Jujuy: enjuician a partidos, sindicatos y organizaciones sociales

El gobierno de Jujuy está decidido a avanzar a como dé lugar en la causa contravencional que abrió contra organizaciones sociales, sindicales y políticas que se movilizaron en abril de 2018 a la apertura de sesiones legislativas, para protestar por el salario, trabajo y contra la criminalización de la protesta social y que fueron brutalmente reprimidas.

Testigos truchos

Luego de la primera semana de audiencias, plagada de irregularidades (ver nota anterior), el juicio continuó con las declaraciones de testigos en la causa. Los convocados por el departamento contravencional no aportaron ninguna prueba contra los imputados, pero han dejado expuesto el carácter improvisado de la causa.

Estos “testigos" son policías que en su mayoría formaron parte del operativo represivo contra la manifestación en 2018 y declararon casi exactamente lo mismo. Inclusive dejaron expuestas varias irregularidades: por ejemplo, se presentó el testigo Darío Salomón, quien en el expediente figura como testigo “voluntario” y en su declaración afirmaba ser empleado público, y cuando llegó a la audiencia lo hizo vestido con uniforme policial. También llamaron como testigo al oficial Jorge Valdiviezo, quien declaró que no estuvo presente el día del hecho en las inmediaciones de la legislatura.

El juicio no solamente es una decisión política para criminalizar la protesta social, se ha convertido también en un intento de la policía de salvar su propio procedimiento contravencional plagado de irregularidades. Todo el departamento contravencional forma parte de la institución policial, desde su jefe, Rubén Rodríguez, el defensor contravencional, Ariel Roldan, hasta el propio juez Ustarez.

Provocaciones policíacas

En la audiencia del 26 de febrero, Julio Quintana, dirigente del PO jujeño y de la tendencia del Partido Obrero, declaró en calidad de testigo. En su descargo, dejó en claro que a los manifestantes se les impidió apostarse frente a la Legislatura por el vallado policial y fue brutalmente reprimida, a diferencia de los sectores oficialistas de la UCR y las organizaciones sociales cooptadas por el gobierno que marcharon ese día.

Durante este interrogatorio, el defensor contravencional incurrió en una serie de provocaciones que desató la oposición de los abogados de las defensas. Ustarez se vio obligado a hacer lugar a estos reclamos anulando cada una de las preguntas inquisitorias y fuera de lugar. Es que el abogado Roldan desnudó su filiación policíaca intentando infructuosamente que Quintana buchonee los nombres de los militantes del PO movilizados el día de la represión y de los que conformaban su comité provincial.

Un ataque fascistoide

A estas alturas es claro que más allá de la inexistencia de pruebas contra las organizaciones, acusadas de cortar el tránsito, portar armas y haber promovido disturbios, el juez Ustarez se dispone a fallar contra los imputados. Para eso deberá omitir las escandalosas irregularidades y vicios procedimentales que abundan en todo el proceso.

Las multas con que se podría sancionar a todos los imputados representan decenas de miles de pesos por cada organización. Además, sienta un precedente que abre la puerta para una avanzada contra las organizaciones que puede llegar hasta la suspensión de las personerías. Una orientación fascistoide contra las conquistas políticas y sindicales de la clase obrera. Con la suspensión de las personerías, las organizaciones sociales perderían la asistencia social conquistadas, los sindicatos su derecho a discutir paritarias, y los partidos, el PO y el PTS, hasta su derecho a presentarse en las elecciones. Esta avanzada ya la sufrió la organización Tupac Amaru: luego de voltear su personería, el Estado le confiscó todos los centros educativos, sanitarios y recreativos de la provincia.

Aun así, las organizaciones sociales y sindicales vinculadas Frente de Todos solo atinan a una defensa legal en un intento de compromiso con Morales para negociar sus sanciones. Esta línea es impulsada principalmente desde el PJ ´rivarolista´, aliado de Morales y proclamado “albertista", a pesar de que tiene como imputado al presidente del bloque peronista en la legislatura, el secretario general de Luz y Fuerza Jujuy, Pedro Belizán. En el concejo deliberante capitalino acaban de hacer caer por falta de quórum, una sesión extraordinaria impulsada por los concejales del PTS para declarar el repudio a este juicio trucho y pedir su anulación. El PTS por su parte solo denunció al concejal pejotista faltante, escindiendo su conducta de la orientación de este partido patronal sobre el juicio.

Por el derecho a manifestarse y luchar

Estamos frente a una causa armada que amenaza el derecho de protesta, por lo que debe ser rechazada activamente por todas las organizaciones obreras y democráticas. Por esta razón, los compañeros del PO jujeño impulsaremos este miércoles 4/3 una radio abierta en la peatonal Belgrano como parte de una campaña para explicar a los trabajadores lo que se juega en este juicio y promover el reclamo por la anulación de este juicio trucho y del código contravencional reaccionario con el que se funda.

Esta lucha democrática puede confluir con los reclamos por la apertura de paritarias y por un aumento salarial, que comienzan a presionar desde abajo a las direcciones de los gremios estatales, y ha obligado a las burocracias docentes de Cedems y Adep a convocar a un paro el 2 de marzo. El represor Morales no la tiene fácil.