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La semana pasada, el rector de la UBA, Alberto Barbieri, resolvió ‘reconsiderar’ la sanción dispuesta contra quien escribe esta nota, en un sumario abierto hace tres años por el supuesto delito de participar de una movilización al Rectorado organizada por la FUBA y los centros de estudiantes. La nueva resolución deja sin efecto la suspensión dictada anteriormente, y en su reemplazo decide aplicar un ‘apercibimiento’. En los considerandos del documento, Barbieri menciona que esta revisión se adoptó luego de analizar la petición que hicimos llegar a los miembros del Consejo Superior de la universidad, “suscripta por un numeroso conjunto de docentes, estudiantes, no docentes, personalidades de la vida pública, investigadores nacionales y extranjeros” (sic).
El recule del Rectorado se produce luego de que la Justicia decidiera el sobreseimiento de los ex presidentes de la FUBA por todos los cargos que los laderos estudiantiles de Barbieri -Franja Morada y el pejotismo- quisieron imputarnos. Estas denuncias fueron parte de un vasto operativo que tenía como único propósito ponerle fin a la experiencia de lucha que el movimiento estudiantil transitó desde la recuperación de la FUBA durante el Argentinazo de 2001. En 2018, esta idea de terminar con la ‘FUBA piquetera’ a través de fraudes, carpetazos y puniciones se topó con una rebelión docente-estudiantil a nivel nacional, que sacudió al entonces gobierno de Macri y colocó nuevamente sobre el tapete las reivindicaciones apremiantes de la universidad.
El retroceso del Rectorado no es, sin embargo, completo. La cúpula que dirige la UBA busca preservar su derecho a establecer un código disciplinario para combatir al movimiento estudiantil -incluso, o en particular, cuando fracasan sus intentos de volcar de aparato judicial en su defensa. Las autoridades tienen por delante el problema de perpetuarse al frente de la universidad (y de sus negociados privatistas), mientras encabezan un régimen que durante la pandemia expulsó a cientos de jóvenes de las carreras, hundió el salario docente y no docente en la miseria y abandonó las condiciones de enseñanza y aprendizaje a su suerte, sin brindar apoyo material alguno. No es casualidad que, en el proceso electoral que está en curso en las facultades, el empeño se haya puesto es postergar hasta un momento indefinido la votación estudiantil.
El ‘apercibimiento’ de Barbieri es un llamado de atención a todo el movimiento estudiantil y docente. Alineada con los anuncios de Larreta, la UBA espera retomar paulatinamente la presencialidad a partir de agosto, aquella que los docentes del Nacional Buenos Aires combatieron a través de huelgas autoconvocadas. Los ‘correctivos’ disciplinarios a los que las autoridades apelaron en ese caso fueron los descuentos salariales. El régimen de camarillas admite la propagación del virus -y de sus nuevas cepas- en sus claustros, pero no quiere saber nada de reclamos y protestas. Las conducciones de los centros de estudiantes y federaciones del movimiento estudiantil se mantienen en silencio desde que el kirchnerismo y el FIT-U (a través de la UJS ‘oficial’) aceptaran la propuesta de Franja Morada de ‘freezar’, FUBA incluida, la representación estudiantil durante la pandemia.
Es hora de que estudiantes, docentes y no docentes hagamos oír nuestra voz a través de asambleas y autoconvocatorias, siguiendo el ejemplo de la docencia del Buenos Aires. En esa perspectiva, agradecemos el apoyo de todos los que se pronunciaron por el cierre definitivo de este vergonzoso sumario y rechazamos toda pretensión de las autoridades -por más ‘disminuida’ que ahora se presente- de condicionar el derecho a la libre protesta y organización de los estudiantes y trabajadores de la universidad.
