continúan los más de 20 000 contagios por día y se incrementa el número de fallecimientos a causa del COVID-19, sino porque no se ha puesto en marcha ningún programa de ayudas económicas, de conectividad y dispositivos que colaboren con el cursado de los estudiantes. Su propósito de fondo es aplicar un modelo mercantilizador del conocimiento, recortando contenidos de grado y pre grado, al modo histórico que desean la CONEAU y el CIN desde hace tiempo.

A pesar de que algunos creen que no pasará la etapa de votación, la realidad es que Vega y Orozco han paseado por diferentes medios defendiendo esta nueva modalidad de cursado que buscan imponer. Hasta ahora el proyecto ha generado un amplio rechazo entre los estudiantes y sus diversas agrupaciones. Sin embargo ningún entro de estudiantes ha convocado a asamblea para discutir un plan de lucha por el definitivo rechazo del Sistema Integrado de Cursado.

Es necesaria la organización de este reclamo, mediante el debate del conjunto de los estudiantes, en sus gremios y con autoconvocatorias, incluyendo un intercambio con los docentes en asambleas y unificando esta lucha con la exigencia de un plan universal de vacunación para toda la comunidad universitaria.