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De la Ley Federal para acá nada salió bien si hablamos de educación. El pasaje a las provincias y municipios de escuelas nacionales durante el menemismo, fue el comienzo de una debacle educativa que padecemos estudiantes y docentes y que se profundiza día a día.
Muchos conocemos la realidad de las escuelas primarias y secundarias de la provincia de Buenos Aires, pero ¿qué pasa en los institutos de formación docente donde nos formamos quienes vamos a ejercer la docencia en los próximos 30 años?
La realidad en varios aspectos, no dista de la que ocurre en cualquier institución educativa: falta de edificios propios, de mobiliario, de calefacción, agua potable y un sinfín de problemas de infraestructura. Claramente esto no es nuevo y tampoco se soluciona de un día para el otro, pero lo llamativo es que los reclamos al respecto cesaron con la nueva administración provincial, como si ya no necesitáramos una inmediata solución a todos estos problemas que claramente, son el resultado de decisiones políticas pasadas y presentes.
Pero la cuestión no se reduce a lo estructural. Desde que comenzó la pandemia, en marzo del 2020 hasta la actualidad, la educación superior en la provincia de Buenos Aires, sigue siendo virtual. Ahora bien, antes de esto, las universidades ya contaban con plataformas que eran utilizadas para las carreras a distancia o posgrados; pero en el caso de los institutos de formación docente, se adoptó una plataforma que no es compatible con la matrícula de algunos institutos.
Como el campus colapsaba; la solución no fue utilizar o diseñar otra plataforma sino aglutinar materias. Así, un aula o espacio virtual que debía estar destinada/o para una cátedra, fue compartido entre varias, volviendo casi imposible el acceso al campus. A esto hay que sumar que la capacidad de albergar material es ínfima, lo que produjo y produce que estudiantes y docentes se las tengan que rebuscar y utilizar otros medios para hacer llegar los materiales e interactuar entre ellos y con los docentes.
Ya sobre finales del 2020 se blanqueó que los docentes debían recortar el programa de las materias. Esta decisión fue implementada también en el resto de los niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires mediante las resoluciones que definieron el “currículum prioritario”; lo que en la práctica implicó un trabajo extra para los docentes y la sustracción de material de lectura y de contenidos. Esta política educativa que se ufana de democrática y de propiciar el diálogo con los estudiantes-docentes en formación, ha llegado al colmo del cinismo estimulando la realización de las prácticas pedagógicas de forma presencial sin siquiera proveerles una dosis de vacuna.
La brutal devaluación de la formación docente y que impacta severamente en los estudiantes, no es otra cosa que la degradación de la educación en su conjunto y que responde a las decisiones de un gobierno que, levanta las banderas de defensa de la educación y la salud pública, pero en los hechos concretos orienta los recursos para cumplir con las exigencias del FMI y demás acreedores internacionales.
