Estatales: la burocracia pacta el retorno de los trabajadores de riesgo

En consonancia con el retorno a las clases presenciales en todos los niveles de enseñanza, mediante la resolución 62/21, de la Jefatura de Gabinete, el gobierno de Fernández pretende habilitar el retorno al trabajo presencial en los organismos de la Administración Pública Nacional.

La resolución que afecta a cerca de 300 mil trabajadores en todo el país -que en su mayoría desarrollan tareas de manera remota, es decir por teletrabajo-, en ninguna parte del texto precisa la fecha para la “vuelta” a los organismos. Sin embargo, en los considerandos blanquea la discrecionalidad con la que directivos y jefes pueden solicitar a los trabajadores la presencialidad con la única condición de haber recibido la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID-19. Pretenden un retorno gradual empezando por donde los trabajadores se encuentren menos organizados. Andrés Rodríguez, de UPCN lo ha confirmado en los medios de comunicación.

Establece que, pasados 14 días de la primera inoculación, los trabajadores que permanecían exceptuados de prestar tareas por ser mayores de 60 años, mujeres embarazadas o personas con enfermedades preexistentes podrán ser convocados a trabajar presencialmente. Las excepciones refieren únicamente a personas con inmunodeficiencias, pacientes oncológicos o trasplantados. Las últimas semanas se ha solicitado a los trabajadores que informen quiénes recibieron la vacuna, diferenciando solo entre una o dos dosis.

UPCN y ATE respaldaron la decisión del gobierno. Desde ATE afirmaron que no objetarán la 62/21 pero solicitarán garantías de sanidad para los lugares de trabajo y que se arbitren medios en caso de que se requiera, para el transporte del personal convocado. Sin embargo, en el plenario de paritarios de las Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Cymat) y secretarios generales convocado por ATE se escucharon sobradas intervenciones que alcanzaban para rechazar la resolución. Los delegados se explayaron sobre los abusos y las faltas de condiciones de higiene y seguridad después de un año y medio. En su mayoría, los protocolos existentes no pasan de recomendaciones genéricas como el lavado de manos y uso de barbijos. En ANSES, sector que vienen desarrollando tareas presenciales desde el 2020, han fallecido por COVID al menos 6 trabajadores que asistían a las oficinas.

Bajo el artilugio de una “presencialidad cuidada” se aprestan a aceptar la resolución sin mayores reparos sobre el escenario pandémico en el que se inscribe y solo colocan algunas condiciones imprecisas sin objetar las implicancias graves para la salud de los trabajadores. Con la tercera ola en la puerta, la resolución no hace más que profundizar la política aperturista sin atender que el sistema sanitario se encuentra completamente extenuado. Los especialistas señalan que la inmunización es incompleta antes de la segunda dosis y países como Israel, Reino Unido, Chile, que se encuentran entre los que tienen mayor tasa de vacunados con dos dosis, han debido recurrir nuevamente a medidas restrictivas por la incidencia de las nuevas cepas. En distintas ciudades del interior ya se está avanzando sobre los municipales con amenazas de despidos y descuentos forzando la presencialidad.

A menos de un mes de firmar la paritaria de los estatales nacionales, que gremios como camioneros haya cerrado en un 45% reforzó el rechazo al 35% por parte de distintas seccionales y juntas internas del país. Tal fue el rechazo en las bases que hasta UPCN tuvo que pedir que se adelantara la cláusula de revisión para agosto- antes de las elecciones legislativas.

En Provincia de Buenos Aires el candidato del Frente de Todos y dirigente de ATE Provincia, Oscar “Colo” Isasi, junto a la gobernación ofrece una bonificación extra a cambio de una reforma laboral de la ley marco 10.430, que incluye 10 horas semanales de trabajo más. Para contener el descontento, ATE Capital hace correr la voz de un posible aumento del 10% a los Nacionales, puro humo.

Las burocracias se han acomodado en los despachos y listas del gobierno. No hay asambleas ni plan de lucha. Así como entregaron la paritaria, ahora entregan en bandeja la salud de los estatales. Para que los estatales tengan un salario igual al costo de la canasta familiar necesitamos un plan de lucha votado en asambleas y plenarios con mandato, un método de organización que se opone por el vértice a la política de la verde y de la verde y blanca. Hay que romper con la lógica de la “mesa chica” y la fragmentación en sectores.

Las trabajadoras y trabajadores del Hospital Garrahan vienen de tres semanas de asambleas y paros. Acaban de votar una movilización al Ministerio de trabajo para el jueves 15 de julio por un 50% de aumento en una sola cuota sobre el sueldo de junio. Tenemos que movilizarnos con ellos y unificar la lucha de los estatales con la de los trabajadores de la salud. La seccional de ATE Córdoba llama a jornada de lucha por la reapertura de la paritaria para el 21 de julio. Se va armando una agenda y un plan de lucha, convoquemos asambleas y unifiquemos por todos los reclamos y por el salario igual a la canasta familiar.

Es el método de los autoconvocados de Neuquén con el que arrancaron el 53% de aumento. Por eso en aquellos sectores donde las Juntas Internas estén del lado de hacer la plancha hay que desarrollar las autoconvocatorias y coordinar con los que sí luchan.

Pase a planta // Vacunación de todos los esenciales // Abajo la R62/21 //Salario igual al costo de la canasta familiar // Ningún despido ni sanciones a los que luchan en defensa de sus derechos.