Jubilados en los pasillos de Tribunales

“Miles y miles de jubilados y pensionados siguen esperando que la Corte Suprema resuelva las demandas y fallos de primera y segunda instancia que se acumulan desde comienzos de 2018 en relación al retroceso de los haberes producidos por las modificaciones en la movilidad previsional”, dice Clarín (5/09). Según informó el ministro Santiago Cafiero al Congreso Nacional la cantidad de juicios por movilidad y otros reclamos alcanza el número de 268.898.

Mientras a los jubilados se les va la vida en la pelea por recuperar el verdadero valor de sus haberes, el tribunal supremo no tiene plazos para expedirse.

Los reclamos se incrementaron ante la implementación de tres leyes previsionales entre los años 2017/2021. Según dichos de la especialista en Seguridad Social, Elsa Rodríguez Romero, en marzo de 2018 con la ley N° 27.426, se otorgó una movilidad inferior a la que correspondía con la ley anterior que estaba vigente hasta diciembre del 2017. Aquella preveía que la evolución de las variables -julio a diciembre del 2017- debían aplicarse en marzo del 2018, cosa que no ocurrió.

La ley N° 27.426 fue votada por el gobierno de Mauricio Macri y apoyada por los diputados peronistas en diciembre del 2017, mientras el Congreso era rodeado por una verdadera rebelión popular que enfrentó durante horas gases y palos de la policía y la CGT miraba para otro lado. Aquella ley significó un manotazo de casi $ 100 mil millones de los fondos previsionales.

A la hora de entrar en vigencia, el incremento que recibieron los haberes en marzo del 2018 fue del 5,71 %, cuando correspondía en realidad el 14,5%. Por los cambios introducidos en septiembre del 2017 y agosto del 2021, la pérdida de los haberes ronda entre el 22 y el 29%.

Dos tribunales de cámara, ante distintos reclamos, se pronunciaron por la inconstitucionalidad del aumento del 5,71 % y ordenaron que se otorgue el 14,5 %, con el argumento de que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. El Procurador de la Corte también dictaminó a favor de ese reclamo.

Luego, los haberes jubilatorios perdieron entre 2018/2019, un 19,5% por el desfasaje de la movilidad y la inflación, cuando el gobierno FF suspende la fórmula aprobada en el 2017. Con los aumentos por decreto se abrió una nueva etapa de pérdida de los haberes jubilatorios. Los miserables bonos otorgados para ´paliar´ la situación de indigencia de millones de jubilados son absolutamente insuficientes.

Los reclamos se acrecientan reclamando la inconstitucionalidad de la declaración de ´emergencia´ de AF, la suspensión de la movilidad y la insuficiencia de los incrementos del 2020. Los haberes deben ser aumentados tomando en cuenta la diferencia entre el 42,13% según la movilidad suspendida y el 24,3 y 35,3% según el rango del haber que se aumentó por decreto. Continúa el achatamiento de la pirámide previsional. A favor de esto último se pronunciaron las Salas de Cámara de Mendoza y de Bahía Blanca. En cambio dos salas de cámara de CABA no hicieron lugar a los reclamos.

Tanto el gobierno de Macri como el de los Fernández, han llevado adelante los planes del FMI, en su propósito de desligar el haber jubilatorio de los salarios y convertir a la jubilación en una miserable pensión a la vejez. El 70 % de los jubilados cobramos haberes de indigencia de $ 26.000 cuando la canasta familiar está en $ 130.000. Todo esto mientras se paga puntillosamente una deuda usuraria indexada por inflación de millones de dólares y los jubilados pasamos nuestros últimos años recorriendo los pasillos de Tribunales.

Vienen por más. Luego de las elecciones, “Todos” y “Juntos” votarán un nuevo ataque a las jubilaciones – aumento de la edad jubilatoria, universalización de haberes de indigencia.

Hay que organizarse y luchar por: un aumento de emergencia de $ 40.000 a jubilados, pensionados y rentas vitalicias. Restitución de los aportes patronales. Haber mínimo igual al costo de la canasta familiar de $ 130.000. No al aumento de la edad jubilatoria. No al pago de la deuda usuraria. Fuera el FMI.